El decreto regirá hasta fines de noviembre y la extensión será oficializada este jueves en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional oficializará este jueves la extensión por otros 60 días de la prohibición de producir despidos "sin justa causa y por razones de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor", por lo que el decreto regirá hasta fines de noviembre, informó a Télam el Ministerio de Trabajo.

La prohibición de producir cesantías se publicará este jueves en el Boletín Oficial, según aseguraron las fuentes oficiales, en el contexto de un decreto que firmará el presidente Alberto Fernández "en acuerdo general de ministros", aseguró.

La decisión fue adoptada en el contexto de "la emergencia pública económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social" determinada por la Ley 27.541, la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por decreto 260/20 y las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social" de los decretos 297/20 y 520/20.

También el decreto presidencial prorrogará la prohibición de suspender por causas de "fuerza mayor o ausencia o disminución de trabajo" por ese plazo, a excepción de las realizadas según el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), según especificaron a esta agencia las fuentes laborales.

La medida ratificará también que "los despidos y suspensiones que se dispongan y violen las disposiciones adoptadas no producirán ningún efecto", y que "se mantendrán vigentes las relaciones laborales y sus condiciones actuales".

La prórroga de despidos y suspensiones no se aplicará a las contrataciones realizadas con posterioridad a su vigencia, pero la medida "no será de aplicación en el sector público definido en el artículo 8 de la Ley 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que esté sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran".

UNA INMOBILIARIA Y UNA AGENCIA DE NOTICIAS

En las actas secretas de la AFI aparecen empresas manejadas por la casa de los espías y que entrado el gobierno de Macri sus acciones aún estaban en manos de Stiuso.

El libro de actas 2016-2018 de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), al que accedió El Destape, revela la existencia de varias empresas manejadas desde la casa de espías. Los documentos muestran que contaban con una inmobiliaria y una agencia de noticias, que las acciones de esas empresas estaban en manos de Antonio Horacio Stiuso hasta entrado el 2016 y que siguieron funcionando durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Las empresas se llaman Tiumayú y Agencia Noticiosa Saporiti. Ambas existen, figuran en el Boletín Oficial y registradas ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Tiumayú opera como inmobiliaria y apareció en diversos casos de operaciones truchas. De la Agencia Noticiosa Saporiti su tarea parece obvia. Según se desprende de las actas de la AFI, las acciones de ambas estaban a nombre de Stiuso hasta agosto de 2016, aunque en los registros públicos el ex director de Operaciones de la SIDE no figura.

Tiumayú fue creada el 15 de marzo del 2000. Figuran como socios Juan José Gallera y Gabriel Mario Presa. Gallea es uno de los históricos contadores de la SIDE, que pasó un tiempo manejando los negocios de Sergio Szpolski para retornar a la casa de los espías durante la gestión de Mauricio Macri. En 2002 se cambiaron las autoridades de la sociedad. Asumió Alfredo Enrique Colombo como presidente y Fernando Alberto Pochat como director suplente.

La dirección de la empresa era Reconquista 672, la misma del estudio de abogados Archimbal, Bissoni, Carcavallo, Vila & Asociados, ligado a los negocios del submundo de los espías. Horacio Verbitsky publicó que “en el estudio de Vila y Archimbal se constituyó en el año 2000 la sociedad que debía administrar los fondos clandestinos de la SIDE, durante la presidencia de Fernando De la Rúa”. Se ve que siguió operativa. Verbitsky también reveló en El Cohete a la Luna que Luis Vila y Fernando Archimbal se disputaban la extorsión a un ex secretario de CFK con el espía ilegal Marcelo D’Alessio.

La resolución 582 “S” (la letra parece indicar que es una resolución secreta) del 9 de agosto de 2016 dispuso el cambio de titularidad de las acciones de la sociedad Tiumayú que aún figuraban a nombre de Stiuso. Pasaron a manos del agente José María Padilla.

Al día siguiente, la resolución 587 “S” hizo lo mismo con las acciones de la Agencia Noticiosa Saporiti, que también pasaron de Stiuso a Padilla.

La agencia tiene otra historia. Fue creada en 1970 y tiene domicilio en avenida de Mayo 1366, en la planta baja. Es el edificio Barolo, donde hay una base de la SIDE donde se guardaba documentación. "La agencia Saporiti fue una agencia de cobertura de la SIDE. (...) La SIDE la compra en 1976 o 1977 a Saporiti y funcionó en el Palacio Barolo" explicó Stella Segado, que trabajó con los archivos de 1.500 Actas Secretas de las Juntas Militares que encontró el Ministerio de Defensa en 2013.

