"Nos obligaron a hacer un informe que no era real", dijo una abogada que integró la AFI durante el gobierno de Macri ante la comisión bicameral del Congreso que fiscaliza a los organismos de inteligencia.

Por Ariel Zak|Una ex integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que fue desvinculada este año, afirmó en el Congreso de la Nación que, para tapar las maniobras de espionaje ilegal al Instituto Patria durante el Gobierno de Mauricio Macri, le ordenaron elaborar "un informe que no era real".

"A nosotros nos obligaron a hacer un informe que no era real", afirmó la abogada que trabajó durante 14 años en la central de espías, al declarar esta semana ante la comisión bicameral de seguimiento y fiscalización de organismos de inteligencia.

En su declaración, de la que Télam obtuvo detalles, la mujer sostuvo que fue parte de la elaboración de esos documentos bajo la amenaza de ser despedida si no accedía a hacerlo.

Los informes -según detalló- debían hacer referencia a las posibilidades de que, en el marco de los distintos eventos internacionales que se desarrollaron en la Argentina en 2018, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner fuera blanco de algún ataque por parte de una organización extremista.

"Nos pidieron que hagamos todo lo que era el circuito interno, porque tenía que quedar prolijo", afirmó la ex agente, cuya identidad se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad, tras señalar que esos documentos serían presentados ante la justicia federal en el marco de una causa que tramitaba ante el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo del juez Federico Villena.

   Nos pidieron que hagamos todo lo que era el circuito interno, porque tenía que quedar prolijo”

   Ex agente de la AFI

Ante legisladores del oficialismo y la oposición, la abogada relató que la confección de esos documentos fue realizada bajo la supervisión y guía de una persona del área de jurídicos a la que identificó como Bernardo Miguens, otro abogado que, según le habían contado, venía de trabajar en el juzgado del fallecido juez federal Claudio Bonadio.

La ex agente relató -según pudo reconstruir Télam de varias fuentes que accedieron a la declaración- que el operativo realizado sobre el Instituto Patria -base política del kirchnerismo- en 2018 había sido dispuesto por el entonces jefe de operaciones especiales, Alan Ruiz, quien ya está procesado por espionaje ilegal.

En ese contexto, aseguró que los informes tenían que llevar la firma del entonces jefe de Contrainteligencia, Martín Coste, porque las personas y los autos que participaron del operativo pertenecían a su área, aunque aclaró en más de una oportunidad que las tareas habían sido ordenadas por Ruiz que respondía directamente a la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani.

También señaló que para tapar la situación -luego de que los autos de la AFI fueran detectados frente al Instituto Patria-, los informes debían contener también información respecto a que existía "algún tipo de amenaza, totalmente incierta" sobre otros dirigentes como el entonces presidente Mauricio Macri, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, el diputado Waldo Wolff y la ex diputada Graciela Ocaña; aunque solo le constaba que se había realizado el operativo sobre revelado en televisión.

"Me decían lo que tenía que escribir y quiénes eran los personajes. Viéndolo en retrospectiva, no solo quisieron tapar lo de Cristina, sino también lo de esta otra gente. Yo pensé que querían poner muchos nombres para que no quedara tan evidente que era solo contra ella, pero ahora veo que no", sostuvo la ex agente, a la luz del espionaje ilegal que ahora se investiga en la justicia federal de Lomas de Zamora.

El relato incluyó la amenaza de que si tanto Coste como ella no firmaban los informes que habían sido ordenados desde la conducción de la AFI de Cambiemos, la represalia sería expulsarlos de la agencia: "La Ocho te echaba como si nada. Había antecedentes", aseguró.

La ex agente también aseguró que en sus intercambios con Miguens -a quien identificó como la persona que supervisaba los avances del informe- le dijo que lo que estaban haciendo "se lo pedían de arriba" y que para ella todo se hacía para cubrir a Ruiz y a Dario Biorci -cuñado y ex jefe de Gabinete de Majdalani- que era quien dentro de la AFI tenía contacto con la causa conocida como "G20" porque la llevaba el área de contraterrorismo.

Cuando los legisladores que la escuchaban le preguntaron por qué no denunció que la hicieron inventar documentos, sostuvo que en la AFI "hay más canales de castigo que canales de denuncia" y que además las áreas donde podía denunciar los hechos, como la de jurídicos, dependían "del Cinco", Gustavo Arribas, por lo que entendía que "estaba en tema".

Por el otro lado, señaló que si hubiese querido realizar una denuncia penal hubiese tenido que solicitar que le levantaran el secreto que se les impone a los agentes y ex agentes de Inteligencia por lo que dio a entender que no hubiera prosperado.

En otra parte de su exposición, la ex agente respondió a los descargos que hicieron Ruiz y Majdalani ante la justicia -de los cuales se enteró por notas de Télam y Página/12- cuando dijeron recordar que las supuestas amenazas contra la seguridad de Fernández de Kirchner provenían de comentarios vinculados a la organización conocida como Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (ITS).

