procesado con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", durante la última dictadura cívico militar.
El máximo tribunal penal federal del país dejó sin efecto una decisión de la sala I de la Cámara Federal porteña y ordenó a sus integrantes dictar una nueva resolución "ajustada a derecho", al hacer lugar a una apelación de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, según el fallo al que tuvo acceso Télam.
Finnen está procesado con prisión preventiva por privaciones ilegítimas de la libertad agravadas reiteradas, tormentos, y sustracción, retención u ocultamiento de un menor de 10 años en ese centro clandestino de detención.
La Cámara Federal porteña, tribunal intermedio de apelación del fuero, le había concedido el arresto domiciliario por su edad (71 años) y patologías de salud, al revocar un fallo en contrario del juez de la causa, Daniel Rafecas.
Pero Casación anuló ahora esta decisión por carecer de fundamentación y ordenó dictar una nueva resolución, en un fallo firmado por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.
"Debo recordar que, como juez de esta Cámara Federal de Casación Penal, he tenido oportunidad de señalar que la superación del límite etario (70 años) no justifica la concesión automática de la prisión domiciliaria", sostuvo Borinsky.
El juez advirtió que "el tribunal de la instancia anterior concedió el arresto domiciliario a Finnen sin analizar los riesgos procesales del caso".
Por su parte, el juez Hornos coincidió en que "ni la concesión ni el rechazo de un pedido de prisión domiciliaria pueden resultar de la aplicación ciega, acrítica o automática de doctrinas generales, sino que deben estar precedidas de un estudio sensato, razonado y sensible de las particularidades que presente cada caso que llega a conocimiento de los tribunales competentes".
Ante ello y con el voto de su tercer integrante, Carbajo, la sala IV de Casación resolvió "hacer lugar al recurso" de apelación que presentó la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, "anular" la resolución y reenviar la causa a la Cámara Federal porteña para que "dicte un nuevo pronunciamiento, ajustado a derecho".
Finnen fue funcionario de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y se convirtió en uno de los principales investigadores del atentado a la AMIA cuando la causa estuvo a cargo del destituido exjuez federal Juan José Galeano.
El exagente de inteligencia fue juzgado junto con el exjuez y otros acusados por encubrimiento del ataque ocurrido el 18 de julio de 1994 pero en su caso, resultó absuelto en 2019.
Según se estableció en el juicio oral por el atentado, fue uno de quienes intervino en el pago ilegal de 400.000 dólares a Carlos Telleldín, para que el entonces acusado como supuesto partícipe necesario diera una versión que para la Justicia fue falsa, en la que incriminó a un grupo de policías bonaerenses.
Finnen fue detenido por orden de Rafecas en diciembre pasado por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977.