En una entrevista con Luciana Bertoia y Alejandra Dandan, Segado detalló: "En los años ´90, la desarman cuando pasa a funcionar ahí la Dirección de Terrorismo, lugar de guarda del material que se desclasificó para la causa de AMIA. Material con el que yo trabajé. Dentro de Barolo había fotos de la agencia con la fachada ubicada sobre Avenida de Mayo con un cartel luminoso que decía Agencia Saporiti. La agencia usaba supuestos periodistas para entrar a embajadas, eso ya es público. Mandaban corresponsales a cubrir un evento, el supuesto periodista se mezclaba entre la gente, sacaba fotos y señalaba con un dedo a la persona que le interesaba".

En el Boletin Oficial figura la disolución de la sociedad el 4 de abril de 2003, nombrándose liquidador a Hernán María Martiré Palacio. Pero las actas de la AFI 2016-2018 indican que aún estaba vigente. Martiré era además parte de la estructura de Jurídicos de la AFI macrista.

Según ordenó el tribunal, los tres magistrados deberán ahora regresar a sus juzgados originales, “sin perjuicio” de la finalización de los procesos orales que se encontraban en trámite, para asegurar así “una adecuada administración de justicia”.

La Cámara Federal de Casación Penal acató los decretos del Poder Ejecutivo que hacen cesar en sus cargos a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y al miembro del Tribunal Oral Federal 7 German Castelli, adonde habían sido trasladados por decreto del expresidente Mauricio Macri, y a la vez dispuso el término de las subrogancias que ejercían los jueces que reemplazaron a estos magistrados en sus juzgados originales.

La decisión fue adoptada a través de la resolución número 272/2020, en su carácter de Tribunal de Superintendencia de los jueces federales, que preside Angela E. Ledesma, como presidenta de la Cámara, y conformada por Ana María Figueroa, Guillermo J. Yacobucci, Eduardo R. Riggi y Mariano H. Borinsky, titulares de las cuatro salas que la integran.

En el primer caso, por unanimidad, el Tribunal decidió aceptar los decretos 750, 751 y 752 del Poder Ejecutivo Nacional, publicados en el Boletín Oficial, por el cual se dejó sin efecto los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que habían sido dispuestos en 2018 por decreto de Macri sin acuerdo del Senado de la Nación, que ayer se expidió en rechazo de los traslados.

En la misma resolución, el Tribunal se pronunció por la finalización de las subrogancias que ejercían los jueces que habían reemplazado a estos magistrados en sus juzgados originales, "sin perjuicio" de que sean los suplentes quienes concluyan "los juicios orales en trámite, asegurando una adecuada administración de justicia", según señaló.

En este caso, la decisión se adoptó por el voto mayoritario de Ledesma, Borinsky y Figueroa, quienes se inclinaron por hacer cesar las subrogancias, mientras que Yacobucci y Riggi, según fuentes judiciales, se pronunciaron por limitarse a "elevar" esta situación a consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De este modo, los jueces cuyos traslados se dejan sin efecto deberán ahora volver a sus cargos anteriores: Bruglia al Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py, Bertuzzi al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y Castelli al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín.

Como parte del trámite, el Consejo de la Magistratura había notificado hoy a la Cámara Federal de Casación, que es la autoridad administrativa de los jueces federales, la decisión del Senado de suspender los traslados dispuestos por un decreto del entonces presidente Macri.

El decreto 750/2020, que deja sin efecto el 278/2018, establece que el traslado de Bruglia del Tribunal Oral Federal 4 de la Capital Federal a la sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal "no había completado el procedimiento" previsto en la Constitución Nacional, "ni se ajustaba a los parámetros estatuidos por la Corte Suprema en las Acordadas 4/18 y 7/18".

De la misma forma, el decreto 751/2020 suspende el 902/18, que dispuso el traslado del juez Germán Castelli del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral Federal 7 de la Capital Federal.

Y el decreto 752/2020 deja sin efecto los 438/10 y 835/18 que dispusieron el traslado del juez Pablo Bertuzzi del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Capital Federal, y de éste a la sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

Los jueces cuyos traslados fueron dejados sin efecto hicieron distintas presentaciones para revertir esta situación ante la Corte Suprema, que aún no se pronunció.

El gobernador de la provincia fue hisopado con "resultado negativo" debido a que miembros de sus custodia personal dieron positivos para la enfermedad.

Por Corresponsal|El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, debió ser aislado de manera preventiva y someterse a un hisopado por coronavirus luego de que parte de su custodia diera positivo de Covid-19, según informaron autoridades provinciales.

La presidenta del Comité de Crisis de la provincia, María José Zanglá, aseguró anoche que el gobernador de la provincia fue hisopado con "resultado negativo" debido a que miembros de sus custodia personal dieron positivos para la enfermedad y algunos "están asintomáticos y otros con síntomas leves", aclaró.

