Lo que ocurre en Luján, a pocos kilómetros de la Basílica, es aquello que hasta el Papa considera un pecado ecológico: un “ecocidio”. Un basural a cielo abierto viene afectando a la
Lo último que se denuncia es que se gastaron 500 millones de pesos tan solo para hacer un pozo que podría haberse hecho por sólo 5 millones. La empresa que se quedó con los negocios, Evasa S.A., es cercana al clan Moyano. Pero esa es tan sólo una de las derivaciones de la trama.
En medio, hay denuncias penales contra funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente, funcionarios judiciales que han sido removidos, funcionarios que no quieren ni hablar. Está involucrada La Cámpora, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado -que cedió el predio de la polémica- y hasta cartoneros bajo los órdenes de Juan Grabois operan ahora como custodios del área.
También están la muerte y la enfermedad.
Hay casos de vecinos que deben someterse a trasplantes de piel, una escuela que debe cerrar (la Justo J. de Urquiza Número 3) por el riesgo para salud de los alumnos que implica la cercanía con el basural y diferentes tipos de cáncer vinculados al foco contaminante. Informes técnicos y de Impacto ambiental realizados por organismos universitarios y privados hablan directamente de ecotoxicidad. No solo de residuos sólidos urbanos (lo que se conoce como bolsa de basura) sino de residuos peligrosos, es decir, de gases venenosos que se elevan al cielo como producto de la incineración incesante de basura.
Según prueban cientos de informes, aportados por al Asociación Civil Nuevo Ambiente, que nuclea a los vecinos, el plan de “remediación” amenaza los pozos de agua: proyectos orgánicos frutihortícolas cercanos podrían dejar de existir. ¿No vio todo esto la Secretaría de Medio Ambiente? ¿Porqué no escucha a los que dicen que hay que buscar otro sitio? ¿No planteó alguna objeción el municipio mismo de Luján? ¿Por qué se eligió, como consta en expedientes un lugar de bosque nativo, protegido como Patrimonio Natural, para crear el centro de tratamiento a dónde se mudará la basura?
Frente a tanta evidencia, despierta sospechas la celeridad con que el Gobierno operó para valerse del predio pegado al basural conocido como Estación Sucre. Son siete hectáreas fiscales, cedidas por la AABE sin mayores trabas, que no cumplen con la mayoría de los requisitos técnicos necesarios para construir un centro de tratamiento de residuos: un “mini ceamse”. El Gobierno consiguió hasta ahora un informe de impacto ambiental “parcial”, pero no existe la aprobación total del proyecto por parte de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.
El vicesecretario de Medio Ambiente, Sergio Federovisky, dice que nada de lo que se denuncia es cierto; que ellos han cumplido con todas las pautas; que la salud de nadie está en riesgo. Pero aún así no ha logrado evitar que la Justicia federal paralizara la obra. Le provoca impotencia que se contrapongan denuncias a sus argumentos de defensa del caso.
En diálogo con este cronista dijo: “Ustedes tienen una sola fuente. Nosotros presentamos ante el BID todo lo que se requería y el organismo nos dio la razón. ¿Por qué mandaría la plata el BID si las cosas estuvieran mal?”, explicó. El BID envió hasta ahora sólo 98 mil dólares. El monto total para el proyecto es de 18 millones de dólares. Son parte de una línea de créditos verdes del BID para proyectos de este tipo pre aprobados durante el gobierno de Mauricio Macri.
“El juez (Tezanos Pinto) otorga esta cautelar sin leer el expediente. Detrás de este fallo escandaloso está la familia Novelle Terrabusi, quienes desde el inicio del proyecto han puesto todos sus recursos económicos y de influencia con el objetivo de frenar la reconversión integral del basural e incluso tuvieron que ser desalojados por la AABE del predio denominado Sucre”.
