El Frente de Todos buscará este miércoles en Diputados darle media sanción al proyecto de reformar de la ley de prevención y persecución de lavado de activos, que con diferencias entre el oficialismo
La propuesta forma parte del temario acordado para la sesión especial pedida por el kirchnerismo que logró este martes emitir dictamen de mayoría con el respaldo del PRO, que plantea disidencias parciales, y uno de minoría impulsado por la Coalición Cívica, Evolución Radical, la UCR y el interbloque Federal.
La sesión comenzó a las 12.10 con la presencia de 129 diputados entre representantes del oficialismo y la oposición.
En el arranque, la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau saludó al diputado y gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa. Luego, la diputada Paola Vessvessian (FdT - Santa Cruz) recordó al recientemente fallecido Matías Mazú, jefe del bloque de diputados del kirchnerismo en Santa Cruz. "Estamos conmocionados y doloridos como comunidad", dijo la legisladora.
Su par Gustavo González también transmitió su consternación por el fallecimiento de Mazú, quien murió este martes en un accidente mientras se dirigía a Río Gallegos para abordar un vuelo.
Luego, la diputada Romina Del Pla pidió una cuestión de privilegio contra el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa, "frente al derrumbe inflacionario de la moneda de nuestra nación". "La situación se hace intolerable, 104 % de inflación interanual que pulveriza los salarios", dijo la legisladora de izquierda.
En tanto su compañero de bancada, Nicolás Del Caño presentó una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo y los bloques que apoyaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y recordó que ese pacto iba a tener consecuencias "contra el pueblo trabajador".
Mientras que la radical Roxana Reyes presentó una cuestión de privilegio contra la gobernadora de Santa Cruz porque en esa provincia tuvieron 16 días de clases y 19 días en los que no hubo. "Esto es por un encono desmedido de la gobernadora contra el sector sindical docente", dijo.
Por su parte, Juan Manuel López (Coalición Cívica) presentó una cuestión de privilegio para denunciar el manejo del Frente de Todos de la comisión de Juicio Político. Los diputados del oficialismo "iban a una excursión de pesca para ver de qué manera podían acusar a los jueces de la Corte".
Incluso dijo que en el ámbito del proceso de enjuiciamiento contra los miembros de la Corte "se estaba produciendo inteligencia ilegal pidiendo expedientes donde hay información de inteligencia". "Este proceso no solo complica la convivencia en esta Cámara sino que atenta contra la seguridad jurídica del país y tenemos graves problemas y uno de ellos es la cotización del dólar paralelo", alertó sobre la consecuencia del proceso iniciado contra los jueces de la Corte.
Estela Hernández (Frente de Todos . Chubut) presentó una cuestión de privilegio contra las periodistas Laura Di Marco y Viviana Canosa a quienes acusó de "violencia mediática, política y moral" por hablar de Florencia Kirchner para "atacar a la vicepresidenta".
La modificación de la ley de Lavado fue presentada por el Poder Ejecutivo en junio del año pasado, durante la gestión de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía, y tiene tres ejes centrales: las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
En rigor, el oficialismo había apurado el tratamiento de la norma el año pasado. Había sido analizado en noviembre por las comisiones de Legislación General y Finanzas, pero no había recibido dictamen.
El Gobierno comenzó a presionar a sus diputados ya que la sanción de esta reforma es considerada clave ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
Puntualmente, el proyecto prevé la transformación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Además se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y se incorporan a los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
El proyecto parecía que iba a ser aprobado con un amplío consenso, pero en la reunión de comisión de ayer surgieron diferencias y si bien el Frente de Todos pudo sacar dictamen con el acompañamiento del PRO; la Coalición Cívica junto a la UCR y el interbloque Federal plantearon un dictamen de minoría.
En este contexto, Germán Martínez, jefe de la bancada oficialista, advirtió que "hay sectores de la oposición que quieren impedir" que se apruebe el proyecto que actualiza la legislación sobre lavado de activos.
Karina Banfi, de la UCR, salió al cruce de Martínez y dijo que "no es cierto que la oposición no quiera la ley". "Hay un dictamen de minoría nuestro que mejora y garantiza la autonomía de la UIF y esto se traducirá en más fuerza para combatir a los narcos y el lavado", completó.