"Todo ese grupo se encuentra en aislamiento en el Centro de Leves de la Escuela de Policía, reservada para el personal esencial de las fuerzas de seguridad", explicó y agregó que quienes "dieron positivo fueron aislados y los que son contactos estrechos también están aislados".

Zangla, informó que se repuso el segundo equipo de trabajo, que es el que estaba de reserva para intercambiar en estos casos, ya que los grupos de trabajadores esenciales se han dividido y cumplen sus tareas cada 14 días.

El gobernador "es contacto estrecho de sus custodias y su análisis de PCR "resultó negativo y se encuentra en aislamiento domiciliario", describió Zanglá.

No obstante, aseguró que se encuentra trabajando mediante videoconferencia, con todos los miembros de su gabinete.

En Puma confirmaron que en el transcurso de las próximas horas seguirán los pasos de YPF y Shell, mientras que desde Axion informaron que todavía no ajustaron sus precios, a la espera de evaluar el impacto en el mercado.

La petrolera Raizen -a través de su marca Shell- se sumó a la decisión de YPF de incrementar desde el primer minuto de este sábado el precio de los combustibles 3,5% promedio, con un ajuste diferencial de valores de acuerdo a la región del país.

“En Raizen, aumentamos los precios de nuestros combustibles Shell, en línea con lo que hizo YPF a nivel país, a partir de la 0 hora de hoy”, señalaron este mediodía fuentes de la compañía a Télam.

En Puma confirmaron que en el transcurso de las próximas horas seguirán los pasos de YPF y Shell, mientras que desde Axion informaron que todavía no ajustaron sus precios, a la espera de evaluar el impacto en el mercado.

Los precios de referencia de Axion en la ciudad de Buenos Aires siguen siendo: Nafta súper, $57,28 el litro; Quantium nafta, $66,29; Diesel, $54,14 y Quantium diesel, $62,85.

El viernes, YPF señaló que la suba en los precios de los combustibles se decidió "con el objetivo de sostener la actividad de producción de la compañía teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país".

Se trata del segundo aumento dispuesto por la empresa desde diciembre 2019. El anterior se había concretado el 19 de agosto, con una suba promedio de 4,5%, y es parte de la recomposición de precios en surtidor para el sector.

En base a una relevamiento realizado por Télam en estaciones de servicios de YPF en la Ciudad de Buenos Aires, la nafta súper pasó a costar $59,49 el litro; la nafta Infinia, $68,63; el Diesel 500, $55,56; e Infinia Diesel, $64,99.

El incremento en los precios de los combustibles es de 3,5% promedio, con un incremento mayor para el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la suba promedio fue de entre 4,8% y 4,9%.

La suba en los precios de los combustibles se decidió "con el objetivo de sostener la actividad de producción de la compañía teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país"

Comunicado de YPF

El esquema de incremento dispuesto por YPF fue replicado por Raizen, según fuentes del sector.

"Este aumento se encuentra en línea con la decisión de recomponer asimetrías históricas a nivel federal, recortando brechas entre la Capital Federal y el interior del país", dijeron en YPF.

La petrolera también comunicó que sostiene el descuento al personal de salud del 15% que alcanza a unas 100.000 personas que se encuentran adheridas al programa de YPF.

El último incremento se había registrado el 19 de agosto y había sido de un 4,5 % promedio.

La iniciativa, dada a conocer por el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán, precisa que para fin de este año el PBI cerraría con una caída de 13,6%, una inflación en torno al 32% y un dólar oficial alrededor de $ 81,4 promedio.

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto para 2021, que prevé un crecimiento del 5,5% del Producto Bruto Interno, una inflación del 29 % y un dólar en torno a los $ 102,4, para fin del año.

La iniciativa, dada a conocer por el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán, precisa que para fin de este año el PBI cerraría con una caída de 13,6%, una inflación en torno al 32% y un dólar oficial alrededor de $ 81,4 promedio.

Este proyecto de presupuesto "define un camino de reconstrucción para levantarnos y volver a andar", dijo Guzmán a la prensa, al referirse al envío del proyecto.

Uno de los principios fundamentales que animan al Gobierno es "impulsar la recuperación económica con un esquema de política fiscal expansiva y un Estado que cumple un rol fundamental para proteger a los sectores más vulnerables, incentivar el mercado interno y potenciar un crecimiento de la producción y de las exportaciones. Ejes esenciales para que nuestro país pueda sostener el crecimiento", dijo el funcionario.

