Se tendrán en cuenta deudas incluidas en planes de facilidades de pago -caducos o no- y en discusión administrativa y judicial, previéndose para estos casos la extinción de la acción penal
una vez cancelada la totalidad de la deuda, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación, según el estudio Edelstein, Mariscal, Torassa & Asoc.