El cuerpo fue encontrado en un canal de agua entre las localidades bonaerenses de General Daniel Cerri y Villarino. En el lugar se hallaba esta noche la madre de Facundo junto a uno de sus abogados. Fuentes judiciales aseguraron a Télam que mañana viajarán cuatro expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense al lugar del hallazgo.

Un cadáver fue hallado semienterrado junto al lecho de un canal de agua entre las localidades bonaerenses de General Daniel Cerri y Villarino, y los investigadores procuraban determinar si se trata de Facundo Astudillo Castro, el joven que permanece desaparecido desde el 30 de abril pasado, cuando salió de su casa de Pedro Luro, informaron fuentes judiciales y policiales.

El hallazgo se produjo durante uno de los rastrillajes realizados por personal de la Policía Federal Argentina, a pedido del fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez, y en el lugar se hallaba esta noche la madre de Facundo, Cristina Castro, junto a uno de sus abogados.

Fuentes judiciales aseguraron a Télam que mañana viajarán cuatro expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para trabajar en el lugar del hallazgo.

Los investigadores encontraron el cadáver semienterrado en un curso de agua en una zona conocida como Bahía de Ballenas, entre la localidad de General Daniel Cerri y Villariño Viejo, en el mismo lugar donde días atrás personal de la PFA había realizado un rastrillaje en búsqueda del joven de 22 años que lleva 107 días desaparecido.

Según las fuentes, se trata de restos "esqueletizados" con "al menos 90 días de antigüedad", que ahora deberán ser analizados por los expertos de la EAAF que fueron convocados especialmente por la Justicia Federal.

El abogado Luciano Peretto, uno de los representantes de Cristina Castro, la madre de Facundo, aseguró que se trata de un "esqueleto completo en estado absolutamente disecado, en la costa de Villarino Viejo" y señaló que "no hay mucha más información".

"En las próximas horas se realizarán los primeros peritajes. En el lugar está el fiscal y gente de la PFA", dijo el letrado.

En tanto, Leandro Aparicio, el otro abogado que representa a la familia, confirmó a Télam el hallazgo de los restos y dijo que espera que los expertos de la EAAF "puedan arrojar más luz" sobre el hallazgo del cuerpo.

"Tenemos confianza en la Procuvin y en el Equipo Argentino de Antropología Forense", expresó el abogado, en referencia al EAAF y a la Procuraduría de Violencia Institucional.

"El lugar del hallazgo es un humedal y, por lo que pudimos ver, no se puede identificar a simple vista si se trata de Facundo", agregó Aparicio, quien indicó que, "si fuera el cuerpo de Facundo, no llegó voluntariamente ahí". "Hay mucha certeza de un encubrimiento burdo", subrayó.

"Tenemos certezas de que hubo un encubrimiento y certezas de quién ha ejecutado ese encubrimiento", explicó el letrado.

El joven fue visto por última vez el 30 de abril pasado cuando salió de su casa de la localidad de Pedro Luro para dirigirse a Bahía Blanca a la casa de su novia y los familiares de Facundo sospechan que se trató de una desaparición forzada en el que están involucrados miembros de la policía bonaerense.

Entre los hechos denunciados figura la contratación directa de dos empresas para remodelar un piso de la sede de la AFI por 10,6 millones de pesos, que al cambio de ese momento equivalieron a 706.616 dólares.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció hoy y pidió citar a declaración indagatoria al expresidente Mauricio Macri y a los ex responsables del organismo durante ese Gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por presuntas irregularidades en compras y contrataciones con empresas constructoras.

La denuncia resultó sorteada en el juzgado federal 6 que, desde la semana pasada, está a cargo del juez Julián Ercolini tras la renuncia para jubilarse de Rodolfo Canicoba Corral.

Caamaño denunció a Macri, Arribas, Majdalani y a los exfuncionarios del organismo Juan José Gallea y Javier Peire por supuesta administración fraudulenta, defraudación, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

La denuncia alude a presuntas contrataciones irregulares que se habrían apartado "de los principios de transparencia, legalidad, razonabilidad, concurrencia y responsabilidad de los funcionarios intervinientes", según informó luego la AFI en un comunicado.

Uno de los hechos denunciados es la contratación directa entre agosto y octubre de 2016 de dos empresas para remodelar el quinto piso de la sede central de la Agencia, la oficina donde funciona su Dirección General, una obra por la que se pagaron 10.599.239 pesos, que al cambio de ese momento equivalieron a 706.616 dólares, precisó el comunicado.

"Gran parte de los materiales que figuran en el pliego y que fueron abonados con fondos públicos no coinciden con los que actualmente se encuentran en el edificio", se detalló.

Además, se denunció la contratación directa de una firma para la provisión e instalación de un mástil en noviembre de 2016, por 106.855,10 dólares.

También se denunció la presunta contratación directa de obras de pintura y reparaciones en otro edificio de la AFI en mayo de 2016 por 277.586 pesos.

La AFI pidió que se pida informes a las empresas que participaron de las obras cuestionadas: NH Construcciones, Emprendimientos Anchorena, Tecnel Electrónica y Mega Soluciones.

La empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima amplió una denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri y pidió ser tenida como querellante en un sumario penal.

La empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (Ieasa) amplió una denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri y pidió ser tenida como querellante en un sumario penal por la supuesta venta a precio vil de dos centrales térmicas, trascendió hoy en Tribunales.

La causa, que también involucra a otros funcionarios del anterior gobierno, fue iniciada por los diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Ramiro González.

La denuncia presentada es por la venta a ”precio vil”, inferior al de sus construcciones, de las centrales térmicas Brigadier López y Ensenada Barragán, en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, respectivamente, que "ocasionó una pérdida multimillonaria en dólares al Estado Nacional".

“Cómo puede admitirse que el Estado argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 millones de dólares menos (Ensenada de Barragán) y 110 millones de dólares menos (Brigadier López) de lo que valía en 2012?”, se preguntaron los denunciantes.

