Con el aumento de septiembre se cumplirán 72 meses de los últimos cambios de movilidad de las jubilaciones y pensiones. A partir de septiembre de 2017 arrancó el cálculo de la fórmula
Entre septiembre 2017 (base que se toma por el cambio de la movilidad durante el Gobierno de Mauricio Macri), y diciembre 2019, las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones sociales tuvieron un deterioro de 19,5% en relación a la inflación.
Pese a que tomaba en cuenta 70% de inflación y 30% salarios formales, se aplicaba con un retraso de seis meses, por lo que la suba de los precios iba agrandando la pérdida jubilatoria.
Además se aplicó en forma retroactiva “salteando” un trimestre, con un deterioro adicional de arranque.
En 2020, ya con Alberto Fernández, no hubo recuperación pese a lo prometido. Ese año se aplicaron aumentos diferenciados por decreto y las jubilaciones y pensiones aumentaron entre el 35,3% (haber mínimo) y 24,3% el resto versus una inflación del 36,1%.
Desde 2021 se viene aplicando la actual fórmula de movilidad. Combina salarios con recaudación sin garantía respecto de la inflación. Se efectiviza con un rezago de tres meses (el aumento de septiembre-noviembre se basa en las variables de abril-junio). En un contexto inflacionario creciente, los jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales deben hacer frente a la mayor inflación con haberes retrasados frente a los precios que se ajustan y renuevan día a día.
En 2021, con una inflación del 50,9%, punta a punta los aumentos fueron del 52,7%, y los haberes más bajos recibieron bonos.
En 2022, los aumentos fueron del 72,5% versus una inflación del 94,8%, pero los haberes más bajos recibieron varios bonos.
Desde septiembre 2022, los bonos para los haberes más bajos se otorgaron todos los meses y ahora se extienden hasta noviembre 2023.
Para las jubilaciones más bajas, la pérdida de bolsillo es inferior por los sucesivos bonos que se otorgaron en lo que es un reconocimiento de que la fórmula de movilidad resultó insuficiente frente a la disparada inflacionaria. En tanto, los haberes más altos no recibieron ningún bono, absorbiendo toda la pérdida con relación a la inflación.
Esos bonos no se integraron a los haberes corrientes. Esto significa que los aumentos de acuerdo a la fórmula de movilidad se calculan sobre una base más baja y la pérdida previsional pasa a ser permanente.
En la Corte Suprema hay decenas de juicios referidos al tema de la movilidad que esperan una definición de la Corte Suprema que a pesar del tiempo transcurrido – casi 6 años- sigue sin pronunciarse.