Junto con esto, el proyecto apunta a la "sostenibilidad fiscal" la cual "requerirá de esfuerzo consistente para lograr un equilibrio" en las cuentas públicas, que cerrarán con un déficit primario equivalente a 4,5 puntos del PBI "compatible con un crecimiento inclusivo", añadió.

   "Este Presupuesto define un camino de reconstrucción para levantarnos y volver a andar"

   Martín Guzmán

Las perspectivas para el año que viene apuntan a que las exportaciones crecerán 10,2% y las importaciones 16,3%, lo que dejará un saldo de balanza comercial superavitario en torno a los US$ 15.087 millones, por debajo de los US$ 17.260 estimados para este año.

El año próximo, el consumo privado aumentará un 5,5%, contra una baja del 13,6% estimada para este año, mientras que el Consumo Público subirá 2%, frente a la merma del 2,1% del 2020.

En tanto que la inversión, que este año se estima caerá 25,6%, aumentará 18,1% en el próximo, detalla el proyecto de Ley ingresado a la Cámara Baja.

Guzmán destacó que "los objetivos estructurales del Gobierno Nacional son construir un modelo de desarrollo sustentable en términos económicos, sociales y políticos que reúna en simultáneo cinco condiciones estructurales: inclusión, dinamismo, estabilidad, federalismo y soberanía".

El déficit fiscal en torno a 4,5 puntos del PBI "es un nivel que apunta a garantizar una recuperación sostenible de la actividad y el empleo y un fortalecimiento de la inversión pública en áreas estratégicas".

"Es un nivel adecuado y asequible en términos de financiamiento, compatible con la estabilidad y consistencia macroeconómica", además "la dinámica de los ingresos y el gasto públicos tenderá a normalizarse respecto a la excepcionalidad de 2020 en el marco de la pandemia Covid-19", destacó el titular de Economía.

Guzmán destacó que el Estado "tendrá un rol activo en el proceso de reconstrucción" y que este proyecto de Presupuesto "es para la recuperación económica".

El proyecto de Ley contiene prioridades estratégicas como la reactivación productiva, la generación de empleo, el apuntalamiento de las capacidades de innovación de las y los argentinos, el fortalecimiento de la educación y la salud.

"Además, por primera vez en la historia argentina, el Presupuesto incorpora la perspectiva género y diversidad", destacó el Ministro.

La infraestructura volverá a ser un motor de la economía, la generación de empleo y la competitividad de las empresas argentinas con un criterio inclusivo y federal.

"Para eso duplicaremos la inversión real en infraestructura productiva y social respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en $835.000 millones o 2,2% del PBI", destacó.

Un segundo pilar será una "recuperación sustentable requiere no sólo de políticas de demanda sino también de políticas productivas que generen mayor capacidad de oferta agregada futura".

"Será crucial apoyar financieramente a nuestras empresas en esta etapa de recuperación y de un necesario cambio estructural, especialmente de todo el entramado PyMe. En la misma línea, recuperaremos el valor de nuestro sistema científico tecnológico", sentenció el ministro.

La línea para inversión productiva será por $10.000 millones a 36 meses de plazo con seis de gracia, en tanto la compra de electrodomésticos tendrá una tasa fija del 15% a pagar en 36 cuotas, por un monto de hasta $100.000 con la tarjeta Nativa.

El Gobierno nacional anunció hoy la puesta en marcha de nuevas líneas de financiamiento para inversiones productivas y compra de electrodomésticos, en el marco de un encuentro encabezado por el presidente Alberto Fernández en la planta de la firma Visuar, en el partido bonaerense de Cañuelas, en el que también estuvo presente el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

La línea de préstamos para electrodomésticos -que abarca a 230 modelos de ocho rubros de productos- es por un monto total de $100.000 con una tasa fija del 15% y en 36 cuotas; mientras que los créditos para inversión productiva serán por un total de $10.000 millones para grandes empresas y pymes, con tasas del 24% y 22%, respectivamente.

Kulfas, al presentar los créditos, dijo que "el primero tiene que ver con una línea de financiamiento del Banco Nación para la compra de electrodomésticos y el segundo con la inversión, con una línea de crédito para capital de trabajo por 10.000 millones de pesos".

La línea para inversión productiva será por $10.000 millones a 36 meses de plazo con seis de gracia, en tanto la compra de electrodomésticos tendrá una tasa fija del 15% a pagar en 36 cuotas, por un monto de hasta $100.000 con la tarjeta Nativa del Banco Nación.

El monto destinado a la inversión productiva contará con bonificaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) y tendrá una tasa de interés del 22% para Pymes y del 24% para grandes empresas.

Estas líneas se destinarán a la industria manufacturera y se aclaró que tendrán prioridad aquellos que compren bienes de origen nacional.

