Una victoria para los grupos defensores del medio ambiente y un revés para quienes argumentan con cifras y temen por las finanzas del Estado: Ecuador no sólo votó para elegir
La consulta popular quedó algo deslucida en el último tramo de la campaña, dominado por el problema de la seguridad en un escenario de miedo tras el magnicidio del candidato Fernando Villavicencio. Pero hasta hace un par de semanas era un tema de fuerte debate.
La opción por el “sí” a dejar bajo tierra el crudo cesar las operaciones de explotación en uno de los mayores yacimientos del país ganó por el 59% contra el 41% que se inclinó por mantener la extracción de petróleo que opera la empresa estatal Petroecuador allí, una actividad que en 2022 aportó a las arcas del Estado cerca de 1.200 millones de dólares.
Un precedente a nivel mundial
Ecuador marcó así un precedente a nivel mundial, al decidir mediante un plebiscito detener la explotación de petróleo de uno de sus mayores yacimientos, situado en el Parque Nacional Yasuní, al que se considera el corazón de la Amazonía ecuatoriana y uno de los epicentros mundiales de biodiversidad.
El resultado significa un rotundo triunfo de Yasunidos, la organización ambientalista que impulsó esta consulta nacional con el objetivo de proteger el Yasuní, un área extremadamente sensible a cualquier derrame de crudo, y también a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan en ese Parque Nacional.
También es una victoria para el movimiento indígena, que se había manifestado mayoritariamente a favor del “Sí”, en especial el pueblo de los waorani, la etnia más numerosa que habita el Yasuní, una área natural protegida de un millón de hectáreas de extensión.
Biodiversidad
Dentro de esta reserva natural se encontraron más de 2.000 especies de árboles y arbustos, 204 de mamíferos, 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 de peces, y también es el hogar de los tagaero, taromenane y dugakaeri, pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
“Esto muestra que aquí se está luchando en serio contra el cambio climático”, dijo a Clarín el ahora ex candidato presidencial Yaku Pérez, líder ambientalista identificado con el movimiento indígena, quien hizo fuerte campaña por la protección de esa reserva natural.
Y, frente a los economistas y expertos que advierten sobre la importante pérdida económica que puede significar esta decisión, argumentó: “El petróleo que se extrae de allí es de baja calidad, tiene un 92% de agua y sólo 8% de petróleo. Y sólo implica el 0,5% del presupuesto en exportaciones. No es un buen negocio en términos económicos, y mucho menos en temas ambientales”.
Advertencia de economistas
Pero el resultado del domingo genera incertidumbre. El país deberá prescindir así de un yacimiento en el que se producen unos 55.000 barriles de petróleo por día. En el bloque 43, que incluye los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) se y que genera un 12% de los 466.000 barriles diarios que produce el país, pilar esencial de su economía.
El economista José Hidalgo, de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) explicó a esta enviada que el cierre de este yacimiento -que según fijó la Corte Constitucional tendrá ahora un plazo de un año para desmantelar esas instalaciones- impactará en la balanza de pagos del Estado.
“El fisco tendrá un hueco muy grande”, vaticinó.
Para el analista Walter Spurrier, será un “suicidio asistido”. El Estado, “que vive desfinanciado, pierde 1.200 millones millones de dólares anuales que se reparten entre el presupuesto, el financiamiento de la importación de combustibles que se venden con subsidio, gobiernos locales y Petroecuador”, señaló.
Advirtió que con esta decisión la petrolera estatal seguramente se verá en problemas financieros y tendrá que ajustar el presupuesto, posiblemente despidiendo trabajadores.
Las estimaciones del Ejecutivo también contemplan un costo de 500 millones de dólares para desmantelar unas instalaciones cuya construcción costó cerca de 2.000 millones de dólares.
Pero quienes celebran el resultado del domingo argumentan que ese dinero que se dejará de recibir por el crudo del Yasuní podría recuperarse si el Estado fuera más eficiente en sumar ingresos con el desarrollo de otros productos de exportación, como los agroalimentos, y según muchos políticos, con una mejor administración de los recursos públicos, que se licuan en burocracia o negocios poco claros.
Petroecuador siempre sostuvo que, desde el inicio de operaciones en 2016 -durante el gobierno de Rafael Correa-, la explotación del Bloque 43-ITT se había llevado con los más altos estándares ambientales para preservar el sensible entorno ambiental en el que se encuentra.
Hasta ahora no hay reportes sobre derrames de crudo procedentes de las instalaciones del Bloque 43-ITT, el más reciente y productivo del Yasuní. Dentro del Parque Nacional se produce petróleo desde los años 80 en los Bloques 16, 31 y 67, que no estuvieron en juego en la consulta del domingo.
El cese de operaciones de este yacimiento recaerá sobre el próximo gobierno, que se decidirá enel balotaje del 15 de octubre entre la correísta Luisa González y el joven empresario Daniel Noboa, que este mismo lunes comenzaron sus campañas para un duelo que se prevé encarnizado.
Quito, enviada especial
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