"Los blancos de ITS no son figuras presidenciales; los blancos de ITS son profesores de universidad, son empresarios que tienen desarrollos tecnológicos", sostuvo en referencia a cómo se desarrolla la agrupación ecoextremista, por lo que desmintió la que hubieran podido querer atentar contra la ex mandataria.

Además, señaló que, si efectivamente hubiera habido una amenaza de atentar por ejemplo con una bomba contra el Instituto Patria o contra la ex presidenta, el trabajo de supuesta vigilancia por parte de agentes de inteligencia no hubiese servido para evitarlo porque en esos casos debe darse aviso a la justicia y a las fuerzas de seguridad.

Ante el Congreso, el ministro de Desarrollo Productivo detalló el alcance de las políticas desplegadas para mitigar el impacto de la pandemia.

El 91% de las personas vive en hogares que reciben subsidios, transferencias o algún tipo de asistencia del Estado en la actualidad. El ministro Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, detalló en el Congreso el alcance de las políticas desplegadas para mitigar el impacto de la pandemia.

En su exposición en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Kulfas precisó que el 91% del total de la población comparte vivienda con una persona vinculada al Estado nacional. "Hay más de 22 millones de adultos, que viven con otras 19 millones de personas, que reciben algún ingreso del Estado. De este modo, 41 millones de personas viven en un hogar en donde algún miembro percibe algún ingreso por parte del Estado".

En concreto, se refirió a las 8,9 millones que reciben el ingreso familiar de emergencia (IFE), de los cuales 2,4 millones son por la asignación universal por hijo y 1,5 millones por la tarjeta Alimentar. Esta cuenta realizada por Desarrollo Productivo incluye a los 7,1 millones de jubilados y pensionados y a los 3,2 millones de empleados públicos, una situación completamente independiente de la pandemia.

Quienes sí se sumaron a raíz de la crisis por el coronavirus fueron los 2,8 millones de asalariados privados recibieron al menos una cuota del programa de asistencia al trabajo y la producción (ATP) y los 500.000 monotributistas y autónomos que sacaron créditos a tasa cero. Además de ellos, el Gobierno le transfiere el salario social complementario a 500.000 trabajadores y seguro de desempleo a 100.000.

El ATP, el despliegue de mayor envergadura en el plano laboral, implicó la transferencia de $ 93.000 millones en las dos primeras rondas, donde se beneficiaron a 310.000 compañías.

Kulfas precisó que se entregaron 414.000 préstamos a tasa cero para monotributistas y autónomos hasta fines de junio, a lo que se le deben sumar al menos 25.000 en lo que va de julio. Con ellos se pusieron en circulación $ 50.000 millones garantizados por el FOGAR.

Los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia fueron llamados a indagatoria en el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria, en 2018.

Los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron citados a indagatoria en el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria, en 2018, y sobre el domicilio de la entonces senadora y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, informaron hoy fuentes judiciales.

Los informantes dijeron que el juez Juan Pablo Auge citó a Majdalani para el 12 de julio y a Arribas para el 13 del mismo mes, ambos a partir de las 9 de la mañana, luego de que ayer lo solicitaran los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardona.

En tanto, el ex espía Alan Ruiz, jefe operativo de los autodenominados “Súper Mario Bros”, fue procesado sin prisión preventiva en el marco de la misma causa.

El juez Juan Pablo Auge le impuso además la prohibición del salir del país y le trabó un embargo por 500 mil pesos a la vez que dispuso su inmediata libertad porque se encontraba detenido en el marco de este expediente.

Se trata de la ex secretaria de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri. También se ordenó detener al ex jefe de Contraingeligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, y a otros 20 acusados en la investigación por supuesto espionaje a funcionarios, políticos y empresarios.

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, detuvo hoy a la ex secretaria de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo; al ex jefe de Contraingeligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Diego Dalmau Pereyra, y a otros 20 acusados en la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios.

También ordenó apresar a Martín Terra, otro ex agente de la AFI y ex pareja de Analía Maiorana, la actual esposa del vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, según informaron fuentes judiciales.

Villena detuvo además a los ex agentes de la AFI Jorge Sáez, Leandro Araque y Facundo Melo, como parte de un total de 22 órdenes firmadas hoy.

El listado incluye a Emiliano Matta, María Mercedes Funes Silva, María Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Tenorio, María Sáez, Jorge Ochoa, Andrés Rodríguez, Gustavo Ciccarelli y Juan Carlos Rodríguez, entre otros.

Entre los detenidos hay ex agentes de la AFI, ex policías de la Ciudad de Buenos Aires y empleados del Gobierno porteño y del Ministerio del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, según las fuentes.

También quedó detenido a disposición de Villena el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, quien ya está preso en otra causa que investiga espionaje ilegal al instituto Patria, a cargo de otro magistrado de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge.

Las órdenes de detención se libraron a primera hora de la mañana de hoy y durante la jornada se iniciarán las declaraciones indagatorias, informaron las fuentes.

Villena investiga presuntas actividades de espionaje ilegal realizadas desde la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri a funcionarios; entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes se presentaron como querellantes en el caso.

