Hacia el 10D: la mesa chica del salario y el casting de ministros

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Todo indica que una de las primeras medidas del nuevo gobierno comprendería un anuncio para “poner plata en el bolsillo de la gente”, como prometió Alberto

Fernández en campaña.

La idea en abstracto genera simpatía. No obstante, cuando se le agrega precisiones sobre cuánta plata se pondría en el bolsillo, la propuesta pierde brillantez.

Claudio Moroni, el probable futuro ministro de Trabajo (que en los hechos ya actúa como tal), encaró un intercambio con la cúpula de la CGT (una mesa chica, muy chiquita) para establecer los parámetros de una suba generalizada de salarios, jubilaciones y asignaciones. La iniciativa podría efectivizarse a través de un decreto presidencial.

Los encumbrados de la central de trabajadores dejaron trascender al menos dos alternativas en análisis. Una de ellas comprende la aplicación de un aumento generalizado de entre el 10 % y el 20 %.

La pérdida del poder de compra del salario en el empleo privado formal se aproxima al 20 % entre noviembre de 2015 y octubre de 2019. En el mejor de los casos, si el aumento generalizado que anuncie el futuro gobierno fuera del 20 %, alcanzaría para recomponer el poder de compra de este segmento de trabajadores.

Claro que estas estimaciones no consideran la inflación de noviembre, que las consultoras anticipan será muy elevada, y la que se despliegue en diciembre: los capitalistas siempre van un paso adelante y siguen aumentando los precios sin esperar ninguna paritaria ni decreto.

Entre los empleados públicos nacionales el retroceso del poder de compra supera el 30 % en la gestión Cambiemos, es decir que no se reintegraría de manera íntegra con un 20 % de aumento.

Para el empleo no registrado (en “negro”), que alcanza a más de un tercio de la fuerza laboral, no existen datos para estimar la retracción desde 2015, pero no se necesita ser un matemático para afirmar que la pérdida del salario real es superior que en los sectores formalizados.

De hecho, los datos que sí están disponibles desde octubre de 2016 hasta la actualidad (es decir, en un período más acotado que el período presidencial que está por concluir) indican que el empleo no registrado sufrió una pérdida de más del 20 % en el poder de compra.

En este sector, carente de formalidad y representación gremial, tendría un efecto mínimo o nulo un aumento por decreto. Seguramente, la mayoría de las patronales no lo pagará.

Aún si se estableciera en alguna proporción la recomposición del poder de compra, a la clase trabajadora no le devolverían el consumo perdido durante casi cuatro años de gestión macrista.

Según estimaciones de La Izquierda Diario, en el sector privado registrado, entre diciembre de 2015 y junio de 2019, el salario perdido mes a mes debido al efecto de la inflación suma un total de $ 153 mil. Es un ahorro en salarios que fue embolsado por los empresarios. En las medidas del futuro gobierno, claramente, no está contemplado restituir ese robo.

De acuerdo a cálculos de ATE Indec, las y los empleados públicos nacionales, para una categoría testigo del convenio SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público) acumulan una pérdida salarial de $ 251 mil entre noviembre de 2015 y septiembre de 2019: es la suma que deberían recibir en compensación por el retroceso del poder de compra de su salario.

En el caso de los jubilados, La Izquierda Diario estimó que la pérdida del poder de compra del haber mínimo alcanza al 20% entre noviembre de 2015 y septiembre de 2019. Y el consumo perdido en ese período suma $ 94 mil.

De todos modos, parece una ilusión exagerada esperar que el aumento generalizado que pueda anunciar el próximo gobierno vaya a ubicarse entre el 10 % y el 20 %.

La otra opción en análisis comprendería, no ya un aumento porcentual, sino una suba de un monto fijo que podría oscilar entre los $ 5.000 y $ 7.000. En cualquiera de los casos, se trataría de dinero que contaría a cuenta de futuros aumentos en paritarias para el caso de los trabajadores en actividad, tal vez no así para jubilados y beneficiarios de asignaciones.

La argumentación que emergió de la mesa chica que discute el salario de millones es que la aplicación de un monto fijo tiene mayor impacto en los salarios más bajos. De esto, no hay dudas. Como tampoco hay dudas que esos montos fijos están lejísimo de recomponer los $ 153 mil que les robaron a aquellos que trabajan en el sector privado, los $ 251 mil que perdieron los estatales o los $ 94 mil de los jubilados.

En síntesis, las alternativas en análisis resultan insuficientes desde todo punto de vista: no recomponen el poder de compra del salario al nivel de 2015 ni compensan la pérdida de consumo que experimentaron las familias mes a mes durante la era Macri.

Todo indica que esa “recomposición” de ingresos sería la pieza fundamental para luego instaurar un acuerdo de precios y salarios en el marco de un pacto social, en el cual incluso no se descarta una suspensión de las paritarias.

