Establece un mecanismo de cálculo indemnizatorio que aumenta los intereses que se generan desde el momento de la desvinculación hasta que la Justicia dispone la sentencia. Agrega, a la tasa que
paga el Bapro, una fórmula adicional basada en el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), más un 6% anual. Es, dicen las autoras, una cláusula que ya se aplica desde hace años en Capital Federal.