Los Bonos Sociales, Verdes y Sostenibles (SVS) alcanzaron tal grado de madurez que llegó el momento de "levantar un poco la vara" para "exigir mejor calidad y más certeza" para la aprobación de futuras emisiones y la certificación del cumplimento de sus objetivos, sostuvo el director de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Matías Isasa.
Así lo afirmó en una entrevista con Télam el funcionario luego de darse a conocer la Resolución General 963/2023, que actualiza los lineamientos para la emisión de esa clase de valores negociables.
Los bonos SVS respaldan proyectos sustentables, tienen la ventaja de contar con tasas de interés menores a las de las obligaciones negociables tradicionales y comenzaron a emitirse en septiembre de 2019 cuando se colocó el primero de ellos.
"Es parte de un proceso, no podíamos ser muy exigentes si no teníamos mercado", señaló Isasa en referencia a la situación existente en 2018, cuando se publicaron los lineamientos originales, en una modalidad que apenas tenía una década de antecedentes en el mundo y recién comenzaba a despuntar en la Argentina.
Desde entonces, las emisiones de los SVS fueron en ascenso, con un caso en 2019, 7 en 2020, 17 en 2021, 22 en 2022 y 7 en los primeros cinco meses de 2023, con lo que se completa un total de 54 bonos.
A continuación los principales tramos de la entrevista con Télam:
-¿Cuáles son los puntos principales de los nuevos lineamientos?
-Dentro del menú de Bonos SVS +, que es la terminología que comenzamos a usar, incorporamos los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad que, a diferencia de los otros, el que los emite se compromete a alcanzar ciertos objetivos en un plazo determinado. Si esos objetivos se consiguen, la tasa del bono es la que se pautó, si los objetivos -en términos de mejoras o indicadores ambientales específicos y medibles- no se cumplen, tiene un castigo en la tasa de interés que va a pagar. La CNV fija los lineamientos para eso, después el emisor se compromete ante el mercado a alcanzar metas en términos de eficiencia energética, reducción de emisión de Gases de Efecto Invernadero o lo que él entienda que es el objetivo. Ahí interviene una certificadora ambiental que es la que va a medir el KPI (Key Perfomance Indicator o Indicador Clave de Rendimiento), el umbral que se busca alcanzar. Sobre ese juicio de valor que hace esta certificadora se determina finalmente la tasa del bono. Todo es está previsto contractualmente en las condiciones de emisión. En el bono verde o en el social, hay un proyecto, un certificador y un objetivo. Eso después obviamente se reporta, pero no hay consecuencias financieras para el emisor si el objetivo no se cumple. En los bonos vinculados a la sostenibilidad, sí. Esos bonos ya se habían empezado a desarrollar en la Argentina y el mercado había creado un panel específico para bonos vinculados a la sostenibilidad, pero no estaban contemplados en estos lineamientos, por eso los actualizamos para incorporarlos. En definitiva, buscamos darle más institucionalidad. En el caso de los fideicomisos solidarios, exigimos que tengan certificación social dada por un tercero independiente, algo que no estaba originalmente previsto. Otro cambio importante es con los Fondos Abiertos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza). Cuando los creamos, como no había suficientes instrumentos para invertir, autorizamos que de manera temporaria lo hicieran en productos pymes. Como el mercado se desarrolló tan rápido, ahora queremos crear fondos ASG puros, que sólo inviertan en valores negociables que tengan impacto social, verde o ambiental.
-¿Qué busca la CNV con esta actualización de los lineamientos?
-Generar un mejor marco regulatorio y más institucionalidad a este mercado. Siempre está presente lo que en la jerga se llama "green washing", emisores que "enverdecen" cosas que no son verdes y no generan verdaderos impactos. La CNV tiene que empezar a ser más exigente y hacer un control más exhaustivo del destino de los fondos, levantar un poco la vara y exigir mejor calidad y más certeza respecto a los beneficios que estos proyectos generen. Es parte de un proceso, no podíamos ser muy exigentes si no teníamos mercado. Cuando arrancamos a trabajar con esto, que fue en marzo de 2020, en el panel del Byma (Bolsas y Mercados Argentinos) había 4 bonos SVS. Hoy hay 54, tenemos grandes compañías, gobiernos subsoberanos, pymes, asociaciones civiles que emitieron bonos verdes.
-Dentro de esas exigencias, ¿Qué rol le cabe a las certificadoras ambientales?
-Es un mercado heterogéneo, algunas son calificadoras de riesgo, reguladas y registradas por la CNV. Pero también hay empresas de auditoría, contables, universidades, que ofrecen ese servicio y no están reguladas por nosotros. Se da esa dicotomía, parte de nuestra hoja de ruta a futuro es tratar de homogeneizar y establecer algún criterio de control del servicio que todas estas compañías prestan. Si se quiere certificar un valor negociable que va a ir al mercado de capitales, hay que tener un marco de regulación sobre esos actores.
-¿La elección de una certificadora regulada o no regulada tiene que ver con una cuestión de costos?
-No es que sea más cara o barata porque esté regulada por la CNV. Es un mercado en el que hay jugadores de mayor nivel, que también le dan prestigio a la emisión. Y hay otros emisores que quizás no tienen ese prestigio internacional, porque son entidades locales. No quiere decir que no sean iguales de buenas en su trabajo, simplemente no son multinacionales. Eso resulta en costos más accesibles para las emisiones. Que existan estos actores permite que tengamos emisiones de impacto tan heterogéneas. Si sólo los certificadores fueran las grandes compañías internacionales, que obviamente tienen un costo mucho más elevado, no podría llegar una pyme, una asociación civil o una municipalidad con un proyecto muy chico a emitir un bono, porque el costo de la certificación lo haría prohibitivo.