El salto abrupto desde la reforma a la anti reforma que constatarían las últimas elecciones de constituyentes en Chile, ha creado la noción de un comportamiento pendular en la sociedad trasandina, con
Los chilenos que en 2019 reclamaron mayoritariamente la redacción de una nueva Constitución, una iniciativa que alivió la enorme crisis por la rebelión popular de ese año, este último domingo entregaron, es cierto, el poder para hacerlo a una fuerza de ultraderecha, el partido Republicano de José Antonio Katz después del fracaso del intento por izquierda de setiembre pasado.
La paradoja es que esa organización se opuso desde el comienzo a tocar una coma de la Carta legada por la dictadura de Augusto Pinochet. El oficialismo socialista, en tanto, quedó muy lejos de las 21 bancas necesarias para tener algún tipo de incidencia en la redacción de ese crucial documento.
Pero la Constitución, al margen de su indudable importancia, es un pretexto. Ha funcionado como el paraguas debajo del cual se produce la discusión real, antes y ahora, concerniente al modelo de país que se pretende.
El camino constitucional fue el método para canalizar la modernización de una estructura nacional con enormes retrasos en la función estatal de protección de la salud o la educación y con una concentración del ingreso que interrumpía el desarrollo individual.
Desigualdades explosivas
El modelo “liberal” del pinochetismo tenía un límite objetivo debido a una desigualdad que no ha dejado de escalar.
Ya en 2017 se constató que el 1% más adinerado del país se quedaba con el 26,5% de la riqueza mientras que el 50% de los hogares de ingresos medios bajos o bajos, retenía apenas el 1,2% de la riqueza nacional, según una investigación de la Comisión Económica para América Latina, un brazo de la ONU que tiene su sede justamente en Chile.
La clase media es la que, naturalmente, acabó por registrar este trastorno y cuestionarlo. Ese amplio sector social lo hizo encabezando las demandas de cambio en las jornadas de 2019. Se revolvían contra el modelo, no contra el sistema.
No se trató de una expresión de extremos, confusión que rige hasta hoy y con la que se ha explicado la irrupción de un gobierno de centroizquierda en cabeza de Gabriel Boric.
Confusión que permeó a las propias autoridades que arribaron a La Moneda. Pese a haber ganado en segunda vuelta tras perder en la primera contra Katz, justamente, llegaron convencidas de haber sido llamadas a conducir una transformación épica y hasta moral que estaría en las bases de aquel reclamo callejero. Pero las cosas eran más simples.
Hubo minorías violentas, pero las decenas de miles de personas que marcharon en el centro de Santiago en esas jornadas, no enarbolaban posturas revolucionarias. Lo que las mayorías reclamaban era un cambio sobre cómo se hacían las cosas que amplíe los márgenes de oportunidad dentro del sistema.
Es lo que no comprendió el sector que, al revés que ahora, desde la izquierda y los grupos independientes, ganaron en 2021 el derecho a redactar la nueva Constitución. No debería haber sorprendido que ese proyecto de Carta Magna, que cercenaba la justicia, anulaba el Senado y desbarataba el orden republicano del país, haya recibido un rechazo aplastante.
El eje de la crisis chilena es un modelo que la exitosa Concertación Democrática, la alianza entre los partidos tradicionales, Demócrata Cristiano por la centro derecha, y el Socialista, por la centro izquierda, que gobernó 20 años desde el final de la dictadura, no pudo resolver.
Un aspecto de ese encierro se encuentra en la magra recaudación impositiva, que deja al Estado sin recursos para mejorar aquellas cuestiones centrales del desarrollo individual, que es de lo que se trata la democracia.
Los reclamos y frustraciones
La educación universitaria en Chile es costosa a extremos que una familia de recursos medianos debe elegir entre sus hijos a cuál le tocará la oportunidad de diplomarse, porque no es posible hacerlo con todos. Ese estudiante apostará además a plantear condiciones de indigencia para lograr una beca que no es completa pero que le permitiría acabar sus estudios.
Los créditos para financiar la educación se saldan con hipotecas hogareñas, lo que encierra en un callejón a las familias que acaban muchas de ellas en la quiebra. Similar situación de calamidades se produce si enferma un pariente y se debe apelar a créditos para su atención.
Al mismo tiempo, la jubilación privada instaurada desde la dictadura, renta con graves limitaciones a los aportantes y agrega condicionamientos que agravan la situación de los futuros pensionados.
Los primeros rencores contra esa forma de entender la República surgieron ya a comienzos del primer gobierno del magnate derechista Sebastián Piñera, mucho antes de la crisis del ‘19, cuando los seguidores del mandatario, en su propia vereda política, veían que era cada vez más difícil emular el éxito económico que este empresario había logrado desde su juventud.
Es improbable que esas demandas hayan desaparecido. El voto de este domingo no debería generar una nueva confusión. Suponer esa posibilidad puede constituir el mayor error de esta derecha extrema victoriosa, tentada a pasar página maquillando la actual Constitución para volver a presentarla como nueva en el referéndum previsto para diciembre próximo.
La necesidad del cambio desborda la coyuntura. Por eso los problemas que expuso la crisis del ‘19 reaparecerán porque no se han resuelto. Tampoco ayudó la administración de Boric y su heterogénea coalición donde conviven filo chavistas con defensores acérrimos del equilibrio fiscal.
Es por ello que analistas como José María del Pino advierten que no es claro que la totalidad de votos que obtuvo el Partido Republicano le pertenezca realmente a esa fuerza. “Lo que está claro es que ese partido fue el elegido como instrumento para entregar el mensaje de repudio al pasado reciente”, sostiene en relación al actual gobierno.
Como en 2019 la gente otra vez reaccionó mayoritariamente en contra de cómo se están haciendo las cosas. También como antes, el sufragio tuvo una fuerte carga de rencor. Ganó con 34% la derecha extrema sobre los sectores más moderados de esa vereda e incluso los tradicionales pinochetistas como la UDI.
El siguiente bloque fue una alianza hacia la izquierda con 28%, que confirmó la base electoral de ese sector. Nada más. En el portazo sufrieron en especial los partidos tradicionales de la Concertación, básicamente el Socialista que respaldo, aunque con diferencias, la primera fallida redacción de la Constitución y ocupó luego ministerios clave en el gabinete de Boric sin producir cambios reales.
Un voto bronca al estilo del que en Brasil en su momento llevó al poder a Jair Bolsonaro, un sosias de Katz en el fenómeno global del alt-right, como reacción en aquel caso a la desastrosa gestión de la petista Dilma Rousseff.
Los votos siempre son síntomas. El gobierno de Boric perdió de vista cuestiones inmediatas que apremiaban a la sociedad, además de las otras calamidades crónicas. Chile experimenta problemas sin precedentes de delincuencia urbana, narcotráfico, dificultades por una inmigración descontrolada en el norte y extrema violencia con los pseudo mapuches en el sur del país.
En el radar discursivo y festivamente utópico de los nuevos habitantes de La Moneda (“tenemos otra escala moral”, presumía hace apenas un año el ministro de desarrollo social, el ex líder estudiantil Giorgio Jackson) no aparecían estas cuestiones básicas de gestión, un déficit antiguo y generalizado en la región entre las formaciones que se perciben como izquierdistas o progresistas.
En ese sentido es interesante la marcación del antropólogo chileno Pablo Ortuzar en La Tercera de Santiago. Citó a un político socialista autocrítico quién, en un libro recién editado, reflexionó que “a veces, el acto más revolucionario es que un municipio saque la basura a tiempo y que las luminarias urbanas funcionen adecuadamente”. Así de simple.
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