Según constancias de la causa, en la que además de Macri están imputados los ex ministros Javier Iguacel y Juan José Aranguren, el ex presidente de Ieasa (ex Enarsa), Mario Dell Acqua, y otros directivos de la empresa, la central térmica Brigadier López fue adjudicada en 165.432.500 dólares a Central Puerto y Ensenada Braragán por 229.529.500 dólares al grupo YPF-Pampa.

En la reciente presentación, el actual presidente de Ieasa, Andrés Cirnigliaro, sostuvo que la venta y privatización de ambas centrales térmicas de generación eléctrica “constituyó una pérdida económica sin precedentes para operaciones de esta naturaleza”.

Cómo fue el porceso de venta

Recordó que, cuando por decreto 882/2017 se dispuso la venta con transferencia del personal y contratos de ambas centrales, se consideró que la generación de energía eléctrica era una “actividad mayoritariamente desarrollada por agentes privados”, para “asegurar su funcionamiento” y suministro a todo el país, en “un mercado competitivo”.

Cirnigliaro precisó que, en su momento, Enarsa “financió la construcción de las centrales mediante la colocación de títulos fiduciarios” denominados Valores Representativos de Deuda (VRD), suscriptos en su totalidad por el Fondo de Garantía (FGS) de la Anses.

Acotó que Enarsa respaldaba el pago del financiamiento al FGS (único acreedor de los VRD) con el resultado de la venta de energía y que para efectivizar la privatización, el fondo debía prestar su conformidad y se debía sumar la garantía con fondos públicos, lo que tuvo dictamen en contra de la Procuración del Tesoro de la Nación que sostuvo que el mismo perdía vigencia en caso de transferencia a privados.

Relató que como Ieasa carecía de los fondos para adquirir la totalidad de los VRD y, por tal motivo, la compra de estos debía realizase en simultáneo con la venta de las centrales, en diciembre de 2018 la Secretaría de Energía aprobó cambios en los términos de las licitaciones, lo que le provocó “pérdida del valor de su activo”.

Cirnigliaro afirmó que las “numerosas modificaciones al proceso licitatorio en procura de una pretendida mayor concurrencia de participantes, solo se presentó una empresa para cada licitación” lo que derivó la adjudicación de la venta de las centrales con “pésimas condiciones” para el Estado Nacional.

“Sería absurdo sostener que los directivos de Ieasa actuaron de manera correcta en pos de resguardar el interés societario”, expuso el escrito de ampliación de denuncia por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con el desempeño de la función pública y defraudación al Estado.

“Esto fue posible por la ejecución de una cantidad inédita de irregularidades y actos administrativos deliberados con el objetivo de allanar el camino para enajenar las dos centrales a un precio vil y mecanismo dañino para Ieasa, esmerilando en definitiva el patrimonio del Estado Nacional, pero muy rentable para los compradores”, se denunció al inicio.

Las fotos fueron halladas en el teléfono de la uniformada Jana Curuhinca y se contrapone con lo que dice el policía (Alberto) González, de Teniente Origone, que Facundo le dijo que no tenía DNI.

Un peritaje telefónico reveló la existencia de dos fotos del documento de identidad de Facundo Astudillo Castro en el teléfono de una policía de Mayor Buratovich que lo interceptó el día de su desaparición, el 30 de abril último, a pesar de que hasta ahora otros efectivos que declararon dijeron que el joven manifestó que llevaba una licencia de conducir como única identificación, informaron los querellantes.

"Estaba en el teléfono de Jana Curuhinca y se contrapone con lo que dice el policía (Alberto) González, de Teniente Origone, que Facundo le dijo que no tenía DNI y sólo le mostró el carnet de conducir. Evidentemente hay una contradicción: o Facundo le mintió o González miente", dijo el letrado Leonardo aparicio a Télam.

El abogado sostuvo que la hipótesis de la querella es que el joven de 22 años nunca llegó a estar con ese policía de Origone.

Por su parte, el otro querellante, Luciano Pretto, dijo esta mañana a radio 10 de Bahía Blanca que la foto se tomó aparentemente en el mismo procedimiento realizado en Mayor Buratovich a las 10 de la mañana del 30 de abril pasado en el que le sacan a Facundo una foto de espaldas junto a un patrullero.

"Pero justo con esa foto aparecen además dos fotos subsiguientes del frente y el dorso del DNI de Facundo, arriba del capot de la camioneta Toyota, circunstancia ésta que se contrapone con lo que dice el agente González, que lo detiene supuestamente después en Origone y que dice: 'A mí Facundo me muestra el carnet de conductor, acá lo fotografíe, porque no tenía documento", explicó Peretto.

"Qué fundamento tendría Facundo para esconderlo si veinte kilómetros antes tenía el documento, es una circunstancia incidental", agregó el letrado.

Para la querella este es un elemento más que avala como "única hipótesis sustentable" que Facundo fue víctima de una "desaparición forzada a manos de la policía bonaerense".

"No hay un solo punto a esta altura de la investigación que una a Facundo primero con a posibilidad que esté bien y segundo con la posibilidad que haya llegado a Bahía Blanca", dijo Peretto, quien junto a Aaparicio representa a Cristina Castro, la mamá del joven desaparecido.

Sin rastros de Facundo

Astudillo Castro, de 22 años, fue visto por última vez el 30 de abril pasado cuando salió de la localidad de Pedro Luro, con dirección hacia Bahía Blanca en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio y la familia sospecha que se trató de una desaparición forzada en la cual participaron efectivos de la policía bonaerense.

La sesión se llevará a cabo el jueves desde las 14, de acuerdo con lo establecido por el Decreto Parlamentario 72/20 firmado por la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.

El Senado debatirá el jueves, en sesión especial, el proyecto de ley de ampliación de la moratoria que permitirá a autónomos, monotributistas y empresas acceder a un plan de pagos para deudas impositivas y previsionales acumuladas hasta el 31 de julio, se informó oficialmente.

La sesión se llevará a cabo desde las 14, de acuerdo con lo establecido por el Decreto Parlamentario 72/20 firmado esta noche por la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.

La iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, persigue el objetivo de recuperar la recaudación fiscal, que cayó con motivo de la crisis económica por la pandemia de coronavirus.

También establece que se podrá acceder a planes entre 48 y 120 cuotas para regularizar las deudas acumuladas hasta el 31 de julio. Además, los contribuyentes podrán adherirse hasta el 31 de octubre a la moratoria y deberán pagar la primera cuota el 16 de noviembre.

Por otro lado, los senadores tendrán a consideración los dictámenes de la Comisión de Acuerdos del Senado solicitando que se designe Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios a Hernán Patiño Mayer, Ricardo Alfonsín y Mateo Capitanich ante Hungría, España y Nicaragua, respectivamente.

En la sesión especial también se incluyó un acuerdo entre la República Argentina y la República Popular de China sobre el establecimiento de un Centro Cultural Chino en el país; otro sobre Cooperación Cinematográfica entre la República Argentina y el Estado de Israel; así como un tratado regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Asimismo, los senadores también debatirán la validez del DNU 636/20 emitido por el presidente Alberto Fernández que anula la decisión de intervenir estatalmente la empresa cerealera Vicentin.

Finalmente, se incluyó en la convocatoria un proyecto de ley sobre el sostenimiento y la reactivación productiva de la actividad turística nacional.

Los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia fueron procesados en el marco de la causa en la que se investigan actividades de vigilancia prohibidas realizadas sobre la vicepresidenta y el Instituto Patria, en 2018. A ambos se les prohibió salir del país.

Los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani quedaron procesados por presunto espionaje ilegal y falsificación de documentos públicos en el marco de la causa en la que se investiga el espionaje ilegal a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria en 2018.

La decisión fue adoptada por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé quien además les trabó embargos sobres sus bienes por 2 millones de pesos a cada uno y les prohibió la salida del país, según consta en el fallo de 172 páginas al que accedió Télam.

En la misma resolución, el magistrado también procesó al exjefe de contrainteligencia del organismo, Martín Coste, a quien también le prohibió la salida del país y le fijó un embargo sobre sus bienes de 700 mil pesos.

El juez sostuvo que en lo que va de la investigación se pudo acreditar que "al menos desde mayo y hasta diciembre de 2018" el director general de la AFI, Arribas, y la subdirectora Majdalani "impartieron órdenes" al procesado exjefe de Operaciones Especiales de la central de espías, Alan Ruiz, para que coordine "un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia, quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal".

Las maniobras de inteligencia ilegal habrían consistido "en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural".

Por su parte, Martín Coste, quien asumió como Director de Contrainteligencia en junio de 2018, "conociendo que se llevaban a cabo dichas prácticas de inteligencia ilegal por parte de personal que se encontraba funcionalmente bajo su mando, es decir, dentro de la esfera de su competencia, no actuó conforme a sus deberes, que le imponían hacer cesar dichas actividades ilícitas", sostuvo el juez en su resolución.

Los procesamientos fueron dispuestos a instancias de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide quienes habían señalado en su dictamen que, de acuerdo a los investigado, el espionaje ilegal tenía por objetivo “detectar el traslado de bolsos, dinero, cosas, y fotografiar a quiénes ingresaban y salían” del domicilio de la entonces senadora nacional Fernández de Kirchner o al Instituto Patria, algo de lo que no dieron cuenta.

La actividad que los espías en realidad tenían que realizar era vigilar los perímetros de ambos domicilios ante supuestas amenazas de atentado en el marco de las cumbres internacionales que se llevaron a cabo en Buenos Aires en 2018.

El magistrado relató además que después de llevar a cabo las maniobras de espionaje ilegal y tras ser descubiertos, los procesados Ruiz, Coste, Majdalani y Arribas, "entre otros funcionarios, intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes recibidas en causas judiciales".

Cómo se realizó el espionaje

Sobre cómo fueron las maniobras de espionaje, el juez narró que "desde fines del mes de julio y los días previos al 7 de agosto de 2018, ordenaron la realización de tareas de vigilancia y observación" frente a la sede del Instituto Patria y del domicilio de la entonces senadora Fernández de Kirchner.

"La tarea encomendada tenía por objetivo obtener información, mediante la producción de inteligencia, como así también la de almacenar datos sobre la nombrada Cristina Fernández, por el solo hecho de su opinión política, o su adhesión y pertenencia a organizaciones partidarias contrarias al gobierno de turno", expuso el magistrado.

Para realizar el espionaje "se instaló personal de la AFI dentro de vehículos automotores, con la finalidad de observar los domicilios indicados a fin de detectar y registrar los movimientos que se realizaban en ellos", mientras que, "por las noches, se colocaron lo que en la jerga se denomina ´autos de técnica´, que consiste en estacionar un vehículo en cercanías de los domicilios con una cámara en su interior para filmarlos y registrar lo que sucedía", según consta en el fallo.

La finalidad de la vigilancia ordenada a los agentes "era la de observar y registrar a las personas que entraban y salían del lugar, y también si se llevaban o sacaban cosas, si había mudanzas, si se transportaban bolsos, mochilas, documentación o dinero. También debían informar si en esos dos domicilios recibían ese tipo de objetos", escribió el juez Augé.

Hacia el final de su resolución, el juez relató cómo era la naturaleza del vínculo entre Ruiz y los exjefes de la AFI y describió que, si bien dependía de contrainteligencia, el director de operaciones especiales y primer procesado de este expediente tenía vínculo directo con la cúpula de la central de espías.

"Es importante destacar que, tal como surge de la prueba colectada, cuando Alan Ruiz comenzó a trabajar en la AFI, algunos agentes le habían presentado diferentes trabajos vinculados con tareas relacionadas a narcotráfico y recaptura de evadidos o prófugos y, ante ello, éste manifestó que eran trabajos de carácter policíaco y que tanto Gustavo Arribas como Silvia Majdalani, tenían interés en que se lleve a cabo ´trabajo político´", sostuvo el magistrado.