También a ex funcionarios detenidos en la cárcel de Ezeiza por distintas causas penales, así como a empresarios, sindicalistas -entre ellos Pablo y Hugo Moyano- y periodistas.

Los ex agentes de la AFI detenidos integraron el llamado grupo "SuperMarioBross", que formaron en el sistema de mensajería WhatsApp para intercambiar información sobre sus "objetivos" de vigilancia.

La Cámara Argentina de Internet informó, además, que aumentaron las conexiones de fibra óptica, que la circulación de videos en internet "superó al consumo de televisión abierta y TV pago" y que en el país 2.618 localidades cuentan con acceso a la web.

El tráfico de internet a nivel país registró en abril un crecimiento del 65% respecto a igual mes de 2019, como producto del aislamiento preventivo y obligatorio vigente desde fines de marzo para morigerar el avance del coronavirus, según datos difundidos hoy por la Cámara Argentina de Internet (Cabase).

El informe remarcó que en los doce meses bajo análisis crecieron las conexiones de fibra óptica, se produjo una caída en el número de accesos a internet con otras tecnologías y una migración de clientes a soportes con mayor velocidad.

"Como producto del aislamiento preventivo y obligatorio iniciado el 20 de marzo en Argentina, se registró un importante crecimiento del tráfico, que durante marzo y abril llegó al 35%, en comparación al tráfico promedio de febrero, ubicándose para finales de abril en los 780 Giga bits por segundo (gBps), lo que representa un crecimiento del 65% con respecto al mes de abril de 2019", indicó Cabase.

En la presentación del informe, el titular de la cámara, Ariel Grazier, deslizó la posibilidad de que antes de fin de año el tráfico de internet a nivel país pueda se de una en el país llega a un terabyte, lo que equivale a 1000 gigabytes (GB).

Esta medición da cuenta del tráfico que circula en la red nacional compuesta por 30 puntos regionales de interconexión (IXP), que incluye contenido internacional buscado y difundido por los usuarios desde Argentina.

Desde Cabase señalaron que este incremento fue impulsado debido a que los usuarios comenzaron a elevar una mayor cantidad de videos en los últimos meses.

En la entidad acotaron que de hecho la circulación de videos en internet "superó al consumo de televisión abierta y TV pago".

En la actualidad una de las plataformas más difundidas de contenido audiovisual acapara el 30% del tráfico en redes, a lo que se suma el uso de las videconferencias que salieron del ambiento laboral y se expandieron al educativo y al familiar.

"Los servicios paquetizados (internet más tv o internet más tv y telefonía) siguen empujando el crecimiento del video y otros servicios", indicó Graizer, quien agregó que el tráfico diario sigue reflejando la misma curva existente antes de la cuarentea, "con incremento en la mañana y durante el mediodía".

Lo que pasó en este último tiempo en los hogares, ahora convertidos en oficinas, escuelas y espacios de entretenimiento, fue la necesidad de "duplicar la velocidad" de acceso a internet, recalcó el directivo.

En base a los parámetros que emplea la cámara, el Cabase Internet Index arrojó que en marzo de 2019 las conexiones con velocidad superior a 20 Mbps (megabits por segundo) representaban el 29,02% del total del mercado.En marzo de 2020, ese porcentaje trepó al 47,97%.

Así la velocidad promedio en el mercado pasó de 17 mbps en marzo del año pasado a 38 Mbps en el tercer mes de 2020.

Como parte de este proceso, se observó también una sustancial disminución en las conexiones con velocidades inferiores a 20 Mbps, que cayeron desde el 70,98% del total a un 52,03% en el mismo lapso.

La capacidad de dar accesos con mejores niveles de velocidad está atada a la tecnología con la que se llega a la casa del cliente, por lo cual "es necesario un mayor desarrollo de la infraestructura de fibra al hogar", indicó Graizer.

En base a los datos existentes, Argentina contaba con 1.047.817 conexiones por fibra óptica en marzo pasado, con un crecimiento del 64,4% respecto a doce meses atrás.

En la comparación interanual por tipo de tecnología, la fibra óptica acusó un continuo incremento, seguida por los accesos con cable modem y los inalámbricos.

Por su parte, las cuentas de ADSL (la tradicional tecnología utilizada por las telefónicas) registraron en los doce últimos meses la caída de 800.000 conexiones, con una merma del 27%.

Por último, el informe precisó que a nivel país 2.618 localidades cuentan con acceso a internet. De ese total, el 34% es bajo sistema alámbrico, el 20% inalámbrico y el 46% con ambos tipos de tecnologías de acceso.

0 trafico internet

Treinta y ocho años después del conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía territorial de las islas, un centenar de soldados todavía continúa en batalla, tratando de demostrar ante la Justicia cómo fueron torturados por militares de su propia tropa durante el desarrollo de la guerra.

Por Gabriel Ramonet|Corresponsal|Treinta y ocho años después del conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía territorial de las Islas Malvinas, un centenar de soldados todavía continúa en batalla, tratando de demostrar ante la justicia cómo fueron torturados por militares de su propia tropa durante el desarrollo de una guerra que para ellos, parece no tener fin.

