El kirchnerismo no se toma descanso y en este final del ciclo de Alberto Fernández sumó otro paquete de pliegos para cubrir vacantes judiciales, que aún no tiene estado parlamentario en
Se trata de 18 pliegos que fueron enviados el pasado 10 de mayo y que esperan que se convoque a una sesión en lo inmediato para que así puedan ser tratados en la comisión de Acuerdos, que preside la camporista Anabel Fernández Sagasti y donde el oficialismo tiene la mayoría como para emitir dictamen.
Pero uno de los candidatos que ya generó reacciones, no sólo entre la oposición sino también en territorio judicial, es Juan Rafael Stinco, un abogado de poco más de 40 años que tiene una importante trayectoria en el sector privado, pero también importantes vínculos con Axel Kicillof.
Durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, de 2013 a 2014, Stinco estuvo en YPF, como asesor de vicepresidente de servicios jurídicos corporativos, etapa en la que Axel Kicillof, ocupó el directorio y luego asumió como ministro de Economía.
En 2015 fue prosecretario letrado de la Procuración General, y en diciembre de ese año dejó ambos puestos ante el cambio de gobierno. Entre 2014 y 2015, Stinco también fue director general de asuntos jurídicos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
La polémica se inició luego de que el abogado fue incluido en una nómina de candidatos para cubrir vacantes judiciales. Puntualmente fue designado como titular del juzgado nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 7.
Tras conocerse la designación, tres abogadas que habían sido ternadas para ocupar el cargo le enviaron al presidente Alberto Fernández un recurso de consideración mediante el cual pidieron la suspensión de la designación y el retiro del pliego.
Para las abogadas Analía Conde, Natalia Mortier y Patricia Rota, el acto de nominación de Stinco resulta "flagrantemente ilegal, inconstitucional e ilegítimo". En principio, lo que reprochan es que el Poder Ejecutivo puede nombrar jueces en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, pero Stinco fue designado a partir de una lista complementaria.
A esto se agrega que fue en 2021, Stinco fue nombrado juez de primera instancia en lo civil y comercial y tienen que transcurrir tres años desde el momento de la asunción para postularse para otro tribunal.
Asimismo, las abogadas también cuestionan la decisión del Gobierno porque no se difundieron los fundamentos para nombrar al ex asesor de Kicillof, quien no formó parte de las ternas que se habían conformado para cubrir la vacante del juzgado.
Incluso en la presentación realizada ante el Gobierno se plantea un caso de discriminación por género ya que cinco de las seis vacantes de ese concurso fueron cubiertas por hombres.
Pero en este paquete de casi una veintena de candidatos Stinco no es el único con connotación política. También se incluyó el pliego de María Laura Manin, subsecretaria de gestión administrativa del Ministerio del Interior y con llegada a Eduardo "Wado" de Pedro.
En este caso, la funcionaria fue designada para la sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Nacional Civil y Comercial. Para este fuero también fue propuesto Humberto Guardia Mendonça, lo que llamó la atención en el ámbito de Tribunales porque el candidato es vicepresidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y ex pareja de María Bourdín, vocera de Ricardo Lorenzetti.
Otro de los promocionados es Juan Tomás Rodríguez Ponte, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DaJuDeCo), quien está nombrado para el juzgado federal de Lomas de Zamora.
Rodríguez Ponte había quedado en su momento en el ojo de la tormenta luego de que se filtraran unos audios en los que Cristina Kirchner trataba de “pelotudo” a Oscar Parrilli y hablaba de armarle causas a Jaime Stiuso.
Entre las designadas también está Ana María Cristina Juan, prosecretaria de la Sala I de la Cámara Federal y esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien está al frente de la causa que investiga adulteraciones o reescritos en los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer del Ministerio de Planificación.
Todos estos pliegos aún no tomaron estado parlamentario, ya que se debe convocar a una sesión para darle ingreso formal y que puedan ser tratados en la comisión de Acuerdos.
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