El juez sostuvo que hay suficientes elementos que prueban "el vínculo directo y existente entre Alan Ruiz y Silvia Majdalani, y una dinámica de trabajo que escapaba al funcionamiento y el esquema administrativo y jerárquico regular de la AFI".

Esta investigación se inició por una denuncia presentada por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien entre otros elementos relató que ese organismo, durante la gestión Cambiemos, adquirió el Earthwatch, un software basado en fotografías de alta definición que se toman desde un satélite y que pudo haber sido utilizado para fines ilegales.

El gobernador de Jujuy informó el resultado de sus test y anticipó quedó en aislamiento.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, informó a través de sus redes sociales que dio positivo en coronavirus y quedó en aislamiento, de acuerdo con las recomendaciones médicas.

“Quiero comentarles que recién me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo”, indicó el mandatario jujeño en sus cuentas oficiales de redes sociales.

“Me encuentro asintomático, cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas. En el momento crítico que estamos atravesando, les pido que no aflojemos. Sigamos fuertes, luchando contra la pandemia”, agregó.

“No bajemos los brazos!!”, finaliza el breve comunicado del mandatario radical, quien en las últimas jornadas estuvo recorriendo diversas localidades de la provincia, que atraviesa una delicada situación epidemiológica.

La provincia registra un total de 4.238 casos de coronavirus de los cuales 3.116 fueron recuperados, al tiempo que se lamentaron más de un centenar de fallecimientos desde que inicio la pandemia.

Organizaciones sociales y dirigentes sindicales presentaron un programa para crear 4 millones de puestos de trabajo en la economía popular y 170 mil empleos registrados regulados por convenio colectivo.

Con el objetivo de diagramar el futuro del país de la post pandemia, organizaciones sociales y referentes sindicales presentaron el Plan de Desarrollo Humano Integral que tiene como ejes la promoción del trabajo y el repoblamiento del país, complementados con una propuesta de salario universal para la inclusión de trabajadores y trabajadoras. En las próximas semanas habrá charlas virtuales para profundizar cada uno de los puntos y fortalecer la propuesta que prevé la creación de 4 millones de puestos de trabajo en la economía popular y 170 mil empleos registrados regulados por convenio colectivo, con una inversión inicial de $750.000 millones anuales.

Según la propuesta, el salario universal se financiará "a través de una profunda reforma impositiva que grave las grandes fortunas, los capitales especulativos y las actividades extractivas". En un documento, los dirigentes plasmaron el consenso sobre estos puntos estratégicos, sin dejar de lado las realidades de quienes tienen un empleo registrado y quienes lo hacen en la economía popular.

La presentación se realizó en la sede de la UOCRA con la presencia de su titular, Gerardo Martínez (UOCRA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Pablo Moyano (Federación de Camioneros), Laura Ávalos y Julián Domínguez (SMATA), Esteban “Gringo” Castro (UTEP), Juan Grabois (MTE), Gildo Onorato (Movimiento Evita), Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Jacqueline Flores (MTE), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán), Cristian Romo (Movimiento Popular La Dignidad), Luciano Álvarez (CCC), el Obisco Oscar Carrara, el Padre Charly Olivero y el economista Agustín D`Attellis. Además, envió su apoyo Juan Carlos Schmid (Sindicato de Dragado y Balizamiento).

Plan de Desarrollo Humano Integral

El Plan busca crear 4 millones de puestos de trabajo social y 170 mil empleos registrados regulados por convenio colectivo; promover la integración urbana de los barrios populares, el acceso al suelo y a la vivienda social; repoblar la Argentina a través de nuevas ciudades, pueblos jóvenes, comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas protegidos; desarrollar nuevos emplazamientos industriales a través de una planificación territorial que contemple nuevos esquemas de transporte multimodal; encarar la transición energética y desarrollar formas no contaminantes de producción para avanzar hacia un programa de ecología integral.

Para lograrlo, se impulsará el fomento de la construcción e integración urbana mediante una alianza entre el sector privado y el de la economía popular, con metas y cronogramas gestionados desde una unidad ejecutora centralizada para vincular la urbanización de los 4425 barrios populares existentes, así como crear nuevas urbanizaciones populares, el desarrollo de nuevos emplazamientos productivos, la extensión de la conectividad digital y el desarrollo de transporte multimodal de pasajeros y carga, todo con capacitación en obra a cargo de las organizaciones sindicales.

Por otro lado, se plantea la relocalización sustentable de parques productivos atada al desarrollo de corredores logísticos intermodales que armonice todas las actividades de transporte: la red ferroviaria conectará los nodos logísticos, el camión conectará la unidad de producción con el nodo logístico y el enlace ferro portuario será el final de la carga de exportación que debe ser fiscalizada de manera trasparente en origen. El objetivo es repoblar la Argentina.

El plan también apunta a la creación de un fondo de ahorro en moneda nacional orientado a los trabajadores y clase media que, a tasa de interés del mercado financiero, permita descontar del impuesto a las ganancias (cuarta categoría) un porcentaje del monto invertido para aumentar la rentabilidad al ahorrista. Además, se propone la creación del Fondo Fiduciario Mugica para financiar el desarrollo del plan y los módulos de trabajo comunitario asociados. Se trata de una inversión de 750.000 millones de pesos anuales con un retorno fiscal del 33%.

La planificación será de cuatro años con un cronograma preciso y una conducción operativa, centralizada y unificada. Las propuestas de ejecución inmediata estarán divididas en módulos que contarán con un equipo de trabajo con conocimiento específico del área y experiencias exitosas llevadas adelante por la comunidad organizada. En tanto, la gestión se realizará a través de los Consorcios de Cogestión Comunitaria (CCC). Son movimientos sociales, iglesias, provincias, municipios, sindicatos y otras entidades.