La propuesta tiene como objetivo garantizar que 1.000 empresas pequeñas, medianas y grandes accedan a estos créditos, que tendrán bonificaciones por $2.150 millones.

Las grandes empresas podrán tomar créditos por hasta $250 millones, mientras que el monto máximo para las Pymes será de $50 millones.

En el caso de los electrodomésticos, los créditos permitirán la compra de heladeras, lavarropas, lavavajillas, cocinas, ventiladores, calefones y termotanques.

Incluye 35 modelos de heladeras, 22 de lavarropas, 9 de cocinas a gas, 7 calefones a gas, 9 termotaques a gas, 4 termotanques eléctricos, un modelo de lavavajillas y 144 de ventiladores.

Quienes no sean usuarios de la tarjeta Nativa pueden tramitarla a través de la web del Banco Nación (www.bna.com.ar).

Estas medidas a favor de la producción y el consumo anunciadas por el Kulfas se suman a la reciente ampliación del plan Ahora 12, el programa de Precios Cuidados para la Construcción y la línea de créditos para la compra de motocicletas nacionales, entre otros recientes anuncios del Gobierno Nacional.

El ministro también se refirió al contexto que transita la economía a nivel internacional y minimizó los eventuales cierres de empresas radicadas en la Argentina.

"Sabemos que es un contexto difícil, de crisis internacional. Hemos escuchado hablar de éxodo de empresas y ésta es la muestra más clara de que no es así", señaló Kulfas al resaltar el anuncio de la empresa Visuar, dedicada a la producción de heladeras Samsung, que generará 100 puestos de trabajo en los próximos meses.

En este sentido, destacó que "la gran mayoría de los empresarios y empresarias están trabajando para producir, para aumentar sus inversiones, o en todo caso si están con complicaciones, lo hacen para sostener los puestos de trabajo".

"Trabajando para sacar a la Argentina adelante y esta es otra muestra, una más, de que hay nuevas inversiones", explicó el ministro.

   "Solo tenemos dos objetivos que cumplir: generar más producción y generar más trabajo, y esa será nuestra victoria."

   Alberto Fernández

De hecho, recordó que en las ultimas semanas se anunciaron inversiones en distintos sectores como "alimentos, bebidas, metalmecánica, autopartes y tantos sectores más que se están recuperando".

"Agradezco a las autoridades de esta empresa por haber confiado en Argentina y por comprender el rumbo que toma este Gobierno", concluyó Kulfas.

El Presidente, por su parte, dijo que “seguimos apostando a la Argentina, a la producción, a los industriales y al trabajo” y destacó la necesidad de que exista un compromiso de toda la sociedad para "que la Argentina mejore de aquí en más, a pesar de todos los agoreros y todos los que maltratan las ideas de quienes apuestan a producir y dar trabajo”.

“Solo tenemos dos objetivos que cumplir. Generar más producción y generar más trabajo, y esa será nuestra victoria. Es necesario que todos entendamos dónde estamos parados, y que estamos viviendo un tiempo de transición hacia el tiempo de instalación de parques industriales, de trabajo para la gente, y de producción”, agregó el jefe del Estado.

Durante el acto, el Presidente estuvo acompañado por el ministro Kulfas, la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; el presidente de Samsung, Ricardo Chang; y el titula de Visuar, Alejandro Schvartz.

La primera dama, Fabiola Yañez, acompañó al ministro de Desarrollo Social, Danel Arroyo, a recorrer un centro de desarrollo infantil en el municipio de Lujan, donde se firmó un convenio de ampliación de obras y financiamiento, bajo el Plan Nacional de Primera Infancia

El objetivo del Plan Nacional de Primera Infancia, es promover aperturas y fortalecimientos de Centros de Desarrollo Infantil para el cuidado integral de niñas y niños, de entre cuarenta y cinco días a cuatro años de edad. Teniendo como prioritario la situación de vulnerabilidad social, en pos de favorecer la promoción y protección de sus derechos.

Estuvieron presentes también en el acto: el intendente del municipio de Lujan, Lic. Leonardo Boto; el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Dr. Gabriel Lerner; el subsecretario de Primera Infancia, Nicolás Falcone; y educadoras del centro de desarrollo infantil “Compañeritos I”, que recibirá ayuda financiera para su funcionamiento, además de la construcción de una sala materno infantil.

Preocupada por el bienestar de los niños, sobre todo teniendo en cuenta las restricciones generadas por la pandemia, la Primera Dama, recorrió el lugar y tuvo contacto con las educadoras, para conocer sus necesidad e interiorizarse acerca de las acciones que realizan.

