A su vez, manifiestan la importancia de la Ley 24.901, que establece los servicios que deberían ser cubiertos económicamente, establece un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de
las personas con discapacidad, con la obligación por parte de PAMI, Obras Sociales Nacionales, prepagas, de cubrir el total de estas prestaciones. En casos en los que las personas con discapacidad no estén incluidas en el sistema de obras sociales, o estas no puedan afrontar los servicios, el Estado debe intervenir para garantizar el acceso a las dos prestaciones básicas a través de sus organismos.