La inversión inicial, calcularon, tendrá un costo de $750.000 millones anuales. Parte de ella se autofinanciará a través de programas ya existentes (como el Salario Social Complementario, Hacemos Futuro y Tarjeta Alimentar que totalizan alrededor de 128 mil millones de pesos anuales). El resto lo hará mediante el retorno fiscal neto de la inversión de los programas actuales (el 36%), más una afectación específica del Impuestos a los Bienes Personales, una pequeña reforma del impuesto a las ganancias, un aumento del Impuesto a las Bebidas Azucaradas, y otra parte a través del esfuerzo fiscal adicional del Estado Nacional.

El grupo AD Hoc, considerado el más duro dentro de la negociación de la deuda, ratificó su apoyo al entendimiento que "proporcionará un alivio en pagos de deuda de alrededor de 37.000 millones de dólares en los próximos nueve años".

Blackrock y otros trece fondos de inversión anunciaron hoy formalmente que aceptaron la oferta argentina de canje de deuda y señalaron que el entendimiento "proporcionará un alivio en pagos de deuda de alrededor de US$ 37.000 millones en los próximos nueve años".

En un comunicado emitido hoy, el grupo AD Hoc, considerado el más duro dentro de la negociación de la deuda que comandó el ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó su apoyo al entendimiento y precisó que al menos otros 13 fondos ya tomaron la decisión de avalar la propuesta.

Dijo que el acuerdo "proporcionará un alivio en pagos de deuda de alrededor de 37.000 millones de dólares en los próximos nueve años", entre 2020 y 2028, y que la oferta final contendrá "modificaciones en el marco legal que reflejan ciertas mejoras, que son lo último en la documentación de bonos soberanos".

Este último párrafo da por sentado que en la nueva propuesta podría haber cambios legales que de algún modo sentarían precedente en materia de reestructuraciones soberanas,

En el comunicado, estos fondos manifestaron su apoyo y confianza en la Argentina, aún antes de que el país formalizara los cambios ante la SEC, la comisión de valores de Estados Unidos.

Esta presentación será el próximo paso formal del Gobierno argentino para avanzar con el proceso de reestructuración de deuda.

El ministro Guzmán especuló ayer -en una conferencia de prensa- con que el acuerdo tendrá una gran aceptación, y que si no alcanza el 100%, contará con las mayorías necesarias en las distintas series de bonos que integran el canje, con lo que Argentina podrá utilizar las cláusulas de acción colectiva para cerrar la operación y evitar que futuros holdouts litiguen contra el país en los tribunales de Nueva York.

Respecto a las modificaciones de cuestiones legales, que podrían tener impacto en otros reestructuraciones, el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, dijo que buscarán redefinir la redacción en cuestión y que esto estará a cargo de una suerte de comisión redactora integrada por funcionarios nacionales y por representantes de los acreedores.

La expectativa oficial es que, una vez redefinidas estas cuestiones, ese nuevo estándar legal obtenga el respaldo de la comunidad internacional.

"No esperen ninguna novedad antes del 6 de agosto", señaló ayer Bastourre en la rueda de prensa en la que acompañó al ministro.

En el nuevo contexto de acuerdo con los acreedores, el "período de invitación" al canje continuará abierto hasta las 17 horas de Nueva York (18 en la Argentina) del próximo 24 de agosto, a través de las entidades Bank of America y HSBC.

Si todo marcha en los plazos previstos y no hay más prórrogas, la fecha de anuncios de los resultados será el 28 de agosto, mientras que la liquidación no cambió respecto a la propuesta enviada a la SEC el pasado 6 de julio, prevista para el 4 de septiembre próximo.

Guzmán explicó que, entre las implicancias, el acuerdo permite que los 7 dólares promedio de intereses sobre 100 dólares endeudados en el capital ahora se reduzcan a 3 dólares, gracias a una baja de la tasa de interés de 7 a 3,7 por ciento y una merma en el capital del 1,9 por ciento.

Hasta 2030, esto implica un alivio total de 37 mil millones de dólares en el pago de deuda dijo Guzmán, número que hoy fue avalado por los acreedores.

   "Hay un horizonte despejado en el corto plazo, de hecho entre 2020 y 2024 hay vencimientos por solo 4.500 millones de dólares”

   Martín Guzmán

Desde la Consutora PxQ, que dirige el ex viceministro de Economía Emannuel Alvarez Agis, proyectaron que "la carga de vencimientos anuales de títulos públicos en moneda extranjera (ley local + ley extranjera) no superaría el 1% del PBI hasta 2024, lo cual genera un gran alivio para las necesidades financieras externas".

Al sumar ambos canjes -ayer Diputados convirtió en ley el procesos de reestructuración de la deuda en dólares emitida bajo legislación nacional- el alivio total financiero será de entre 52.000 y 55.000 millones de dólares, con lo que alcanzaría el rango mínimo estimado el FMI para alcanzar la sustentabilidad, según cálculos del mercado.

Ahora, la situación de alerta pasa a ser la deuda que entre 2021 y 2024 deberá abonar al FMI, con el vencimiento de los US$ 44.000 millones.

"El acuerdo con los acreedores es un gran paso. El siguiente desafío es negociar la extensión del acuerdo con el Fondo bajo condiciones que permitan que la economía argentina se recupere", consideraron desde PxQ.

Ayer, Kristalina Gerogieva felicitó al gobierno argentino por el logro. "Felicitaciones al presidente Alberto Fernández, al ministro Martín Guzmán y al principal grupo acreedor de la Argentina por llegar a un acuerdo con la deuda del país. Es un paso muy importante. Deseo que haya una resolución exitosa para el interés de todos", dijo Georgieva en su cuenta de Twitter.

Anoche, el presidente Alberto Fernández agradeció al intervención de Georgieva en contribuir a la solución del tema de la deuda argentina.

Ahora ambos deberán negociar un nuevo programa, que luego será debatido por el FMI, a través del cual la Argentina prevé reducir los pagos con el organismo multilateral de los próximos dos años, y efectuar un programa de políticas económicas que lleven a la recuperación y el crecimiento.

La jueza volvió a rechazar un planteo de la defensa del ex presidente en la causa que investiga presiones contra directivos del Grupo Indalo. Además, remitió copias de la última presentación realizada por el abogado Pablo Lanusse para que se evalúe su conducta.