En el mismo encuentro, se acordó la remodelación de otros tres centros de desarrollo infantil (jardines de infantes) situados también en Lujan: Compañeritos I (Barrio Luchetti), Compañeritos II (Barrio Open Door) y Olivera (Barrio Olivera). Todas estas acciones se realizan a través de la secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Subsecretaria de Primera Infancia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Fabiola Yañez emocionada y comprometida con la niñez acompañará en lo sucesivo otras acciones del Plan Nacional de Primera Infancia, propiciando acciones y actividades que promuevan el desarrollo integral de los niños, fortaleciendo también el ámbito familiar y comunitario.

“Yo soy responsable de haber anulado el dispositivo del hombre muerto, pero eso no me impidió frenar el tren, yo activé los frenos manuales”, declaró Córdoba, según consta en el informe al que tuvo acceso Télam.

El maquinista condenado por la tragedia de Once, Marcos Córdoba, admitió "haber anulado el dispositivo (de freno) del hombre muerto" -uno de los cuatro sistemas de frenado del Ferrocarril Sarmiento-, pero aseguró que esa no fue la única causa del choque, ni le impidió aplicar los frenos manuales.

Las palabras de Córdoba quedaron asentadas en un informe de los primeros días de este mes elaborado por la psicóloga María Dolores Carbia y la trabajadora social Silvina Blanco, en el marco de la sustanciación de un pedido de su defensa para que se le conceda la libertad condicional dado que está por cumplir las dos terceras partes de su condena.

“Yo soy responsable de haber anulado el dispositivo del hombre muerto, pero eso no me impidió frenar el tren, yo activé los frenos manuales”, declaró Córdoba, según consta en el informe al que tuvo acceso Télam.

Fuentes judiciales sostuvieron que la defensa del maquinista, a cargo de la abogada Valeria Corbacho, solicitó que se declare la nulidad del informe realizado por Carbia y Blanco por considerar que se excedieron en su contenido, pese a que la conclusión de ese estudio fue a favor del detenido, a quien le pronosticaron una "favorable de integración al medio libre".

Entre las declaraciones que quedaron asentadas en el informe, producto de una charla que las especialistas tuvieron con Córdoba a través de la plataforma virtual Zoom, el maquinista se refirió a su detención: "No sé si es justo o no, yo tengo responsabilidad, anulé el dispositivo, pero no lo hice a propósito, nunca imaginé que algo así podía ocurrir".

"Me cargaron culpas de otras personas…también son responsables los empresarios que no habían hecho las inversiones", continuó el maquinista condenado a tres años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, por la tragedia ocurrida el 22 de febrero de 2012 en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.

Más allá de la declaración del imputado, la anulación del "freno del hombre muerto" ya había sido contemplada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 cuando dictó la sentencia condenatoria para Córdoba y otros acusados como el empresario Claudio Cirigliano y el exfuncionario Ricardo Jaime.

"Marcos Córdoba violó las reglas de buena conducción ferroviaria (…) al superar los límites de velocidad máxima establecidos para el recorrido e ingreso a la estación terminal, al disponer la anulación del freno de emergencia conocido como ´de hombre muerto, y al aplicar en forma tardía -y sin los recaudos que ameritaba- un sistema de detención que se presentaba con el fenómeno de ´freno largo´”, señalaron entonces los jueces del TOF 2.

En aquel fallo se indicó además que la dimensión de la tragedia no había sido solo por la falta de pericia del conductor sino también por la falta de mantenimiento de los trenes y del sistema ferroviario en general por lo que fueron condenados empresarios y exfuncionarios.

Córdoba está detenido en el penal de Marcos Paz desde el 5 de octubre de 2018 y cumple con una condena a tres años y tres meses de prisión efectiva, que originalmente era de tres años y medio pero fue reducida por la Cámara Federal de Casación Penal.

Con cambios sugeridos por la oposición, la iniciativa llega al recinto con 46 votos a favor en la comisión.

Por Cristian Carrillo|El proyecto de prohibición de que empresas o personas con negocios, domicilios o bienes radicados en paraísos fiscales accedan a asistencia estatal obtuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La iniciativa del diputado Pablo Carro (Frente de Todos) obtuvo el acompañamiento inédito de todos los integrantes presentes (virtualmente) de la reunión de Comisión de la Cámara baja, incluso de la oposición. El proyecto de ley de "Prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal", cuenta con el guiño del presidente de la Comisión en la Cámara baja, Carlos Heller, y el jefe del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

La iniciativa, según el texto al que accedió en exclusiva El Destape, bloquea la posibilidad acceder a cualquier ayuda estatal durante la emergencia sanitaria a "personas humanas o jurídicas residentes en el país, que tengan algún tipo de domicilio; o registro tributario de bienes físicos o financieros en países no cooperantes o jurisdicciones de baja tributación" y a condenadas por infracciones del Régimen Penal Tributario.

