Nada de otro mundo, algunos cristinistas añoran hoy al INDEC versión 2007 que, intervenido de hecho, acomodaba las cosas al gusto de Néstor Kirchner y a las necesidades de la presidenta a
Salta a la vista que cualquier semejanza entre aquel cuadro económico y el actual está a tiro.
Solo que entorpecida por un detalle ciertamente potente: el INDEC no es el mismo INDEC, sino otro que hasta que no se pruebe lo contrario funciona libre de interferencias.
El caso es que este cristinismo modelo 2023 ha entrado al segundo semestre zarandeado desde varios frentes y apretado por estadísticas que más de una vez, o unas cuantas veces, desmienten el relato oficial que no reconoce errores ni admite autocríticas.
Durante un tiempo, por cierto breve, el Gobierno batió el parche de la reactivación aferrado al rebote del 1,3% que la actividad económica había anotado en el primer trimestre del año.
Pero pronto los datos del INDEC pusieron los tantos ahí donde de verdad estaban: para abril 2023 contra abril 2022, marcaron caída del 4,4% y sobre mayo versus mayo, cantaron bajón del 5,5%.
Ninguna casualidad, de eso tratan los resultados de una encuesta muy reciente hecha por una consultora de primera línea. Dicen que el 62% de los entrevistados piensa que “está viviendo en recesión” y que un 48% de ellos “espera estar en recesión durante los próximos 12 meses”.
Todo semejante a un dicho convertido en ley entre los economistas: “La reactivación es definitivamente reactivación cuando la percibe la gente”. Y, además, cuando empiezan a verse sus efectos en cuestiones bien concretas, comenzando por el empleo y los salarios.
Según la misma encuesta, el 38% de los consultados afirmó que “solo tiene para comida, vivienda y gastos básicos”. En julio del 2022, otra similar marcaba 23% y señalaba, por lo tanto, un empeoramiento de la situación equivalente a 15 puntos porcentuales en apenas un año.
Esa realidad que incomoda al Gobierno y en la que la cuota de responsabilidad mayor le corresponde al propio Gobierno dice, de seguido, que desde junio del 22 a junio del 23 el costo de la canasta que mide la pobreza aumentó 123% y 124% el de la que fija la línea de indigencia. Mal, pero parejito.
No hace falta decir, a esta altura de la película, que los números empiezan a abrumar.
Aunque vale decir, también, que a menudo los números reflejan las cosas mejor que un montón de palabras.
Dicho esto lo que sigue son obviamente números. Los de ahora también salen del INDEC y suenan fuerte: aconsejan no entusiasmarse antes de tiempo con el 6% que arrojó la inflación minorista en junio, ni tampoco con la baja que el 6% significó respecto de algunos meses previos.
Pariente directo del costo de vida digamos al consumidor y referencia de lo que puede venir, el índice de precios mayoristas del mismo junio plantó un 7,5% en el nivel general y 7,3% para los bienes de producción local. O sea, un punto y medio por encima del 6% minorista.
El primer ruido suena con el 9,7% que marcó el precio de los bienes importados, sigue rumbo a las nubes con el 64,7% del primer semestre y retumba en el impresionante 158% de los últimos doce meses, que pasa de largo al ya notable 115,6% de los precios minoristas.
Viene de cajón preguntarse cuánto hay en semejantes números del cepo siempre reforzado que el Gobierno aplica a las importaciones y, más precisamente, del impacto en los precios de las compras al exterior que se hacen según la cotización de los dólares alternativos, los legales y los ilegales o de los haya.
Para empezar, las brechas del Dólar Mep o Dólar Bolsa, del blue y el Contado con Liquidación contra el tipo cambio oficial iban, el viernes pasado, del 95 al 98%. Sin duda considerables, pero bajas o bajísimas comparadas con el 158% del índice de precios mayoristas importados.
Más que oculto, evidente, en este juego de precios y diferenciales hay pasto de sobra para un negocio enorme que unos cuantos avisados aprovechan y han aprovechado durante este tiempo de oportunidades, tal cual sugieren otros datos del mismo juego.
