La justicia estadounidense ya decidió que el Estado nacional le tiene que pagar al fondo Burford por la expropiación de YPF. Cuando el Gobierno se quedó con el 51% de la compañía, en
La jueza Loretta Preska, que lleva el juicio, exoneró a YPF de la responsabilidad por esta situación. En cambio, culpó al Estado nacional. Deberá resarcir al fondo Burford. Este último reunió casi un 30% de las acciones de YPF: un 25% que tenían dos sociedades de Petersen Energía (que fue de la familia Eskenazi) y un 3,9% del fondo Eton Park.
El próximo paso jurídico será a través de dos audiencias, durante el 26 y 27 de julio. Quizás haya una presentación adicional prevista para el 28 de julio. Allí se podría determinar cuánto deberá pagar Argentina por haber incumplido el estatuto de YPF, que establecía la obligación de realizar una oferta pública de acciones en caso que haya cambios en el control de la empresa, como pasó cuando el Estado capturó el 51% que tenía la española Repsol.
El fondo Burford reclama entre US$ 7.500 millones y US$ 19.350 millones, aunque se habla de un arreglo menor (US$ 6.000 millones). Burford espera que se determine desde cuándo Argentina le debe plata) y la tasa de interés a aplicar.
Argentina ya perdió 6 fallos en este caso desde 2016 hasta 2023. En distintas instancias, recurrió a la Cámara de Apelaciones y a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. En todos las ocasiones, se confirmó la decisión del juzgado comercial de Nueva York.
Está la posibilidad que haya un acuerdo en la próximas audiencias, o que sigan las apelaciones. Según analistas del caso, como Sebastián Maril -que lo conoce como nadie-, Argentina y Burford podrían estar explorando un entendimiento.
Argentina debe pagarle a Burford, según la justicia estadounidense. El monto aún no fue determinado. Tampoco la tasa de interés. Aunque la expropiación fue en abril de 2012, Burford entiende que debe cobrar por la pérdida del valor de sus acciones desde febrero de 2012, cuando la administración de Cristina Fernández de Kirchner hizo circular rumores sobre la estatización que se venía. Esa situación provocó una desvalorización de las acciones.
Petersen Energía tenía el 25% de las acciones de YPF. Las había comprado en dos tramos, de 14,9% y 10%. En ambos casos, la española Repsol le prestó el dinero para esas adquisiciones. Y Petersen podía devolver el dinero a través de los mismos dividendos de YPF.
Cuando el Estado nacional y las provincias tomaron el control del 51% de YPF, Petersen Energía poseía un 25% de las acciones, aunque no había terminado de pagarlas. La firma de la familia Eskenazi se había constituido en España. Y allí fue a un tribunal de quiebras.
El fondo Burford le compró al liquidador de Petersen Energía (en España) los derechos para litigar en 15 millones de euros. Desde allí, entró en pleito contra el Estado nacional e YPF. Si gana el juicio, tiene que entregar el 30% del dinero obtenido en esa sentencia al "liquidador" de las sociedades de Petersen Energía en España. Se cree que la familia Eskenazi es la destinataria final del "liquidador", pero los voceros de esa familia lo desmienten.
Después de la próxima audiencia, Argentina puede volver a apelar para no pagar. Pero corre un riesgo: que Burford también apele y pida que se revoque la exoneración de YPF en el caso. El Estado nacional podría salvar su caja, pero expondría a la petrolera de mayoría estatal a volver a caer en problemas.
Preska es la heredera del juez Thomas Griesa, que fue el anterior titular del distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos. En mayo de 2019. Griesa postergó todas las definiciones hasta que transcurriera el proceso electoral venidero, que ganó Alberto Fernández en las elecciones primarias y luego en las generales. Quienes conocen el caso sospechan que Preska podría tomar una actitud similar, y postergar toda definición hasta pasados los comicios.
Todo indica que ya no será esta gestión la que tenga que abonar la indemnización, sino que la tarea quedará para la próxima gestión.