"Fue una iniciativa casi de sentido común. Después se la fue puliendo", explicaron a este medio fuentes vinculadas en el armado del proyecto. El propio Pastori reconoció: "No deja de sorprender que reciban estos fondos, pero está bien que se expida el Congreso". El diputado radical había señalado algunos puntos a tener en cuenta, aunque ya había adelantado su acompañamiento.

En la segunda jornada del debate en Comisión quedó en análisis para el armado, antes del tratamiento sobre tablas, algún plazo en el que venza el efecto de una causa de "probada evasión fiscal" en los términos de la proyecto. Pastori dijo que podría darse un plazo de cinco años, así no queda imposibilitado para siempre. Heller consideró que puede establecerse en diez años. No se definió.

En la lectura del dictamen, Carro notificó las cambios en el proyecto que se tomaron a partir de las sugerencias de Pastori. Según explicó, el proyecto "no va a hablar de países sino de jurisdicciones, y se especificará que sean de baja o nula tributación" y se incluye que esta prohibición no rige para "esquemas de blanqueo o moratorias". "Quiero expresar el reconocimiento de que se haya recogido la propuesta. Estamos de acuerdo que es un proyecto que nos representa y vamos a apoyar", agradeció Pastori. La votación fue de 46 positivos y hubo tres legisladores que no pudieron votar por problemas en la conexión.

Los encargados de darle forma a la iniciativa para que pase con éxito por la gimnasia parlamentaria fueron los diputados Kirchner y Heller. De ese pulido había ya surgido la ampliación del espectro a limitar. En un principio estaba pensando solamente para empresas, pero se incluyó a personas humanas con negocios en paraísos fiscales o probada evasión fiscal. A estas se les impedirá cualquiera asistencia económica estatal, subsidio, moratoria, condonación de deuda o préstamo con tasa de interés diferenciada.

"Es necesario una ley que proteja y priorice a las empresas domiciliadas en el país que habiendo cumplido con todos los tributos argentinos puedan recibir asistencia financiera en el ámbito de situaciones de emergencia, catástrofe o fuerza mayor, respecto de aquellas domiciliadas en ‘paraísos fiscales’ o que ha sido comprobada su evasión fiscal por parte de la AFIP”, argumentó Carro. El proyecto lleva también las firmas de los diputados (Frente de Todos) Hugo Yasky, Walter Correa, María Rosa Martínez, Patricia Mounier, Claudia Ormachea, Carlos Ponce, Ayelén Spósito y Juan Emilio Ameri.

La magistrada rechazó que participe como querella la unidad de inteligencia, que podría conseguir información internacional sobre las 950 cuentas de argentinos en el exterior que la OCDE le informó a la AFIP macrista.

La jueza María Eugenia Capuchetti rechazó que la Unidad de Información Financiera (UIF) sea querellante en la causa por las 950 cuentas de argentinos en el exterior sobre las que la AFIP macrista fue notificada y no tomó acciones. Si participa en el expediente, el organismo podría conseguir datos de inteligencia internacional sobre este millar de evasores que atesoran U$S 2.600 millones fuera del país. Por esto, apelarán la decisión ante la Cámara Federal.

Ante la existencia de divisas de ciudadanos en cuentas en el exterior que no fueron declaradas ante la autoridad fiscal, se deben investigar las potenciales maniobras de lavado. Ese fue el planteo de la UIF, que fue rechazado por la magistrada, según confirmó El Destape.

La decisión da indicios de que busca que la pesquisa se focalice en la responsabilidad de los exfuncionarios de AFIP que fueron notificados de este listado de 950 cuentas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto puede derivar en un final trágico, puesto que el poder económico (representado en parte en este grupo de potenciales mega evasores) puede quedar fuera de la lupa judicial. La causa podría, en última instancia, desviar la investigación y sólo enfocarse en controladores estatales de segunda o tercera línea.

En esta causa penal se investiga también si la información fue adulterada, recortada o eliminada parcialmente, puesto que se desconoce cuál fue la verdadera cadena de custodia. De este modo, se podría haber dado lugar a la prescripción de obligaciones impositivas en beneficio de los titulares de las cuentas alteradas u omitidas.

La jueza entonces se aboca a analizar las consecuencias jurídico-penales derivadas de la inacción de algunos funcionarios y de la manipulación de la información, lo que daría lugar a complicidades de funcionarios públicos con evasores. Si fuera el caso y esas personas se adhirieron al blanqueo de capitales de Mauricio Macri podrían sufrir consecuencias penales.