La jueza federal María Romilda Servini volvió a rechazar un planteo formulado por la defensa del expresidente Mauricio Macri en contra de la orden con la que la magistrada dispuso el entrecruzamiento de llamadas del exmandatario con distintos exfuncionarios y miembros de su entorno político en el marco de la causa en la que se investigan supuestas presiones contra los directivos del Grupo Indalo.

La jueza remitió, además, copias de la última presentación realizada por el abogado Pablo Lanusse, defensor de Macri en este expediente, al Colegio Público de Abogado de la Capital Federal para que se evalúe su conducta y ese organismo pueda evaluar el tono de sus manifestaciones, dado que el letrado acusó a la jueza de “inclinar la cancha” a favor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Servini dijo que "las expresiones y descalificativos vertidos por el Dr. Pablo Jorge Lanusse no pueden pasar inadvertidos porque agravian la Magistratura", más allá que "uno pueda coincidir o no con las decisiones adoptadas en los procesos judiciales", porque para eso "tiene acceso a las herramientas procesales".

La jueza citó como ejemplo de este mal proceder que el abogado haya cuestionado "la fecha y hora en que se implanta una firma electrónica – que no incide en la habilitación de día y hora inhábil"- y que haya dicho que "las resoluciones o decisiones le causan náuseas y que resultan funcionales, acomodaticias y motivadas a/en los intereses de personas ajenas al expediente".

Dio como ejemplo que haya copiado publicaciones que hiciera "la actual Vicepresidenta de la Nación en la red social Twitter" que, dijo, "nada tiene que ver con la causa" y "exceden el trato y decoro que todo letrado debe guardar durante el ejercicio de su profesión".

La presentación de la defensa de Macri era una apelación contra la decisión de la jueza de ordenar reanudar el entrecruzamiento de llamadas del expresidente y personas de su entorno, entre enero de 2016 y agosto de 2019, tras considerar que aún no está firme el fallo de la Cámara Federal porteña que le indicó acotar el alcance de la medida.

Al responder el planteo, la jueza Servini sostuvo que en su decisión no existe ninguna situación de “desobediencia” porque la Cámara federal porteña, en tanto tribunal superior, “ no emitió orden alguna, sino que encomendó un curso de acción en relación a la diligencia probatoria”.

“A poco que se repasa el fallo, los Sres. Jueces no sólo reconocieron el carácter discrecional de la medida de prueba dispuesta el 06 de julio de 2020, además validaron su utilidad y pertinencia a los fines del proceso, eso sí, limitaron su período temporal, aunque no de una manera precisa, sino sólo señalando que debería circunscribirse a los ´a los momentos relevantes según la hipótesis fijada en el caso´”, enfatizó la jueza en el fallo al que tuvo acceso Télam.

En relación a las acusaciones de la defensa de Macri, que sostuvo que la jueza actuaba en favor de los intereses del abogado Carlos Beraldi –representante del empresario Fabián De Sousa, pero también de la expresidenta en otras causas- Servini sostuvo que en el “expediente se encuentra asegurada la igualdad” ya que “todas tuvieron (tienen y tendrán) garantizadas las mismas facultades para influir sobre la reconstrucción fáctica”.

Sobre la medida reanudada, la magistrada remarcó que “nadie ha divulgado información que pueda considerarse privada, más aun, los registros de comunicaciones son registros que existen en poder de empresas privadas y que por lo tanto tienen un grado de publicidad relativa ciertamente inconsistente con el reclamado secreto de Estado que parece introducirse de las expresiones de las partes”.

Las partes “siguen discutiendo respecto de una medida de prueba que ha sido ordenada de acuerdo con el principio de legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad; que ha sido controlada por la Cámara de Apelaciones quien ha avalado su realización y sólo ha restringido su divulgación a las partes en lo atinente a la hipótesis de investigación aquí ventilada”, enfatizó.

Finalmente, la magistrada sostuvo que “los recursos de apelación se encuentran dirigidos contra una decisión inapelable y tampoco se observa la existencia de un ´gravamen irreparable´”, por lo cual decidió no concederlos “en tanto son una reedición más grandilocuente de los planteos ya resueltos por la suscripta y por la Cámara de Apelaciones”.

Servini había ordenado la prueba, por primera vez, el 6 de julio pasado cuando dispuso un entrecruzamiento de llamados entre Macri, el abogado Fabián Rodríguez Simón, el ex jefe de asesores de la presidencia José Torello y los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, entre otros, para establecer si se comunicaron en las fechas en que los denunciantes Fabián De Sousa y Cristóbal López afirmaron haber recibido presiones o advertencias de dictado de medidas contra el Grupo Indalo.

Desde empresas aeroespaciales, centros especializados o la NASA, mujeres profesionales y estudiantes participan activamente generando desarrollos para la expansión de investigaciones y actividades en el espacio.

Por Silvina Molina|Mujeres profesionales y estudiantes de carreras espaciales esperan con expectativa el lanzamiento del satélite Saocom 2, proyecto en el que algunas trabajaron, mientras otras están haciendo su carrera en la NASA y en centros especializados de universidades argentinas, en un ámbito donde participan activamente generando desarrollos para la expansión de investigaciones y actividades en el espacio.

La ingeniera aeronáutica Sabrina Tántera es la responsable del equipo de integración y ensayos mecánicos de la Antena SAR 1A y 1B del proyecto Satélite Argentino de Observación Con Microondas (Saocom) en Veng, la empresa aeroespacial argentina.

Veng es la empresa designada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) para la comercialización de productos Saocom, una constelación de dos satélites SAR (Synthetic Aperture Radar, por sus siglas en inglés) que observa la Tierra noche y día.

El Saocom 1 fue su primera experiencia en el ámbito espacial, y mientras espera el lanzamiento del Saocom 2 que será en Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, dijo a modo de balance en diálogo con Télam que el equipo que dirige "evolucionó profesional y personalmente, porque tenemos un trabajo consolidado que nos llevó a desarrollar una antena de excelente calidad".