El combate no es esta vez en los congelados parajes del archipiélago del Atlántico Sur, sino en las oficinas del Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde se tramita la causa Nº 1777/07, caratulada "Pierre Pedro Valentín y otros sobre delitos de acción pública".

Los preparativos de esta batalla comenzaron muy lejos de las Malvinas, en la provincia de Corrientes, quince años atrás.

Todo empezó con la proyección de la película "Iluminados por el fuego", de Tristán Bauer y Edgardo Esteban, organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos correntina.

Al final del evento, varios excombatientes que estaban en la sala se quedaron en sus butacas, visiblemente conmocionados, con lágrimas en los ojos, y no era solo por haber rememorado los combates contra los ingleses.

El subsecretario Pablo Bassel habló con ellos, comenzó a citarlos en su despacho y a escuchar lo que tenían para decir: todos reconocieron haber sido víctimas de torturas cometidas por oficiales y suboficiales argentinos durante la propia guerra.

   La tortura está prohibida en todos los ordenamientos jurídicos”

   Pablo Bassel

"Durante dos años reunimos esos testimonios y en 2007 concretamos la denuncia penal en Río Grande, con los primeros 25 casos. Fue fundamental el contexto de la política nacional de ese momento, que se centraba en la memoria, la verdad y la justicia", recordó el exfuncionario durante una charla abierta organizada por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Untdf).

Según Bassel, la tortura "está prohibida en todos los ordenamientos jurídicos, inclusive durante la guerra contra soldados enemigos, así que mucho más lo está contra combatientes de la misma tropa", explicó.

Pero llevar el caso a la justicia había sido recién el comienzo de la guerra legal: había otras batallas por dar, como por ejemplo convencer a los jueces de que se trataba de delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no estaban prescriptos.

Aunque esa cuestión todavía sobrevuela la estrategia de los abogados defensores, y seguramente volverá a ser planteada, la justicia dio un paso fundamental para el avance de la investigación, cuando en diciembre de 2018 citó por primera vez a prestar declaración indagatoria a 18 de los 95 imputados que tiene hasta el momento la causa.

   Ojalá la justicia no deje morir a un combatiente más, sin juzgar a sus torturadores”

   Silvio Katz, excombatiente

Un año después, el 5 de diciembre de 2019, declararon los dos primeros acusados: Eduardo Luis Gassino y Miguel Ángel Garde, y al día siguiente, otros dos: Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

Además del fiscal de Río Grande Marcelo Rapoport, esas declaraciones fueron presenciadas por la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) María Ángeles Ramos, quien afirmó que las víctimas de estos hechos "sufrieron agresiones contra la integridad física y psíquica", que constituyen "verdaderos crímenes de lesa humanidad", sostuvo.

En febrero de este año, la jueza Borruto dictó los primeros procesamientos contra Gassino, Garde, Affranchino Rumi y Calderini, integrantes del Regimiento de Infantería Nº 5 Paso de los Libres, que durante el conflicto bélico ocupó lugar en la posición de "Puerto Yapeyú" o "Puerto Howard".

A Garde se le imputaron 18 hechos, a Affranchino Rumi dos (uno de estaqueamiento y el otro de enterramiento de soldados) a Gassino el enterramiento de cinco soldados y a Calderini el estaqueamiento de dos.

Uno de los hechos, por ejemplo, comprende el enterramiento de cinco soldados por sacrificar una oveja para comer, mientras que otro refiere la muerte de dos soldados durante esos vejámenes.

Silvio Katz, uno de los excombatientes denunciantes en el caso, contó que por su origen judío fue víctima de persecuciones, y que durante la guerra, "había un militar de pensamiento nazi que me perseguía todo el tiempo. Me insultaba y me decía judío de mierda. Y cuando se dio cuenta que ya no me molestaba, comenzó a estaquearme a la intemperie, con temperaturas de 10 o 15 grados bajo cero", relató en el testimonio brindado a la Untdf.

También detalló que fue obligado a comer entre las deposiciones de otros soldados y a sumergir las manos en agua helada.

   No fuimos a la guerra con San Martín, sino con Galtieri y su banda”

   Silvio Katz

"Así se comportaban con los soldados de piel oscura, o con los que ellos consideraban tontos. Si no hubiera sido por mi familia y por la ayuda psicológica que recibí, jamás podría haber superado esto", agregó el exconscripto.

La jueza Borruto hizo lugar en mayo pasado a un pedido del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) que interviene en la causa como parte querellante, y citó a indagatoria a otros seis ex militares: Omar Edgardo Parada, Emilio José Samyn Duco, Jorge Guillermo Díaz, Jorge Aníbal Santiago Cadelago, Horacio Francisco Vlcek y Jorge Raúl Masiriz.

Esta semana, la jueza dispuso la modalidad en que se realizarán esos actos, de manera virtual y con las restricciones sanitarias propias de la pandemia de coronavirus.