El pedido de participación de la UIF se encamina a analizar los hechos que habrían llevado a la evasión de los dueños de las cuentas ocultadas, la responsabilidad de ex funcionarios, la eliminación de parte de esos datos y determinar el origen de todo ese dinero. La pretensión no es caprichosa, sino que desviar dinero de la mirada del gobierno y no pagar los tributos perjudica al orden económico financiero del país y al conjunto de la sociedad, ya que se trata de menos recursos con los que cuenta el Estado para llevar adelante sus políticas.

En este caso se tratan de U$S 2.700 millones en cajas en el extranjero, poco menos de los U$S 3.000 millones que pretende recaudar el Gobierno con el proyecto de aporte de las grandes fortunas. En conjunto equivalen a $ 200.000 millones al tipo de cambio actual.

La investigación sobre los evasores

Desde el organismo anti lavado van a apelar tal definición debido a que consideran fundamental que desde la unidad se investiguen estos hechos, pudo saber este medio. La investigación penal se originó ante una presunta protección de los funcionarios de Cambiemos en AFIP a los aparentes evasores al ocultar la información sobre 950 cuentas de argentinos en el exterior por U$S 2.600 millones. La agencia recibió esos datos por la OCDE en el marco del proceso de intercambio entre organismos tributarios en 2017, por lo que fue guardada en la oscuridad por dos años enteros. El escándalo fue publicado por primera vez por Alejandro Bercovich siete meses atrás en BAE Negocios.

Se inicia el debate de impuesto a las grandes fortunas, Presupuesto y fondo de garantías de la Anses.

Esta semana el Congreso iniciará el debate de una serie de iniciativas del oficialismo, al tiempo que arribará un nuevo proyecto de Ley de Presupuesto para el año próximo. Mientras se aguarde por el ingreso de la Ley de Leyes, que prevé una inflación del 28%, crecimiento económico del 5,5%, tipo de cambio de 101 pesos para fines de 2021 y un déficit del 4,5% del Producto, comenzará el tratamiento en Comisión del proyecto del impuesto a la grandes fortunas y el de defensa de los activos del Fondo Garantías de la caja previsional de de la Anses.

Este martes vence el plazo legal para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de Presupuesto 2021. La expectativa está puesta en cómo se financiará el déficit fiscal, el cual fue confirmado por el Gobierno será de 4,5%. La estrategia, según definiciones de los últimos días por parte del equipo económico, será financiar el déficit con emisión de deuda en el mercado local para no recostarse tanto en la emisión monetaria. El macrismo hizo una apuesta similar pero con deuda en dólares, lo que, sumado a un proceso de financiarización de la economía que estimulaba la fuga de esas divisas, generó una crisis sin precedentes por su profundidad y velocidad.

El acuerdo con los acreedores externos, que permitió la reestructuración de más de 100.000 millones de dólares, le otorga algo de oxígeno a las cuentas públicas para poder enfocar el Presupuesto en medidas para reactivar la economía. Según anticiparon desde el Gobierno, el impacto del impuesto las mayores fortunas del país no estará incluido como recurso dentro del proyecto de Presupuesto. La iniciativa se tratará de manera simultánea pero independiente en el Congreso.

El proyecto que propone la creación de un aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, impulsado por el jefe del bloque Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, iniciará su debate en comisión este martes a las 15. Se trata de una contribución por única vez para quienes posean una riqueza declarada -al 31 de diciembre de 2019- superior a los 200 millones de pesos. Se estima que alcanzará alrededor de 12 mil personas. Y correrá también para los argentinos que residan en el exterior y se encuentren en “países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación en los términos de los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias”.

La alícuota será del 2% y se irá incrementando a medida que el patrimonio declarado sea mayor. Para los bienes que las personas alcanzadas tienen en el exterior, las alícuotas serán un 50% mayores. En el oficialismo estiman recaudar una suma de 300 millones de pesos, que serán destinados en un 20% para la compra de insumos y equipamiento de salud para atender la pandemia, un 20% para apoyo a las PyMEs mediante subsidios y créditos y un 15% para urbanizar los barrios populares con obras que empleen a los vecinos. Otro 25% restante se utilizará para hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural; y un 20% para financiar un relanzamiento del plan Progresar, dirigido a jóvenes estudiantes.

En el temario del martes se incluirá el proyecto presentado por el Ejecutivo para "Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino". La iniciativa modifica el artículo 28 de la Ley 27.260 y sus modificatorias, que disponía que las rentas del FGS debían ser utilizadas para el pago de la Reparación Histórica, sancionada durante el gobierno anterior. El objetivo es transferir la responsabilidad del pago al Ministerio de Economía, para que desde el Tesoro Nacional se abone la deuda con quienes tienen que cobrar mes a mes la reparación histórica de los jubilados y jubiladas y quitarle esa responsabilidad al FGS.