Algo de una especie parecida aparece en lasviolentas subas que, en ciertos meses o durante varios meses, registraron las importaciones: por ejemplo, la del 79% de junio de 2021 y la del 47% del mismo mes de 2022. Esto es, los incrementos de esos meses contrastados con las caídas de otros: por ejemplo las del 24% de junio de 2019 y del 17% en el muy reciente junio del 2023.
Para arriba o para abajo, los movimientos no tenían ni tienen una conexión manifiesta con la marcha de la economía real. La clave está en el dólar digamos barato y en la ganancia que deja acumular bienes importados también baratos.
Es ciertamente una ensalada de números difícil de digerir y, a la vez, una ensalada cargada de sospechas de corrupción por millones de dólares.
Si todo es como parece y parece de verdad, cuesta defender los controles y las regulaciones del llamado Estado presente, que el kirchnerismo vende en modo justicia social o defensa del interés nacional. Hasta se podría decir lo contrario: que ese tipo de Estado alimenta maniobras que pueden desembocar o desembocan en los bolsillos de los controladores.
Hay más y en grande del mismo color verde. Como los US$ 12.000 millones que el Banco Central adeuda a los importadores por compras que se concretaron y esperan los dólares oficiales a 270 pesos. Herencia que el kirchnerismo le deja a quienes gobiernen a partir del 10 de diciembre, incluido desde luego Sergio Massa.
En el todo tiene que ver con todo que pregona Cristina Kirchner tenemos, cambiando el foco, que la actividad económica ha caído 9% entre 2017 y 2022. Y un panorama ampliado que anota, en el mismo período, un crecimiento del 15% en Chile; 11% en Brasil y 7% en Uruguay.
Ya metido en una recesión sin remedio, el PBI argentino marcha hacia un retroceso del 4-5% en 2023. El cantar en el vecindario proyecta 2,5% positivo para Brasil, 2% en Uruguay y un 0,3% raspando en Chile; poco o bastante, pero siempre para arriba.
Por la parte que nos toca en este baile, el fuerte repliegue de la actividad económica más el de la inversión que la acompaña explican una creación de empleo pobre y de baja calidad.
Puesto en cifras de fuentes oficiales, en esos seis años se generó un millón de puestos de trabajo, que sería como decir dos millones en doce años. Todo, dentro de un cuadro general donde la cantidad de ocupados no registrados, sin aportes jubilatorios o en negro casi iguala a la de los registrados, en blanco y protegidos por normas laborales, sociales y de seguridad.
De seguido, datos de consultoras que se apoyan en relevamientos del INDEC marcan, para los trabajadores registrados, una caída del salario real del 20,4% desde el último pico de noviembre de 2017. Y un desplome del 44% en los ingresos de los asalariados informales.
Obvio de toda obviedad entonces, el fenómeno coincide con otro fenómeno de la misma variedad. El empleo que más crece es el precario y mal pago y el que retrocede es el trabajo en blanco, mejor pago aunque no bien pago, que del 55,9% de los asalariados totales que representaba en 2012 retrocedió al 48,3% en 2022.
De vuelta a la llamada restricción externa, súper picante esta vez, falta agregar un par de datos que son del mismo cuadro general.
Uno es el déficit sin precedentes cercanos de US$ 4.387 millones que acusó el balance comercial en el primer semestre de este año, después de pasar por un superávit de US$ 2.977 millones en los mismos seis meses del 2022.
El que sigue cuenta que, de caída en caída, las reservas netas del Banco Central han terminado en un rojo que los especialistas calculan en alrededor de US$ 7.000 millones.
Es cierto que en varios sentidos la sequía tiene bastante que ver con este descalabro, pero no es todo sequía. Ni tampoco es todo Fondo Monetario, ni Macri, ni responsabilidad de quienes al kirchnerismo se le ocurra en su ejercicio preferido: intentar ocultar que los primeros responsables de lo que pasa son quienes gobiernan. En el orden que cada cual prefiera o todos juntos, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y ahora Sergio Massa.
Sólo para recordar, Cristina cerró su segunda presidencia, a fines de 2015, con un rojo en las reservas estimado en US$ 6.000 millones, incluidos los yuanes prestados por China; con deudas a los importadores y un cepo intenso que había arrancado en octubre de 2011.