"No fuimos a la guerra con San Martín, sino con Galtieri y su banda. Ojalá la justicia no deje morir a un combatiente más, sin juzgar a sus torturadores. Esa es la batalla que, 38 años después, continúa librándose", aseguró Katz.

El principal astillero del país se readecuó para ayudar al sistema de salud y a las víctimas de violencia.

Por Diana López Gijsberts|El Astillero Río Santiago de la ciudad de Ensenada, el más grande del país y donde se fabricó la Fragata Libertad, se readecuó para ayudar al sistema de salud ante la pandemia de coronavirus y se encarga de reparar camas hospitalarias y de armar viviendas para que las víctimas de violencia de género puedan huir de los agresores con los que conviven.

"Estamos orgullosos de dar una mano al sistema de salud en estos momentos, cuando hace unos meses nos contaron que traerían camas para reparar fueron muchos los compañeros que se ofrecieron voluntariamente a participar de este proyecto", expresó a Télam Fabián Betancourt, que desde hace 8 años trabaja en el sector Chapa Fina del Astillero.

El trabajador sostuvo: "Sentimos que el astillero, como industria naval de bandera, sigue siendo ejemplo de soberanía al ayudar al sistema de salud, que Dios quiera no desborde por el coronavirus".

"A la vez es una forma de devolver a la comunidad todo el apoyo que nos dio en los peores momentos", dijo el obrero y su mirada se ensombreció al recordar la lucha que debieron emprender en el 2018 los tres mil trabajadores cuando el gobierno de Cambiemos intentó cerrar el predio naval fundado en 1953 por el presidente Juan Domingo Perón.

A su lado, Carlos De Francesco, agregó: "Después de todo lo que pasamos, del vaciamiento, de dejarnos sin materia prima, sin insumos, es importante mostrar que el astillero tiene capacidad instalada, que la capacidad de la gente está, que acá traes trabajo y se hace".

"Aquí reparamos las camas de PAMI, que luego se entregan a hospitales; pero además hacemos camillas y bandejas para traslado de equipos quirúrgicos de acero inoxidable y hemos colaborado con los hospitales San Martín, San Juan de Dios y el Hospital de Niños de La Plata", dijo orgulloso el hombre que hace 17 años trabaja en Río Santiago.

En un taller de 110 metros de largo y respetando el uso obligatorio de barbijos, ambos trabajaban lijando, soldando y armando las camas ortopédicas que el PAMI halló en desuso en sus depósitos y entregó al astillero para su reacondicionamiento y posterior distribución en los hospitales que lo necesiten.

"Ya reparamos unas 300 camas", precisó con satisfacción De Francesco, que contó que el sector tiene un protocolo sanitario que respetan con rigurosidad para cuidarse ellos y a sus familias y que regula que se trabaje en grupos de no más de siete personas, en jornada reducida y con la presencia de personal de Mantenimiento que antes y después desinfectan cada sector, las herramientas de trabajo y los baños.

El mate no falta, pero cada uno tiene el suyo y hasta hay un plano que indica los lugares y las distancias que cada uno debe mantener al sentarse en la mesa que comparten para desayunar.

"El sector de Electromecánica se encarga después de calibrar los movimientos de la cama y finalmente se las embala y entrega al PAMI", detalló De Francesco.

El astillero no solo repara las camas que se distribuirán entre los hospitales para la atención de pacientes con coronavirus, sino que también se ocupa de ayudar a otras víctimas indirectas de esta pandemia: las mujeres a quienes el aislamiento social y obligatorio encerró en sus casas junto a sus parejas violentas y que no encuentran lugar a donde ir

Según estadísticas de organizaciones feministas, durante esta cuarentena cerca de 60 mujeres fueron víctimas de femicidio; y las llamadas a las líneas telefónicas de ayuda se incrementaron en más del 40 por ciento.

Esta situación motivó que el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad bonaerense encargara al astillero Río Santiago el armado de viviendas para contención a víctimas de violencia de género utilizando contenedores.

"Encaramos con muchas ganas este proyecto que dará albergue a las mujeres que lo necesiten en este contexto de crisis sanitaria", contó Cristian Sigales, en el sector Estructura del Astillero, donde se acondicionan tres contenedores de 12 metros por 3 de ancho.

"Estamos en etapa de construcción de cada contenedor para que los tres juntos sirvan de vivienda para las víctimas. En uno de ellos estarán los dormitorios, con capacidad para tres camas; en otro se montará cocina y baño y en el tercero un comedor", detalló Sigales, que hace 23 años trabaja en el predio naval.

Junto a él, Martin Roggero, con los planos de cada contenedor en mano, mira a sus compañeros abrir ventanas y soldar puertas en cada contenedor: "Es la primera vez que adaptamos contenedores para vivienda y es buenísimo estar trabajando y dando una ayuda a las mujeres violentadas. Nos sentimos útiles, sentimos que le ponemos el pecho a este contexto y eso es importantísimo", afirmó.