   El lanzamiento significa mucha emoción, porque es un desarrollo nacional, se está haciendo patria, que es también tener soberanía espacial, energética, desarrollo nuclear y en tecnología”

   Ana Scarabino, ingeniera aeronáutica

Se refiere a la antena radar SAR, que ya probó los mecanismos de despliegue que fueron capaces de soportar el ambiente de lanzamiento y las condiciones de vacío y temperaturas simuladas a las que se verá expuesto el satélite una vez en órbita.

Ana Scarabino también es ingeniera aeronáutica, profesora e investigadora en la carrera de Ingeniería Espacial de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP).

Para ella, el lanzamiento del nuevo satélite argentino "significa mucha emoción, porque es un desarrollo nacional, se está haciendo patria, que es también tener soberanía espacial, energética, desarrollo nuclear y en tecnología".

Los Saocom fueron diseñados para detectar la humedad del suelo y obtener información de la superficie terrestre en cualquier condición meteorológica y hora del día.

Scarabino trabaja en el proyecto Tronador, un cohete de transporte argentino diseñado para colocar satélites en órbita y enviar cargas, y desde el Grupo de Fluidodinámica Computacional que dirige hacen "simulación computacional de problemas de fluidos" aplicados a aeronáutica y vehículos terrestres.

Otra colega, la ingeniera aeronáutica Sonia Botta, vive como una de sus cuentas pendientes el participar en el desarrollo de la constelación Saocom.

"Trabajé en el 1A como ingeniera de control térmico y me salió la beca para la Universidad de Leicester, en el Reino Unido, justo cuando se lanzó. Es emocionante, porque se completa la constelación. El 1B va a potenciar la posibilidad de prevención de catástrofes naturales y colaborará en la agricultura", afirmó a Télam la profesional, que trabaja en el Centro Tecnológico Aeroespacial de la UNLP.

Su paso por la universidad británica para especializarse en sistemas espaciales le significó una reconocimiento de la casa de estudios por sus investigaciones, y ahora coordina el proyecto de Satélite Universitario.

   Es emocionante, porque se completa la constelación. El 1B va a potenciar la posibilidad de prevención de catástrofes naturales y colaborará en la agricultura”

   Sonia Botta, ingeniera aeronáutica

Desde Estados Unidos, la ingeniera aeroespacial Clara O'Farrell, una argentina que trabaja en la NASA hace siete años, contó a Telam sobre el "orgullo" de ver a su país "enfrentar misiones espaciales cada vez más ambiciosas" y anticipó que espera el lanzamiento del nuevo Saocom "para hacerle hinchada al equipo".

La profesional trabaja en el Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, en el área de aerodinámica, con el equipo que se ocupa del aterrizaje de sondas en otros planetas, sobre todo en Marte.

"Actualmente estoy trabajando en el proyecto 'Mars 2020' que lleva al rover 'Perseverance' al planeta

Camila Mucanna tiene 26 años y compartió con esta agencia que siempre le interesó el espacio.

"Busqué en Google 'qué estudiar para ser astronauta' y me salieron distintas opciones", contó y se decidió por ingeniería mecánica, que cursó en la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero cuando se abrió la carrera de ingeniería espacial en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) decidió hacer el cambio.

"Espero recibirme a fines del año que viene. Después me gustaría hacer un master afuera, pero quiero volver a mi país para aplicar lo que aprenda", señaló.

Junto a otros estudiantes de distintas universidades del país diseñaron "un experimento que podría ser puesto a bordo de un satélite de Satellogic, que a va tomar datos en el espacio que nos permitirán crear una herramienta de diseño de tecnología espacial gratuita para estudiantes de Argentina", dijo la joven que trabaja en el Instituto Colomb de la Unsam, especializado en ciencia y tecnología del espacio.

Desigualdad de género

Las entrevistas con estas argentinas que trabajan en temáticas espaciales también tuvieron relatos sobre las desigualdades de género.

Una recordó cómo la discriminaban sus profesores por ser la única mujer y hasta la mandaron a lavar los platos a fines de la década de 1980. Ahora, ella se emociona cuando ve los claustros universitarios de ingeniería con mucha circulación de jóvenes mujeres.

Otras siguen siendo minoría en las aulas o en los espacios de trabajo, pero eso no las detiene.

"Necesitamos revalorizar a las pioneras y que las chicas nos vean en estos lugares de trabajo, porque sino, no hay referencias a seguir", analizó otra de las profesionales.

En el JPL de la NASA hay un 25% de mujeres, contó O'Farrell y alentó a sus pares a seguir carreras espaciales.

"Es súper gratificante, presenta grandes desafíos y brinda la oportunidad de trabajar con gente excepcional. También presenta obstáculos, sobre todo para quienes han sido menor representados en el ámbito espacial (por nacionalidad o género). Pero hay avances que están ampliando el acceso al espacio, como los microsatélites, el surgimiento de nuevas compañías de lanzamiento, que espero que creen nuevas oportunidades para la próxima generación de jóvenes", resumió.

La expectativa O'Farrell es "cruzarme con alguna en congresos y que me cuenten las cosas espectaculares que están haciendo las jóvenes ingenieras argentinas".

El Presidente lo aseguró durante una entrevista con un canal de televisión. Consideró que el arreglo fue producto de "una lógica correcta y y una estrategia adecuada".

El presidente Alberto Fernández afirmó que el acuerdo con parte de los acreedores externos implicó resolver una "deuda imposible" en medio de "la mayor crisis económica" y de una pandemia, permitió recuperar "autonomía de decisión", por lo que "ahora está despejado el horizonte" y, llamó a los empresarios a "comprometerse" para desarrollar sus negocios con un mejor escenario.

Al anunciar el relanzamiento del plan Procrear, el mandatario celebró el acuerdo alcanzado con los principales grupos de acreedores de la deuda pública, para canjear US$ 66.300 millones de títulos emitidos en el extranjero, y afirmó que estos tipos de planes se podrán llevar adelante "sin los enormes condicionantes de la deuda".