El pacto social que promueve Alberto Fernández significaría, en estas condiciones, cristalizar la ventaja que obtuvieron los capitalistas durante los últimos cuatro años.

A un sindicalista de perfil centroizquierdista, muy lejano de las tertulias de la mesa chica de la CGT, se le escuchó decir que a diez días del nuevo gobierno todavía no hay definido un modelo de país. Un síntoma, tal vez, de que se está perfilando un país distinto al que imaginó. Esperar y ver.

Gabinete en disputa

Existen algunas piezas del futuro gabinete que empiezan a confirmarse luego de un primer reparto que habría sido pactado entre les Fernández –Alberto y Cristina-.

Estaría definido que Mercedes Marcó Del Pont encabezaría la AFIP, Alejandro Vanoli la ANSES y Miguel Ángel Pesce presidiría el Banco Central. Todas son figuras que estuvieron al mando del Central en el gobierno de los Kirchner.

Matías Kulfas, uno de los economistas más cercanos a Alberto Fernández, comandaría el área de la Producción, ya sea con un superministerio que concentre las tareas de Producción y Hacienda (es decir, Economía) o que se encargue sólo de la primera de esas dos tareas.

Guillermo Nielsen, uno de los más ortodoxos economistas que acompaña al presidente electo, prepara un proyecto de ley que ofrecería en Vaca Muerta condiciones más leoninas incluso que las acordadas por Axel Kicillof con Chevron. El objetivo: libertad de mercado absoluta para el saqueo internacional de Vaca Muerta.

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Aun así, Nielsen tal vez sería un ministro sin cartera. Podría ser colocado a cargo de una unidad especial con un fin específico: renegociar la deuda, tarea en la que ya se viene involucrando. Para tal fin, contaría con la colaboración de asesores de la consultora EcoGo de Miguel Bein y de la que encabeza el ultraliberal Miguel Ángel Broda.

Sería el triunfo tardío de Daniel Scioli, quien también se asesoró con Bein en su fallido intento presidencial. Marina Dal Poggetto, la directora de EcoGo, señaló (seguramente en sentido contrario del sindicalista para el que no hay modelo de país a diez días del nuevo gobierno), la carencia de un programa económico que “por ahora no se vislumbra”.

Mientras en la previa al 10D proliferan los cálculos acerca de cuán voluminosa será la deuda que deberá afrontar en lo inmediato el futuro gobierno con las escasas reservas que heredará, Alberto mantiene el misterio sobre el futuro encargado de Economía.

Existe un lobby intenso de bancos, fondos de inversión y de diversos sectores del establishment para influir sobre el futuro ministro de Economía.

Uno de los postulados es Martín Redrado. El “Golden Boy” con posgrado en Harvard fue el presidente que se atrincheró en el Banco Central en enero de 2010 para negarse a pagar deuda con reservas, contrariando la decisión de Cristina Fernández. Luego actuó como perito en la causa del dólar futuro que involucró a Axel Kicillof y a la misma Cristina. Los vetos, como las brujas, no existen, pero que los hay, los hay.

Sergio Massa develó a fondos influyentes de Wall Street que Alberto mantiene guardada una sorpresa en relación a Economía que agradará a los “mercados”: ¿hablaba de Martín Redrado? Difícil saberlo.

Banqueros locales impulsan a Emmanuel Álvarez Agis. El ex viceministro de Economía en tiempos de Kicillof plantea un acuerdo rápido con el FMI y los acreedores privados. Esto requiere continuar con el ajuste fiscal y reformas estructurales.

La prenda de cambio con el Fondo sería una reforma jubilatoria o, al menos, un nuevo cambio en la movilidad en detrimento de los haberes jubilatorios. Agis propone un trueque adicional: que el Fondo permita usar los recursos para la “salvaguarda social” pactada en el acuerdo firmado con Macri para dar un primer aumento jubilatorio.

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Martín Guzmán, un discípulo del Premio Nobel Joseph Stiglitz, que desarrolla su carrera en Columbia University, propone postergar el pago de vencimientos de deuda por dos años y no realizar nuevos acuerdos con el FMI: “Cada dólar que se pague de deuda es más recesión”, explicó luego de las PASO en su visita a Buenos Aires. No plantea una ruptura, sino pedir aire a los que ahogan el país. Su nombre también se incorporó a la nómina de postulados.

Entre tantas elucubraciones, surge un dato nítido: las recetas de austeridad que fueron derrotadas en las urnas perviven en las ideas de muchos postulantes a dirigir la política económica.

No se puede conciliar mejorar la vida de las mayorías trabajadoras con seguir bajo el régimen del FMI y el sometimiento de la deuda. Este postulado de la izquierda tiene plena vigencia para el período que se abre el 10D.

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