El proyecto, argumentaron, se basa en cuatro pilares fundamentales: eficiencia y ahorro, al simplificar el proceso electoral y reducir drásticamente la impresión y distribución de boletas; modernización, siguiendo el ejemplo de
provincias como Mendoza y Córdoba; equidad, asegurando que todas las fuerzas políticas tengan presencia en el recinto de votación, y transparencia, eliminando prácticas fraudulentas como la manipulación y el robo de boletas.