Roggero dijo que una vez que terminen el trabajo en este sector, "se dará intervención a otro que se ocupará de forrar el interior de los contenedores con durlock y madera y, finalmente, ponerles electricidad".

"Gracias a la gente estamos trabajando, por el apoyo de la gente que banco nuestra lucha para que no cerraran el astillero y, al hacer estos contenedores, sentimos que devolvemos ese apoyo", concluyó Sigales.

Las farmacéuticas Pfizer Inc. y BioNTech SE seleccionaron al país por su experiencia científica, la epidemiología de la enfermedad y la experiencia previa. Los datos preliminares de esta vacuna, una de las doce que están siendo probadas en humanos, fueron calificados como positivos.

La Argentina fue seleccionada hoy como el único país de la región para llevar adelante una de las fases de prueba con personas de la vacuna contra el coronavirus que preparan las compañías farmacéuticas Pfizer y BioNTech, en una decisión que el presidente Alberto Fernández consideró como motivo de orgullo para toda la Nación.

Ambos laboratorios anunciaron que se encuentran a la espera de la aprobación regulatoria de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

El presidente Fernández recibió hoy en la Quinta de Olivos al investigador principal del estudio en el país, Fernando Polack; y a Nicolas Vaquer, gerente General de Pfizer Argentina.

"Argentina es el único país de la región donde se llevará a cabo una de las fases de prueba para una posible vacuna contra la Covid-19", afirmó el jefe de Estado, en su cuenta de Twitter, al cabo de la audiencia.

"La selección de nuestro país para llevar adelante estos estudios estuvo basada en la experiencia científica local, en las capacidades operativas y en la experiencia previa de Argentina en la realización de estudios clínicos. Es un gran desafío y un enorme orgullo para todos", remarcó el mandatario.

Esta consideración fue confirmada por el director de Vacunas de Pfizer para América del Norte, el argentino Alejandro Cané, quien destacó que "la experiencia previa de la Argentina en la realización de estudios clínicos, sumado a los altos estándares de calidad en investigación científica demostrados en los muchos estudios realizados en los últimos 20 años en el país, fue determinante en la selección de la Argentina como lugar de testeo de la fase final de la vacuna".

Cané destacó, especialmente, "la experiencia científica y la capacidad del investigador principal del proyecto, el infectólogo Fernando Polack, sumado a la capacidad operativa de su equipo".

Luego destacó que "se necesitaba hacer la prueba en algún sitio donde haya circulación viral, situación que se da en estos momentos en el país".

Cané explicó a Télam que las fases 1 y 2 de la vacuna comenzaron a fines de abril en Alemania y en mayo en los Estados Unidos.

En la primera fase de ensayos clínicos la vacuna había arrojado señales alentadoras, al demostrar que es bien tolerada por humanos.

También se comprobó que es inmunogénica, es decir capaz de general anticuerpos.

Cané agregó que confía en que "la vacuna esté lista para buscar la aprobación regulatoria hacia fines de 2020" y dijo que "se podrían producir cientos de millones de dosis, incluso antes de la aprobación, y más de mil millones para fines de 2021".

Sobre la vacuna en sí, Cané explicó que se "utiliza tecnología experimental conocida como ARN mensajero, un mecanismo genético para inducir al cuerpo humano a producir ciertas proteínas que generan anticuerpos e inmunidad celular contra el nuevo coronavirus".

"Si tiene éxito, estas y otras vacunas comparables serían más fáciles, más seguras y más baratas de fabricar que las vacunas tradicionales basadas en células de virus inactivadas o parciales", apuntó.

Comentó Cané que "el estudio global incluiría a unas 30.000 personas para demostrar que la vacuna es eficaz y segura, y la cantidad de personas que involucre en Argentina dependerá de la capacidad de enrolamiento y la evolución que vaya teniendo la investigación", explicó.

"Estamos orgullosos de que la comunidad científica en Argentina tenga un papel clave en los esfuerzos de investigación global y en la lucha contra la Covid-19. Nos tomamos esta responsabilidad muy seriamente y confiamos en que la ciencia ganará", dijo a su turno Polack, director científico de la Fundación INFANT e investigador principal del estudio en el país.

Ambos laboratorios declararon previamente que esperan poder comenzar con los estudios Fase 2b/3 en julio, a la espera de las aprobaciones regulatorias apropiadas.

"El inicio del estudio clínico en Argentina está planificado para principios de agosto, sujeto a la aprobación regulatoria de la Anmat", señalaron a través de un comunicado difundido este viernes.

Por su parte, el ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que "hace tiempo que venimos hablando con casi todos los laboratorios en el mundo que dicen estar trabajando en vacunas, que son más de 150".

"De esos laboratorios, hay unos 3 o 4 que están interesados en hacer estas pruebas clínicas en el país. En todos los casos, nosotros les pedimos dos cosas: que tengamos provisión para la Argentina, con prioridad y con magnitud, es decir que no haya vacunas para unos pocos", dijo a Télam el jefe de la cartera sanitaria.

"Y la segunda cosa que pedimos es que haya transferencia de tecnología. Es decir, que haya producción local", añadió.

