Los jueces -sobre todos los federales penales que deben investigar hechos de corrupción- no quieren acumular denuncias en el Consejo de la Magistratura: cada proceso que se abre y se prolonga
en el tiempo, los deja bajo sospecha hasta que se plantee lo contrario o, si transcurren tres años de tiempo sin que se ordene nada en el marco del expediente, caduquen las causas. Hay una estadística que “favorece” a los magistrados: desde 1999, de las 3.584 denuncias registradas en la base de datos, sólo 36 jueces llegaron a la etapa de juicio político, pero 11 de ellos renunciaron antes de enfrentar el proceso de destitución.