“Esta propuesta, por lo mismo, es claramente inconstitucional, pues viola el principio de “progresividad” o de no “regresividad” de los derechos sociales que consagra la Convención Americana de Derechos Humanos
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales, que revisten jerarquía constitucional en la República Argentina (CN art 75 inc. 22). Y también es inconstitucional porque al arrojar virtualmente a la calle sin ningún tipo de recursos al trabajador y a su familia por un período incierto, quebranta en igual medida el derecho a un nivel de vida digno que tutelan los tratados internacionales a los que adhirió nuestro pais y conculca, asimismo, el art. 14 bis de la Constitución Nacional”, señaló Herrero.