El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky procesó otra vez a Juan José Levy, uno de los empresarios beneficiados por el fideicomiso del gas oil creado entre el kirchnerismo y el chavismo,
El juez sospecha de parte de pagos por 280 millones de dólares que recibió Levy por parte del gobierno de Venezuela y que fueron redistribuidos en empresas y cuentas de Estados Unidos y otros países.
Muchas de ellas fueron constituidas por el estudio Mossack & Fonseca, que se hizo tristemente célebre por el caso Panama Papers.
En estos años, Levy negó en varias ocasiones haber cometido delito alguno y dijo que solo fueron negocios legales con Venezuela.
Bajo la lupa judicial se encuentran Laboratorios ESME y Bleu Tel, entre otras empresas, que vendieron con “sobreprecios” productos de limpieza e higiene personal argentinos y televisores y decodificadores de fabricación china.
Además, al juez le llamó la atención que esas firmas recibieron “un 50 o 60 por ciento” de anticipos financieros antes de embarcar las mercaderías.El caso se asemeja, dijo el juez, “al síndrome de la cadenita enredada” a través del cual al pretender ordenarla se generan más nudos.
Como Venezuela en tres años no contestó un solo pedido de cooperación judicial, el juez no pudo acreditar que hubo un fraude contra ese gobierno. Por eso se centró, en el lavado de activos.
Las compras fueron realizadas por Suministros Venezolanos Industriales C.A. (SUVINCA), que dirigía Eddie Bentancourt Romero, y la Cadena de Tiendas Venezolanas (CATIVEN). Siempre a través del fideicomiso constituido con los pagos de Argentina por el gas oil de la petrolera venezolana PDVSA.
En un fallo de más de 500 páginas, contaron a Clarín fuentes judiciales, el juez y el fiscal Pablo Turando dieron por acreditado desvíos de pagos a más de 60 empresas reales y otras apócrifas constituidas en Panamá o paraísos fiscales. Una de las firmas que recibió el dinero en el exterior fue FROLEM Corporation, otra fue Dockland Propierties, Kingyard Assets, Bliss Whwll o Quintell Technologies. Un par de ellas tenían como directores a indigentes que viven en la Villa 31 de Retiro.
Los “precios excesivos”, a criterio del juez, se aplicaron en los productos, fletes y seguros de la operación.
Por otra parte, el juez señaló que la empresa china Chain Wan Digital Limited, que producía los decodificadores, pertenecía al propio Levy. “La maniobra se habría complejizado por intermedio de un entrecruzamiento de transferencias entre cuentas de los presuntos proveedores”, sostuvo el magistrado.
Más adelante, el juez señaló que Laboratorios ESME “habría introducido importantes sumas de dinero primero en concepto de anticipo y luego cancelación de exportación abonadas por la firma SUVINCA que no habrían sido destinadas a realizar las contraprestaciones en le medida convenida”.
Aguinsky alertó que “si se incluyen precios inflados en una rara simetría de escalabilidad de precios inversa, el monto en exceso conlleva el designio de producir un daño a los intereses de Venezuela lo que implicaría una actividad ilícita”. Es decir, por más productos vendidos en vez de bajar el precio, se lo subía.
Antecedentes
Aguinsky había procesado a Levy, por primera vez en el 2017, pero la cámara en lo Penal Económico revocó el procesamiento y ordenó reencauzar esta causa. Se trata de una de las que investiga los negocios entre el kirchnerismo y el chavismo. Otra la tiene el juez federal Julián Ercolini.
Levy tiene estrechas relaciones con el ex jefe de Ceremonial de De Vido y ex espía de la Agencia de Inteligencia Federal (AFI), José María Olazagasti. Fue uno de los empresarios que participó de los viajes de Cristina a Venezuela en al marco de los acuerdos de cooperación estratégica entre ambos países y el fideicomiso argentino-venezolano que maneja la petrolera PDVSA.
El ex ministro de Planificación Federal negó conocer a Levy, pese a que coincidió en tres viajes entre el 2012 y 2013 en el mismo vuelo a Caracas. Y su mano derecha, Olazagasti, coincidió en diez.
Los datos están incluidos en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), se pidió a la Justicia enviar pedidos de cooperación a Panamá, EE.UU. y las islas Seychelles por la comprobación de operación financieras sospechosas de Levy por un monto millonario en dólares.
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