"Fue todo tan complejo y difícil, porque el escenario de la pandemia complicó todo, que nos pareció que teníamos que ponernos firmes y seguir adelante con nuestra lógica", sostuvo Fernández sobre las negociaciones llevadas adelante por el ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien dijo que "abrazó" y "rompió la cuarentena" cuando lo recibió en la Residencia de Olivos.

"Guzmán fue central. Él recogió cuáles eran los objetivos que debíamos alcanzar y se dio una estrategia correcta. Ése es un enorme mérito suyo. Trabajamos todo este tiempo muy juntos y así lo vamos a seguir haciendo", completó sobre el funcionario.

En entrevistas concedidas a C5N y Cenital, el Presidente sostuvo que estará "eternamente agradecido al papa Francisco por sobre todas las cosas" porque el Sumo Pontífice "ayudó muchísimo en silencio", al igual que al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por su intermediación ante Larry Fink, del fondo BlackRock.

También le agradeció al Frente de Todos porque no hubo "ningún doblez interno en esta discusión", por lo que subrayó: "Podemos tener matices y bienvenidos sean. pero en el fondo no tenemos diferencias. Eso es importante que lo entendamos todos", insistió.

También consideró "lejos de la verdad" que se intentara "demonizar" a la vicepresidenta Cristina Fernández como "alguien que quería el default o no quería el acuerdo".

Al respecto, rememoró: ".En algún momento en que me puse más duro, hubo dos personas que me dijeron 'mirá el contexto y ablandate un poco'. Una fue Cristina y otro fue (Roberto) Lavagna", completó.

"Estamos volviendo a entrar al mundo", dijo Fernández, y prosiguió: "Lo mejor que nos ha pasado como argentinos es que estamos entrando al mundo dignamente. Nunca fuimos a pelear contra los acreedores, fuimos a pedirles resolver un problema del que éramos ajenos", enfatizó, y destacó que "lo que no vamos a pagar en intereses vamos a destinarlo a producción, desarrollo, generación de empleo, obra pública e infraestructura".

Por otro lado, afirmó que los "últimos dos planes económicos" que tuvo el país fueron los de los ex ministros de Hacienda del gobierno de Cambiemos, Alfonso Prat Gay y Nicolás Dujovne.

Sobre Prat Gay reseñó: "el dijo que iba a salir del cepo y la inflación no se iba a mover, pero llevó el dólar de 9 a 15, 16 (pesos), y ese año terminó con 40 y pico de puntos de inflación".

En lo que respecta a Dujovne, el Presidente recordó cuando el ex funcionario "rectificó un presupuesto aprobado una semana antes, donde las metas de inflación estaban totalmente desvirtuadas".

Por eso, sostuvo: "no hace falta, no es planificar tanto, sino tener claro los objetivos", y remarcó entonces que importan la "generación de inversión y trabajo, que eso se exporte lo más que se puede, y que Argentina necesite cada vez menos importar insumos".

Las "reglas" para alcanzar esas metas son, en orden, "desendeudarse, acumular reservas, tener un dólar competitivo, recuperar equilibrio fiscal y que la balanza comercial sea positiva", definió.

"Mi mayor satisfacción es que con el acuerdo logrado con los bonistas y con el lanzamiento el mismo día casualmente del maravilloso programa que Cristina creó y que se llamó Procrear, estamos dando un símbolo de lo que la Argentina debe hacer en el futuro", remarcó el jefe del Estado.

En ese sentido, Fernández subrayó que con el acuerdo con los bonistas se recuperó "autonomía de decisión y de definir qué país queremos".

El Presidente sostuvo que con el acuerdo alcanzado esta madrugada por el Ministerio de Economía con los principales grupos de acreedores de la deuda pública, la Argentina "resolvió una deuda imposible en la mayor crisis económica que se recuerde y en el medio de una pandemia".

El mandatario destacó que "ahora está despejado el horizonte" y le pidió a los empresarios que "se comprometan a poner al país de pie", ya que tienen un "mejor escenario" para proyectar sus negocios.

También, al hablar durante la presentación de una nueva etapa del plan de viviendas Procrear, el Presidente agregó que "para Argentina significan 37.700 millones de dólares menos" a pagar "en los próximos 10 años" y si se considera "lo que Argentina se había comprometido a pagar en 5 años, ese alivio es 42.500 millones de dólares".

Fernández afirmó que "esta deuda fue una deuda cuantiosa", que "abrumó a todos" , que no sabían si serían "capaces de poder encontrar una respuesta", aunque estaban "seguros de los límites" que se habían puesto "para alcanzar esa respuesta".

"Les dijimos que íbamos a poner al país de pie y que la deuda no nos iba a impedir lograr un proceso de desarrollo y contar con los recursos para que ese desarrollo se vuelque, no a la especulación, sino a la producción y el trabajo, y lo estamos logrando", afirmó Alberto Fernández sobre el acuerdo alcanzado con los bonistas.

El jefe de Estado agradeció "a los acreedores, que entendieron que Argentina, ofertando lo que estaba ofertando, estaba haciendo un enorme esfuerzo".

También agradeció "a los organismos internacionales", a "150 economistas que se sumaron a la propuesta argentina, entre ellos seis premios Nobel" y a "la comunidad del derecho, donde aparecieron las firmas de los mejores abogados del mundo diciendo que lo que plantea Argentina es correcto".

"En estos siete meses nos dijeron que no entendíamos nada y que estábamos camino al fracaso porque no aceptábamos las ofertas de los acreedores. Resulta que finalmente cerramos un acuerdo que le permite a la Argentina ahorrarse 33.000 millones de dólares de la deuda asumida en los próximos diez años. Ahora tenemos despejado el horizonte a donde queremos llegar", sostuvo el mandatario.

También dijo por Twitter y Facebook que "en política, nada es más importante que la palabra empeñada. Y creo que estamos cumpliendo con nuestra palabra y con nuestro objetivo. El acuerdo al que hemos llegado con los acreedores nos permite recuperar autonomía para empezar a construir el país queremos".