El mercado leyó con preocupación la salida del vicepresidente porque sin poder político el Gobierno no sería capaz de llevar adelante reformas que, se creía, dinamizarían una economía anémica, en recesión
y con una moneda apreciada que le quitaba competitividad a su sector exportador para generar dólares, y reforzar las reservas (algo clave en un esquema de convertibilidad dolarizadora). Por lo tanto, la agenda en aquel momento era abaratar la estructura de costos de las empresas, y el capítulo laboral era importante entre las reformas estructurales. Pero además, y dato no menor, se trataba de una de las condiciones exigidas por el FMI para liberar un desembolso por US$7.400 millones.