Depende de la interpretación que la Cámara Federal realice de los hechos, la causa puede ser remitida a los tribunales federales de San Isidoro, donde se investigó el caso de la
fiesta en Olivos, o a la justicia penal ordinaria para su sorteo. Esa duda refiere a dónde se pondrá el acento: si en la víctima -que no era funcionaria pública y por eso no corresponde tramitar sus denuncias en la justicia federal- o en el lugar en el que ocurrieron los supuestos delitos. Es decir, la Quinta en la que viven los presidentes, cuyos silenciosos jardines fueron testigos de reuniones secretas, pactos históricos, jornadas memorables y, al parecer, también noches violentas.