En referencia a los dos laboratorios que ya anunciaron hoy que harán las pruebas clínicas en Argentina, Ginés indicó que "la actitud del Gobierno argentino es absolutamente abierta y de búsqueda de soluciones definitivas, como podría ser una vacuna", concluyó González García.

La de Pfizer Inc. y BioNTech SE es una de las doce vacunas que están siendo probadas en seres humanos (en fase clínica) alrededor del mundo según registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pidieron que haya respeto y empatía tras el brutal crimen. Además reclamaron que no se hagan publicaciones con "especulaciones dolorosas".

Los familiares y amigos de Fabián Gutiérrez, ex secretario de la vicepresidenta Cristina Kirchner, calificaron hoy como "brutal" al crimen del que fue víctima y pidieron "respeto, empatía y paz, pero sobre todo calma" a "medios, periodistas y dirigentes de todo el arco político".

"Ante el brutal crimen de Fabián, amigos familiares y gente que lo quiere rogamos a los medios, periodistas y dirigentes de todo el arco político respeto, empatía y paz, pero sobre todo calma, dejando actuar a la Justicia", expresaron mediante un comunicado.

En este sentido, los familiares pidieron en la publicación que se evite "hacer especulaciones dolorosas, interesadas, de todo tipo y color". El comunicado fue publicado por el periodista Juan Cruz Sanz, quien era cercano a la familia.

"Fabián era ante todo una persona. Dueño de un corazón inmenso y una calidad humana extraordinaria. Para nosotros no se fue, porque siempre estará. Le pedimos a Dios que nos ayude en este difícil momento y en la imperiosa búsqueda de Justicia", concluyeron en el comunicado que fue publicado por Clarín.

Gutiérrez fue encontrado asesinado y enterrado en una casa de la localidad santacruceña de El Calafate y por el crimen fueron detenidos cuatro sospechosos, uno de los cuales confesó el hecho ante la Justicia.

"Estoy denunciando que Aranguren y otros funcionarios violaron el marco regulatorio, afectaron el funcionamiento del servicio de gas por redes y también afectaron el patrimonio de los argentinos y del Estado nacional en US$ 560 millones", señaló

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, afirmó que el exministro de Energía Juan José Aranguren habría generado "un endeudamiento espurio" de US$ 561 millones con las empresas productoras y distribuidoras de gas que "se lo transfirió a los usuarios y al Estado".

"Estoy denunciando que Aranguren y otros funcionarios violaron el marco regulatorio, afectaron el funcionamiento del servicio de gas por redes y también afectaron el patrimonio de los argentinos y del Estado nacional en US$ 560 millones", señaló Bernal a Télam.

El interventor del Enargas denunció ayer penalmente al exministro del gobierno de Mauricio Macri por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, en una violación a la ley del Gas, la 24.076, respecto a los contratos que fijaron el precio en 2018.

Esta mañana, el funcionario puso en conocimiento sobre la denuncia penal al titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, y precisó que "el perjuicio económico calculado por el Enargas, que figura en la presentación, ascendería a US$ 561 millones, de los cuales US$ 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco; mientras que US$ 168 millones contra los usuarios del servicio público de gas por redes".

Bernal puntualizó a esta agencia que "ni bien asumió, Aranguren aplicó esa suerte de tablita de precios en dólares que se nos iban a las nubes" y remarcó que se trató de "valores irrisorios e injustificables".

El denunciante explicó que "una vez que terminó la Ley de Emergencia, en 2017, y se suponía que las empresas tenían que negociar y el Estado regular ese precio, Aranguren dijo 'ahora fijamos por dos años los precios en dólares' en una economía que se venía abajo, y que además funciona en pesos".

"Eso produjo el descalabro de las cuotas, del endeudamiento espurio que se provocó y que además se lo pasaron a los usuarios y al Estado nacional", subrayó Bernal, quien sostuvo que "son delitos sofisticados de gente que detesta el país en que viven".

El interventor aseguró que "esto fue inédito en la comercialización del gas" y remarcó que Aranguren y el resto de los funcionarios denunciados "se habrían asegurado que el valor dólar se pase a la tarifa y evitarían cualquier fluctuación de una economía argentina sumida en la inflación y la variación del mercado de cambios".

A su criterio, "en ese pacto se habrían asegurado por dos años las ganancias de las empresas productoras de gas contra la ley".

Bernal agregó que "habrían pactado por debajo de la mesa un precio uniforme del gas en boca de pozo en dólares y manipularon la regulación para trasladarlo a la tarifa que debían soportar todos los usuario del país" y puntualizó que "los acuerdos se realizaron entre productoras y distribuidoras, todo a espaldas de la ley".

La denuncia penal, que recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, incluye también a Marcos Porteau, exsubsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía durante la gestión de Cambiemos; Mauricio Roitman, expresidente del directorio del Enargas; y demás integrantes del entonces Directorio del Ente Regulador.