Cuando Federovisky habla de Novelle se refiere a Viviana Novelle, dueña de 200 hectáreas pegadas al predio Sucre, de un haras y de un emprendimiento agroecológico. Es la mujer que se puso al hombro las denuncias contra el Gobierno y que ahora vive amenazada. Llegó a ir hasta Washington para explicar a las autoridades del BID lo que estaba ocurriendo en su localidad. "Es un caso de corrupción y robo -dice Novelle-, quieren valerse de los dólares del BID. No les importa el daño que van a ocasionar".
Federovisky insiste: para él, todo está en regla. “Acatamos todas las leyes locales, provinciales y nacionales. Las dos posibilidades frente a cualquier basural a cielo abierto son: llevar toda la basura que hay ahí y trasladarla para que sea tratada y la otra es que todo lo que está ahí no siga contaminando. Después de un año y medio de análisis técnico, el BID recomendó que el basural fuera clausurado técnicamente e impida el ingreso de nuevos residuos. Se utilizó entonces la técnica de encofrado con sistema de captación de gases (el biogás que genera la basura cuando está enterrada) y lixiviados. No hay una zona de sacrificio, hay una zona contaminada sistemáticamente que va a ser confinada para que deje de contaminar y que, se presume, en un plazo de 10 años podría dar lugar a un espacio verde”.
En la zona
A la vista, la zona es una postal de la desolación. Pájaros comen cualquier cosa y hombres y mujeres deambulan como humanoides entre la putrefacción buscando los restos de aquello que nadie quiere. Son empleados a las órdenes de la política, referenciados en el MTP de Grabois. No quieren que la prensa vea lo que pasa adentro. El equipo de Clarín fue asediado mientras tomaba fotografías. “Trabajo hace 23 años acá y nunca me enfermé, fuera de acá, che…”, dijo un hombre parado sobre materia en descomposición.
El proyecto contempla la creación de un Centro Ambiental en el que trabajaran unos 300 recuperadores informales. De ahí el involucramiento de Grabois en el caso. Muchos de ellos, ya están operativos a cambio de planes sociales. Son la fuerza de choque contra los vecinos que plantean que allí no puede llevarse a cabo el plan de remediación. Días atrás, cuando la Justicia paralizó la obra, salieron a cortar la ruta 192 en reclamo de lo que consideran su fuente de trabajo.
Todos en Luján conocen el lugar como “La Quema”. Tiene más de 50 años de vida. Viviana Novelle lo convirtió en su causa. Reunió a los vecinos. Disertó frente a los concejales. Se plantó: desnudó que Sucre no cumplía con las condiciones para crear la planta de tratamiento de basura. "Acá había que hacer un centro de transferencia para llevar las toneladas de basura al Ceamse del camino del Buen Ayre. Es lo que se hizo en otros casos. Pero se enfrascaron con la idea de Sucre porque vieron la posibilidad de un negocio. El negocio es bajarse esa montaña de dólares del BID a cómo dé lugar", dice Novelle.
Es la guía de Clarín en la zona. Presenta vecinos. Productores que dicen que sus emprendimientos peligran. Ofrece pruebas. Habla de muerte por contaminación. De los casos recurrente de cáncer. Dice: "Pudimos comprobar la existencia de residuos peligrosos. Hasta el mismo Federovisky lo dijo en varias entrevistas. Lo tengo grabado. Pero ante el BID, pusieron que solo se trataba de residuos sólidos urbanos. Trucharon pruebas. Si ponían que había residuos tóxicos el BID no empezaba a bajar la plata".
Gustavo Zuleta, geólogo de la Universidad Maimonides, dice que había otros 160 sitios aptos para llevar a cabo la obra en la zona y que Estación Sucre, además de tener protección histórica cultural, no servía por las dimensiones. El proyecto no entraba en Sucre
La Justicia lo paró y la Justicia define. Hoy, Novelle siente que le dieron la razón. Pero no se relaja. La medida fue apelada. Está en cámara, en Mercedes, zona de influencia del candidato Wado De Pedro. El caso, posiblemente, termine en la Corte Suprema, donde las historias de litigio ambiental no pasan de largo como un tema menor. Son cada vez más punzantes y están escribiendo, a fuerza de sucesos, la jurisprudencia que hasta ahora casi no existe.