En la resolución dictada, el tribunal expresó que "la Ley 7138 establece un trámite para allanar la inmunidad de los magistrados o funcionarios acusables ante este Jurado de Enjuiciamiento, que consiste
en examinar los antecedentes acompañados y evaluar el asunto, no desde el punto de vista jurídico sino desde la política y ética en salvaguarda del prestigio, autoridad y eficiente funcionamiento de la Justicia”.