El kirchnerismo emitirá este miércoles dictamen de la comisión de Acuerdos del Senado a favor de la mayoría de los pliegos que Alberto Fernández envió para cubrir vacantes judiciales y así
Figueroa, que en agosto cumplirá 75 años, edad límite para ejercer el cargo, aspira a seguir 5 años más y, por eso, el oficialismo negocia un acuerdo con la oposición para que las designaciones sean confirmadas en el recinto antes del 24 junio, fecha en la que la cierra la presentación de listas para dar inicio a la campaña electoral.
Desde la oposición ratificaron que no avalarán los pliegos enviados por el Gobierno a cinco meses de que concluya el mandato de Alberto Fernández, pero el kirchnerismo tiene intenciones de mantener su estrategia para colocar a jueces afines.
El pliego que da continuidad a Figueroa como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal será tratado este miércoles en audiencia pública en el Senado y llega sin impugnaciones, pese a que en el Consejo de la Magistratura hay una denuncia por la demora en su pronunciamiento al pedido del fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, para anular el sobreseimiento de la vicepresidenta y que vaya a juicio oral.
Cristina, junto a sus hijos Máximo y Florencia, fueron imputados por presunto lavado de activos, consignados a través de inmuebles y hoteles a nombre de la familia Kirchner por los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
Figueroa, quien también es presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, tuvo declaraciones manifiestas a favor del kirchnerismo como cuando dijo que "hubo casos de ensañamiento judicial" contra la vicepresidenta y otros funcionarios K durante la gestión de Mauricio Macri.
"Recuerdo las ocho citaciones de (el juez federal) Claudio Bonadio en un mismo día para Cristina Fernández de Kirchner", señaló Figueroa en diciembre del año pasado. Sin embargo, la ex presidenta fue indagada en ocho hechos de tres causas y no respondió preguntas y solo entregó un escrito con su descargo.
Incluso, la jueza también aseguró que recibió "presiones" durante el gobierno de Macri para que avance en la causa que investiga el memorándum con Irán, en la que también fue imputada Cristina Kirchner.
Más allá de las declaraciones de la jueza, el kirchnerismo no tiene inconveniente para emitir dictamen de comisión a favor de los pliegos enviados por el Gobierno porque con 10 senadores tiene la mayoría contra 7 de la oposición. Pero como ya informó Clarín no tiene garantizado que vayan a ser validados en el recinto, dado que al perder la primera minoría deberá buscar un acuerdo con la oposición para conseguir el quórum.
En Juntos por el Cambio siguen con atención la jugada del kirchnerismo. Saben que el Frente de Todos apura una sesión para habilitar el tratamiento en comisión del segundo paquete de pliegos que ingresó el 10 de mayo y entre los que figuran varios candidatos afines al oficialismo.
Visualizan que el objetivo del oficialismo es reunir todos los pliegos, casi un centenar entre los que ingresaron este año y los pendientes de septiembre de 2022, para aprobarlos en una sola sesión, ya que es un esfuerzo reunir el quórum, más en época de campaña electoral.
Pero en Juntos por el Cambio hay decisión de no acompañar estas designaciones. "Es un manotazo de ahogado a cinco meses de dejar el Gobierno", sintetizó una senadora del PRO. Es que la inclusión de los candidatos cercanos al ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y el gobernador Axel Kicillof complican aún más las negociaciones.
Entre los postulantes hay un juez denunciado por maltrato
Más allá de la atención que despierta el caso de Ana María Figueroa, en la audiencia de hoy expondrán otros 22 postulantes para vacantes de tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.
Uno de los postulantes anotados para este miércoles es el juez Hernán Diego Papa, que como ya informó este diario fue quien al estar a cargo del Juzgado Comercial Nro. 12 decretó la quiebra del Banco Finansur S.A. propiedad del empresario K Cristóbal López.
Papa fue relacionado con el entonces vicepresidente Amado Boudou y ahora está propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Sin embargo, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) presentó una impugnación a partir de una denuncia que formalizó ante el Consejo de la Magistratura el pasado 16 de mayo.
En esa demanda, la organización sindical acusó al juez de "abuso de autoridad, amenaza, agresión física y maltrato laboral cotidiano resultando configurativos de violencia y acoso por razón de género".
En la presentación se ofreció el testimonio de casi 50 empleados que dijeron ser víctimas o testigos del accionar del juez. Fuentes judiciales indicaron que también existe una impugnación presentada por la jueza Julia Villanueva, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, casi en los mismos términos que la denuncia realizada por el sindicato de los judiciales.