Un repetido reclamo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Nación tuvo este jueves una respuesta favorable en la Justicia, que estableció un cronograma de traslado de detenidos en
Hoy las seccionales están colapsadas: hay 1.272 detenidos cuando la capacidad es de apenas 543.
La medida de la jueza penal de la Ciudad de Buenos Aires Carla Cavaliere (Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3) estableció las siguientes disposiciones:
1-Disponer el traslado paulatino a las Unidades del Servicio Penitenciario Federal de todas las personas condenadas que se alojan en las alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad, que cumplan con los requisitos de ingreso a dicho Servicio y cuenten con la orden para ello emanada del juzgado o tribunal a cuya disposición se encuentra, hasta arribar, como fecha límite el 31 de julio de 2023, a la desocupación total de los internos condenados de dichos sitios.
2-Disponer, a partir del 1 de agosto de 2023, el ingreso inmediato al Servicio Penitenciario Federal de toda persona condenada que cumpla con los requisitos de ingreso a dicho Servicio y cuente con la orden para ello emanada del juzgado o tribunal a cuya disposición se encuentra.
3-Requerir al Servicio Penitenciario Federal la presentación a la Mesa, en el plazo de treinta días hábiles, de una propuesta para el incremento de cupos de ingreso al sistema penitenciario federal de las personas alojadas en dependencias de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que tienda a alcanzar el número de entre 130 (ciento treinta) y 140 (ciento cuarenta) internos por semana.
Según pudo saber Clarín, la medida ya fue puesta en conocimiento del secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, y del subsecretario de Justicia de la Ciudad, Jorge Djivaris.
La jueza resolvió un hábeas corpus presentado hace tres años por el Gobierno porteño y destacó que "cuando este proceso se inició, el número de personas alojadas en dependencias de la Policía de la Ciudad no superaba el de doscientos (200), y al día de hoy, asciende a mil doscientos setenta y dos (1272). Por ende, lejos de resolverse ha empeorado".
La situación comenzó a desbordarse a partir del 20 de marzo del 2020, cuando arrancó la cuarentena obligatoria por el nuevo coronavirus (COVID-19).
En ese momento, el SPF cerró el ingreso de detenidos desde la Ciudad de Buenos Aires, que no cuenta con un sistema carcelario propio.
Desde 2004 está vigente un convenio de cooperación entre las dos jurisdicciones por el cual el SPF debe hacerse cargo de las personas privadas de la libertad, ya sea por estar procesadas con prisión preventiva o condenadas, por la Justicia con competencia penal en la Ciudad.
El 5 de octubre de 2020, la jueza Cavaliere ya había establecido un cronograma para el traslado de los detenidos en las comisarías de la Ciudad y fijado un cupo de ingresos semanales que debían generarse en el SPF, pero la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios y por entonces interventora del Servicio, María Laura Garrigós de Rébori, no lo cumplió.
En los últimos meses algunas fugas en seccionales porteñas pusieron otra vez en agenda el tema. La Ciudad lo atribuyó a la superpoblación producto de esta situación.
EMJ
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