Por
Ricardo Delgado
Economista. Presidente de Analytica Consultora
Como cualquier otra actividad económica, la inmobiliaria y la construcción privada en general requieren de una palabra que se ha extraviado del diccionario
Por
Ricardo Delgado
Economista. Presidente de Analytica Consultora
Como cualquier otra actividad económica, la inmobiliaria y la construcción privada en general requieren de una palabra que se ha extraviado del diccionario
El ladrillo ha sido históricamente un vehículo de ahorro de largo plazo. Una suerte de título público, seguro, que rendía incluso algo más que los bonos de economías estables. Su renta, el alquiler, garantizaba el mantenimiento de las unidades y permitía cierta razonable rentabilidad. Hoy esas condiciones ya no están en la mayoría de los casos.
Es en esta actividad, además, donde las graves dificultades de la política para mejorar la calidad de vida se aprecian en mayor magnitud. Gobierno y oposición no han logrado en estos años acordar y sancionar una nueva ley de alquileres, que reemplace la inútil regulación actual, y hoy el mercado define sus reglas, en forma absolutamente racional, defensiva, pero con conductas que retraen la oferta de inmuebles y dolarizando gran parte de las operaciones. Si no encuentra salidas para un tema sectorial como éste, ¿podrá la dirigencia política resolver cuestiones estructurales, como la inflación o la pobreza?
La alta inflación además castiga severamente los ingresos familiares. Por quinto año consecutivo los salarios pierden contra el aumento de los precios, y la posibilidad de contar con un excedente de pesos que permita solventar una hipotética cuota hipotecaria que abra el acceso a la propiedad de una vivienda es nula. Con 140% proyectado de inflación, no es imaginable recrear un mercado pujante para el crédito hipotecario. Todos los incentivos, por el contrario, están puestos en consumir antes que en ahorrar.
El pecado original de la dirigencia en estos últimos quince años fue subestimar los efectos nocivos de la inflación sobre el entramado social y productivo. Sin capacidad de ahorro, las familias pierden la esperanza de acceder a su vivienda. Las decisiones de inversión, a su vez, se sesgan hacia proyectos de alta gama, pensados para los pesos excedentes de empresas e individuos de altos ingresos, abriendo más aun la brecha entre propietarios e inquilinos.
No habrá política de vivienda posible, que apunte a mejorar las condiciones de acceso, sin estabilidad macroeconómica. La elevada inflación castiga a todos, desalienta las operaciones y fricciona innecesariamente el desarrollo comercial en estas actividades. Bajarla no será simple ni en un plazo inmediato. Sin embargo, una ley adecuada para los alquileres y un amplio blanqueo de fondos no declarados para sectores medios podrían ser instrumentos adecuados para reanimar a estos sectores.
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