La Justicia decretó la quiebra de la fábrica de nebulizadores San Up, que había comprado con plata negra el ex secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, y 72 trabajadores se quedaron sin
Muñoz, ex secretario de Néstor y Cristina, había invertido 70 millones de dólares en propiedades en Miami y Nueva York y se estima otros 50 en empresas, inmuebles y autos en la Argentina. Parte de estos 50, los usó para las inversiones en Argentina, entre ellas la de Sun Up. Muñoz murió en el 2016 de un cáncer fulminante.
La viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, y sus socios están procesados por lavado en una causa anexo a la causa de los Cuadernos de las Coimas y con una causa elevada a juicio oral pero sin fecha de iniciación.
San Up, que tiene su sede en la localidad bonaerense de San Martín, fue líder en la fabricación de nebulizadores, almohadillas y y vaporizadores.
La compra de Sun Up fue denunciada ante la Justicia por el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, quien se convirtió en imputado colaborador en la causa de los Cuadernos.
La adquisición la hizo a través de Carlos Temístocles Cortez, otro de los procesados por Ercolini y Stornelli, con el apoyo de los hermanos Llaneza, que tenían farmacias en la Patagonia.
Sun Up había sido fundada por el empresario Jorge Shemi y el 2013 pasó bajo el control indirecto de Muñoz.
Detrás de la compra hubo movimientos financieros a través de empresas off shore descubiertas en la investigación Panama Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).
En un comunicado, los trabajadores informaron a Clarín que por la quiebra decretada por la jueza en lo Comercial María Villaroel y la cautelar dispuesta por el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli quedaron en esa situación. Ercolini y Stornelli pidieron la cautelar para tratar de recuperar los bienes que Muñoz le robó al Estado con esa plata negra seguramente proveniente del pago de sobornos por parte de empresas contratistas del Estado. Además, los trabajadores denunciaron un “vaciamiento” de la firma.
La quiebra fue decretada el 29 del mes pasado cuando la empresa estaba en el período de salvataje (Cramdown, en inglés). El cramdista era una empresa importadora llamada Arimex.
La cautelar de la Justicia Federal cual “no dejó avanzar al juzgado comercial en el proceso de salvataje y los más perjudicados fuimos los 72 trabajadores que quedamos sin trabajo y sin una indemnización”, señalaron los ex empleados de la firma.
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