El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no cede en su ambición por reformar el sistema judicial israelí. Este tema ha desencadenado un profundo descontento social y protestas masivas.
Los puntos más controvertidos de la iniciativa de ley apuntan a revertir algunos poderes de la Corte Suprema, y le darían al Gobierno más control sobre nombramientos en ese y otros tribunales.
“Esta semana empezaremos a dar los pasos prácticos. Lo haremos de forma comedida, responsable, pero de acuerdo con el mandato que recibimos de introducir correcciones en el sistema judicial”, aseguró Netanyahu en reunión de gabinete. Las declaraciones llegaban luego de que la oposición abandonara las negociaciones que buscaban un consenso en torno a esa medida.
"La semana pasada Gantz y Lapid demostraron que estaban jugando, era una farsa de conversaciones falsas. Les dimos un mes, y otro mes.. su intención era perder el tiempo y desvanecer cualquier enmienda, mientras que la mayoría del público ahora se da cuenta de la necesidad de hacer cambios en el sistema legal", sostuvo el premier israelí.
Mientras tanto, la legislación propuesta ha desencadenado repetidas protestas sin precedentes: denuncian un intento por minar la democracia de la nación e imponer una “dictadura”. Los críticos de Netanyahu destacan que el pulso del premier por hacer modificaciones al sistema judicial llega a la par de un juicio en el que se lo acusa de corrupción. Cargos que él rechaza con el argumento de que la izquierda y los medios apalancan falsedades y abonan en lawfare.
Acusado
El lunes y el martes pasado, el líder de la oposición, Yair Lapid, testificó en el juicio penal que se sigue contra el primer ministro. Lapid fue testigo de la fiscalía donde Netanyahu es acusado de violar la confianza del público al apoyar una reforma fiscal que benefició a su viejo amigo, el productor de Hollywood Arnon Milchan. Lapid, que se desempeñó como Ministro de Finanzas bajo Netanyahu, puso de manifiesto la corrupción del caso. Pero él mismo fue partícipe, y ahora denuncia para salvar su posición, en una interna declarada que el oficialismo cuestiona.
Posición que reforzó a favor de Netanyahu el testimonio en el juicio del ex estratega político de izquierda Eldad Yaniv, quien dijo que comenzó su campaña de protestas contra el premier a instancias de los investigadores policiales. El fiscal general actual, Gali Baharav Miara, está justamente al frente de la actual campaña contra la reforma judicial que propone el primer ministro, junto con los jueces de la Corte Suprema.
Y por supuesto, los líderes de la oposición tienen un interés personal: Benny Gantz busca minar a su rival y cubrir a la par, sus propias causas de corrupción: Fifth Dimension, su empresa, es sospechosa de prácticas comerciales corruptas y violaciones de la seguridad, entre otras cosas, por su supuesto intento de vender spyware a Qatar.
Lawfare
Netanyahu insiste en una acusación contra el expresidente y actual favorito republicano a la presidencia, Donald Trump, es igualmente producto de un sistema de justicia politizado. Los cargos presentados contra el ex presidente estadounidense describen acciones idénticas a las llevadas a cabo por otros ex mandatarios (tenía en su posesión documentos desclasificados). Pero mientras que Barack Obama, Joe Biden, Hillary Clinton, Bill Clinton y otros fueron tratados con deferencia, Trump está siendo señalado como un traidor y amenaza para la seguridad nacional.
Así, tanto en Estados Unidos como en Israel, muchos ciudadanos denuncian la criminalización de quienes buscan reformas políticas. El lawfare es la bandera nuevamente. Los trumpistas insisten con que es un engaño la colusión de Rusia en las elecciones locales, que fue inventado por el Partido Demócrata en colaboración con el FBI y el Departamento de Justicia, y que nunca hubiera calado sin la movilización de los medios.
En sintonía, los partidarios de Netanyahu han expresado enfado y frustración con la clase política y los medios a quienes acusan de luchar falsamente por la “democracia”, cuando en realidad buscan derrocar a un gobierno electo y bloquear a Netanyahu en su capacidad de gobernar a través de una demonización.
Reforma
El lawfare y los contra argumentos de quienes buscan la reforma judicial se corresponden con los de, por ejemplo, Cristina Kirchner y su séquito en Argentina. En Israel, el texto propuesto por Natanyahu se expide en tres grandes frentes: la modificación del comité de selección de jueces; una cláusula de anulación para que el Parlamento pueda promulgar leyes hoy impugnadas por la Corte; y una modificación para que el tribunal no pueda inhabilitar a altos mandos del Gobierno.
El actual comité de selección de jueces, una especie de Consejo de la Magistratura, hoy está en bajo la órbita de la Corte y el colegio de abogados. Con la reforma pasaría a depender en mayor proporción del Ejecutivo. En segundo lugar, la Corte no podría invalidar las llamadas leyes “fundamentales” y solo podría avalar las leyes regulares.
Y finalmente, el Supremo quedaría impedido para inhabilitar ministros, juzgar o debatir mociones de aptitud a un primer ministro. Por tanto, los críticos de la reforma destacan que los cambios intentan debilitar la autoridad de la rama judicial y dar mayor poder a los políticos. Un camino a la impunidad.
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