Los niños del Próvolo vivían "un silencio que aturdía", aseguró el procurador

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El procurador de la Corte mendocina Alejandro Gullé, aseguró este sábado tener “muy buena expectativa de un resultado condenatorio” a los dos sacerdotes y al jardinero acusados por
abusos sexuales cometidos en el Instituto Antonio Provolo, y remarcó que en esa institución para niños hipoacúsicos se vivía “claramente un silencio que aturdía”.

“Fuimos los primeros, aquí en Mendoza, que hemos sometido a juicio a sacerdotes de esta orden, que se sabía que venía de la ciudad de Verona (Italia) y que venia escondiéndose de un lado para otro”, dijo el jefe de los fiscales provinciales.

Y, remarcó que "se ha logrado desentramar algo que estaba cerrado, era claramente un silencio que aturdía”.

A la espera de que el lunes la justicia dicte sentencia por los abusos sexuales con acceso carnal cometidos en ese Instituto religioso, Gullé dijo a radio Nihuil que tenía “una muy buena expectativa de un resultado condenatorio” y que sentía “satisfacción porque se ha puesto en valor la tarea del Ministerio Publico”.

Los tres imputados de la causa principal son los sacerdotes Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (61), y al jardinero Armando Gómez (51), juzgados por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores contra menores de edad hipoacúsicos”.

Los jueces del Tribunal Penal Colegiado 2, Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, leerán el lunes antes del mediodía la sentencia, donde se espera la presencia de víctimas, familiares, y numerosos medios de prensa locales e internacionales por lo que se dispondrá de un fuerte operativo en el lugar, adelantaron fuentes de tribunales.

En las etapas de los alegatos, los abogados Oscar Barrera y Leandro Lanci, que actúan en representación de cuatro víctimas del Próvolo solicitaron la pena máxima para este tipo de delitos contra la integridad sexual, es decir 50 años de cárcel de cumplimiento efectivo, contra Corradi y Corbacho, mientras que para el jardinero Gómez, pidieron 30 años de reclusión.

Previamente el Ministerio Publico Fiscal solicitó una pena de 45 años para los sacerdotes y 22 años y medio para Armando Gómez.

A su turno, Alicia Arlotta, defensora oficial de los curas planteó en su alegato la nulidad de todo lo actuado basándose en que “se violó el derecho a la legítima defensa" y argumentó que como “no hubo fechas certeras de cuándo se dieron los hechos, no pudo defender correctamente a los imputados".

En su alegato solicitó además que, en caso que el tribunal no haga lugar a la nulidad, se absuelva a sus tres defendidos y en caso de haber condena que esta sea la pena mínima de diez años.