El juez federal y con competencia electoral de Mendoza Walter Bento (56) es un ferviente católico, hincha de Boca y coleccionista de búhos. En su despacho en los tribunales federales de la
Bento comparte la misma pasión por coleccionar búhos con quien ha sido señalada varias veces como su madrina en la carrera judicial, la jueza María Romilda Servini.
Este miércoles fue suspendido en sus funciones como magistrado y se le inició el proceso de juicio político por mal desempeño de sus funciones. La decisión la tomó el Consejo de la Magistratura por unanimidad. Solo el consejero y juez Alberto Lugones presentó una disidencia , pero apoyó la destitución.
En la Justicia federal está procesado por coimas, lavado, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Y tiene un pedido de prisión preventiva.
Bento fue nombrado en el Juzgado Federal 1 en el año 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner y con el guiño del histórico operador del peronismo mendocino Juan Carlos “Chueco” Mazzón, entonces mano derecha de José Luis Manzano.
En 2011 hizo un resonante allanamiento con la Gendarmería en Cablevisión, en pleno conflicto del kirchnerismo con Clarín. A pedido del grupo Vila-Manzano, intervino la operadora de cable porteña, como si fuera su jurisdicción. La Corte determinó la nulidad de las actuaciones y cuestionó el accionar de Bento. El juez fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura y, en 2012, el pedido de juicio político fue desestimado y Bento salvado por la mayoría kirchnerista.
Bento pocas veces otorgó entrevistas, la mayoría de ellas estaban relacionadas con su labor como juez electoral de Mendoza. Ha tenido buena relación con los gobiernos peronistas y radicales que han alternado la gestión pública en los 16 años que lleva como magistrado.
También con los empresarios más poderosos de Mendoza, en múltiples causas que ha tenido que resolver, cuando llegó a estar al frente de dos juzgados, subrogando a otros juzgados vacantes, y como juez electoral. Durante muchos años ha sido el todopoderoso de las causas de narcotráfico, contrabando y lesa humanidad en Mendoza.
Pero quien comienza a investigarlo por corrupción, el fiscal general Dante Vega, es también de extracción peronista y su carrera está ligada a magistrados K que integran Justicia legítima. El propio Bento en su defensa de la causa en la que ha sido procesado por asociación ilícita, cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ha dicho que Vega le tiene odio y que es su enemigo.
La esposa del juez, Marta Boiza y su hijos Nahuel Bento y Luciano Bento son todos empleados de la Justicia Federal. Juntos superan los $1,8 millones de pesos mensuales en salarios públicos.
El fiscal asegura que el patrimonio de la familia, con varias propiedades, autos de lujo y el modo de vida –varios viajes al año a Las Vegas, Miami y otros destinos en el exterior- no condicen con sus ingresos declarados.
El matrimonio Bento registra 9 propiedades a su nombre, la mayoría en barrios privados de las zonas más caras del Gran Mendoza. En el detalle de los autos que tenía la familia del juez, aparecen: una camioneta Volkswagen Amarok, una camioneta Audi valuada en más de 4,3 millones de pesos, a nombre de su hijo discapacitado que los integrantes de la familia tenían permiso para conducir; y otros dos vehículos Audi que superan el millón y medio de pesos.
La investigación que conmociona a los tribunales federales de Mendoza comenzó a instruirse en marzo de 2020, a partir de dos hechos concretos: los datos que aparecieron en el teléfono del detenido Walter Bardinella Donoso, acusado de narcotráfico, y las declaraciones de Diego Barrera, el principal imputado por el secuestro y homicidio del empresario y despachante de Aduana Diego Aliaga, vecino del juez y quien hacía negociados a nombre de Bento.
La Fiscalía sostiene que los abogados se reunían con Aliaga o hablaban en forma permanente con este lobbista, “quien les daba instrucciones bajo la dirección del juez”, al que califican en la investigación como “el jefe de la banda y el número 1” de la organización delictiva.
Una de las pruebas que más comprometen al juez es la relación Aliaga. Según la acusación, hubo 265 llamadas, en un lapso de 8 meses, entre el ex despachante y un teléfono que estaba agendado con el nombre de “primo”. Al constatar la Fiscalía general quién era el propietario del ese número de teléfono, descubren que era el teléfono oficial de Bento. Hasta el momento. el juez se ha negado de entregar su teléfono IPhone 12 Pro porque, según argumenta su abogado Mariano Cúneo Libarona, “nadie está obligado a aportar pruebas en su contra”.
Pese a todo, algo pudieron rescatar los investigadores: aparecieron desesperados llamados de ayuda de Bento a personajes del poder y promesas de apoyo. Son mensajes previos al allanamiento de su casa. Hay chats con Mario Adaro, juez de la Corte de Mendoza y ex ministro del gobernador peronista Jaque, y con Alejandro Gule, el Procurador de la provincia. Con los dos hablan despectivamente de periodistas que informan sobre la causa y revelan que al juez puede salvarlo la senadora Anabel Fernández Sagasti, íntima de Cristina Kirchner. Hay otro chat con Alberto Lugones, el vicepresidente de la Magistratura, que trata de “hermano” a Bento.