Fernanda es una soldado voluntaria de 21 años que hace seis meses denunció haber sido abusada sexualmente en el Regimiento Militar de Campo de Mayo y desde entonces vive un verdadero
calvario: el supuesto abusador regresó a su puesto de trabajo noventa días después, mientras ella continúa de licencia por temor a volver a encontrarlo.
El caso ocurrió a principios de septiembre del año pasado en un sector conocido como Puerta 4. Fernanda –no es su nombre real, porque pidió reserva de identidad– trabajaba en la Dirección General de Educación y denunció que fue abusada por Damián R.A., un soldado del Ejército Argentino de 24 años, quien la habría llevado engañada a un depósito, donde supuestamente la amenazó con un cuchillo y la sometió sexualmente.
“Él se acercaba y me quería agarrar. Y yo corría para atrás. No sabía que había una pieza en el depósito. Me agarró de los brazos y me tiró a la pieza donde había una cama simple”, detalló Fernanda en la denuncia que realizó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°14 de Malvinas Argentinas, a cargo del fiscal Jorge Castagna Lavia Avila.
“Allí sacó de su bolsillo un cuchillo, una navaja, no sé qué era y me lo puso en el cuello. Era gris, la hoja y el mango gris. Me dijo que me sacara los borcegos y los pantalones. Como no hice nada, él me sacó el pantalón y abusó sexualmente de mí. Cuando estaba arriba mío me tenía las manos con las suyas y con sus piernas me sostenía las mías. Yo le gritaba que se saliera, que no me hiciera nada y él me decía que me calle. Me tapaba la boca y me agarraba del cuello”, relató la soldado.
La víctima aclaró que el ataque ocurrió un domingo y que ese día no había gente afuera. “Yo gritaba, pero era fuera del horario de trabajo, no había nadie. Fue durante mi descanso de 14 a 16. Esto habrá sido más o menos a las 15 y creo que yo salí de ahí a las 15.30”, recordó.
Sobre el vínculo con el acusado, explicó que era su “superior en el trabajo”. “Solo hablo cuando da órdenes. Es el que controla los horarios de llegada de todos y ese día era el más antiguo de la guardia y entonces todos le teníamos que avisar a él”, graficó Fernanda.
Pese a la gravedad de la denuncia, el militar no fue demorado ni separado de la fuerza: hasta la fecha sigue trabajando en Campo de Mayo. Durante la primera etapa de la investigación, a cargo del fiscal federal Paulo Starc, el Ejército decidió otorgarle una licencia por noventa días, pero terminado ese plazo el acusado regresó a su destino, aunque cumpliendo otras tareas y en otro sector del regimiento.
La fuerza explicó que “ante la posible comisión de un delito (artículo 31 o falta gravísima)” se inició “una actuación disciplinaria suspendiendo el servicio al denunciado para que no tenga contacto con la víctima”, y al mismo tiempo fueron designados “instructores de las actuaciones y defensores para el presunto denunciado”.
“En este caso –aclararon– la suspensión se levantó el 12 de diciembre de 2023, cambiándolo de destino”. Según las fuentes, el acusado se desempeña actualmente en la Escuela Militar de Tropas Montadas que curiosamente funciona dentro del mismo predio de Campo de Mayo, aunque –aclararon los voceros) “se trata de otro organismo y no hay inmediatez alguna entre aquel y la Dirección General de Educación”.
La jefa del Departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Educación, teniente coronel María Lorena Martínez, justificó el levantamiento de la suspensión del acusado “en la especial circunstancia que la denunciante se encuentra con parte de enferma por psiquiatría desde diciembre de 2023”.
La polémica decisión fue valorada por el Director General de Educación, con el asesoramiento de la jefa de asesoría jurídica, “en función de las constancias probatorias recolectadas en las actuaciones disciplinarias”, según explicó a la Justicia en su declaración testimonial.
“No había posibilidad de que el denunciando influya en las actuaciones”, señaló sin mencionar el riesgo que su regreso pueda significar para otra mujeres que trabajan en Campo de Mayo.
María de los Ángeles Giménez, una de las abogadas de la víctima, explicó a PERFIL que su defendida denunció el hecho 15 días después, “porque sus superiores y compañeros le manifestaron que nadie le iba a creer”. “No es ninguna noticia lo que le pasó a mi representada. Es la respuesta de un órgano patriarcal como es el Ministerio de Defensa de la Nación. Luego, cuando se animó, fue a la Comisaría de la Mujer, pensando que la iban a escuchar. Pero el fiscal de la UFI de San Martín archivó la causa”, relató la asesora.
“Cuando nos volvimos a presentar comienza la investigación. La cita a mi defendida para ampliar la testimonial, pero los funcionarios le dijeron que no había una declaración para ella y le pidieron que llenara una planilla. Salió llorando porque la maltrataron. Luego, cuando se hace una nueva presentación a la fiscalía general de San Martín, recibe una disculpa y comienza la investigación”, señala sobre las trabas que sufrieron para denunciar el abuso en una sede del Ejército.
“El acceso a la Justicia de las mujeres víctimas de violencia de género es muy difícil. Y en este caso particular es doblemente difícil, porque tiene el plus que ella es soldado voluntario de las Fuerzas Armadas, que los dos eran compañeros y no pareja. Pero, para la investigación interna de las Fuerzas Armadas, los testimonios de sus compañeros, la mayoría hombres, dicen que era la amante del soldado abusador”.
La abogada destacó “la necesidad de la aplicación de la Ley Micaela para todos los organismos públicos”. “Están más preocupados por el juicio interno que por el de la Justicia. Lamentablemente, para que le crean, va ser revictimizada, pero creemos en la Justicia Federal y en el Ministerio Público Fiscal que están trabajando en buscar la verdad”, amplió la abogada que asiste a la soldado junto a Jazmín Ailen Guzzo.
A seis meses del ataque, la víctima se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. Su anhelo era permanecer en la fuerza, pero desde que se inició la causa ese sueño desapareció para siempre. Hoy solo pide Justicia.
Un centro de tortura y exterminio
En Campo de Mayo funcionaron varios centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Uno fue “El Campito”. Durante la dictadura estuvieron secuestradas cerca de 5 mil personas perseguidas por su militancia política, social y sindical.
Fue la sede del Comando de Institutos Militares y estuvo a cargo de la Zona de Defensa IV. Desde allí coordinaban las tareas de represión que abarcaban a los partidos de Escobar, Tigre, San Isidro, San Martín, San Fernando, San Vicente, Pilar, General Sarmiento, Tres de febrero y Zárate.
“El Campito”, que funcionó entre 1976 y 1983, fue el centro de detención más brutal de todos. Allí los militares exploraron con nuevas técnicas de tortura como la picana automática, se produjeron sistemáticamente abusos sexuales y se realizaban los “traslados”, como llamaban cínicamente a los “vuelos de la muerte”.
