La investigación comenzó, en febrero de 2019, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) denunció que, en septiembre de 2012, Jorge Ernesto Rodríguez y otro accionista de
la empresa “Helicopter Corporation SA” ingresaron al país U$S 1.715.000 mediante la simulación de un préstamo que les había concedido una empresa offshore, que recibía fondos de otras empresas que figuraban a nombre de Molinolo Menafra y de Dentone Loinaz, pero que eran supuestamente propiedad de Rodríguez.