DESDE LA RED DIGITAL DE NOTICIAS CONDENAMOS Y REPUDIAMOS ENÉRGICAMENTE EL ATAQUEA LOS TRABAJADORES DE PRENSA. BASTA DE VIOLENCIA

Un móvil de C5N fue atacado por manifestantes autoconvocados en el Obelisco

El episodio se reportó cerca de las 17, cuando un grupo de personas atacó brutalmente al móvil del canal de noticias, en cuyo interior estaban los técnicos, y a los periodistas que realizaban la cobertura de la manifestación.

Un móvil del canal de noticias C5N fue atacado hoy por un grupo de manifestantes que se autoconvocaron a protestar en rechazo al aislamiento social, preventivo y obligatorio y en contra del Gobierno nacional.

El episodio se reportó cerca de las 17, cuando un grupo de personas atacó brutalmente al móvil del canal de noticias, en cuyo interior estaban los técnicos, y a los periodistas que realizaban la cobertura de la manifestación.

Durante el ataque, los manifestantes golpearon, empujaron e insultaron a los trabajadores de prensa de ese canal, ante la sorpresa de los cronistas de otros medios de comunicación, algunos de los cuales trataron de intervenir para frenar la golpiza al grito de "no les peguen".

"¡Van a empezar a tener miedo, hijos de puta!", gritó uno de los manifestantes mientras golpeaba la puerta del móvil televisivo, quien fue captado desde dentro del camión por un teléfono celular.

En tanto, el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Juan Bautista Mahiques, inició dos sumarios a raíz de los incidentes, informaron fuentes judiciales.

Ambas causas están a cargo del fiscal Paulo Horacio Gaspani, quien ordenó iniciar las pesquisas por el ataque al móvil y por la agresión que sufrieron dos periodistas que estaban realizando la cobertura de la manifestación.

Por otra parte, el fiscal tiene a su cargo la causa por las lesiones que sufrieron dos periodistas, uno de ellos del medio Comunicación Popular, Ezequiel Guazzora, que tuvo lesiones en su mano derecha y un fuerte traumatismo de tórax.

Por este motivo, según las fuentes judiciales, el fiscal solicitó que se secuestren imágenes de los distintos canales de televisión que pudieran haber captado las agresiones, como así también solicitar la presencia de testigos para que aporten datos sobre los agresores.

El Presidente y el jefe de Gobierno porteño estuvieron reunidos durante unos 40 minutos a solas y repasaron los "números de la primera semana" de la nueva etapa del aislamiento, que la ciudad comparte con el conurbano bonaerense.

El presidente Alberto Fernández se reunió en la quinta de Olivos con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para analizar la marcha de la nueva fase del aislamiento estricto por la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires con el foco puesto en el cumplimiento de los permisos de circulación y la evaluación de la tasa de contagiosidad del virus.

Según informaron fuentes oficiales porteñas a Télam, Fernández y Larreta estuvieron reunidos durante unos 40 minutos a solas y repasaron los "números de la primera semana" de la nueva etapa de la cuarentena, que la Ciudad comparte con el Conurbano bonaerense.

La fase de aislamiento estricto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue anunciada una semana atrás por el Presidente, el jefe de Gobierno y el mandatario provincial Axel Kicillof, y se extenderá hasta el próximo 17 de julio.

Para esta nueva etapa, la Capital Federal definió el cierre de los comercios "no esenciales", suspendió la actividad de práctica deportiva conocida como "runners", reforzó los controles de circulación de personas y aumentó los testeos en los barrios mediante el plan Detectar junto al Gobierno nacional.

Ese programa busca casos de Covid-19 y sus contactos estrechos en barrios de la Ciudad, al que se suman los testeos serológicos que se realizan semanalmente a trabajadores de la salud y de los geriátricos para identificar si tuvieron anticuerpos para la enfermedad, lo que permite anticipar posibles contagios.

Entre los números que abordaron el Presidente con el jefe de Gobierno porteño se incluyen los datos del informe diario de casos en el distrito, así como los niveles de movilidad en el transporte público que se detectaron desde las áreas de Transporte y Seguridad.

En la Ciudad, el lunes se registraron 961 nuevos casos de coronavirus, el martes 753, el miércoles 846 y ayer jueves 864.

En tanto, la Secretaría de Transporte de la Ciudad informó que circularon 300 mil personas menos en el transporte público desde el miércoles, cuando comenzó la nueva fase de aislamiento más en el AMBA, lo que significó una caída de casi 33%.

Hoy, los sensores en las principales avenidas porteñas registraron una baja del 6% en referencia al viernes pasado del flujo vehicular; mientras que en el subte hubo una caída del 26% de pasajeros respecto de la semana pasada y en el tren un descenso de 25%.

Los colectivos, que realizan el 80% de los viajes que se hacen en transporte público, trasladaron en los últimos días 1.472.000 pasajeros por día, una baja del 33% con respecto a la semana pasada.

El encuentro entre ambos mandatarios, en tanto, se dio pocas horas después que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, manifestara alguna diferenciación respecto de las próximas medidas que podría tomar el distrito luego del 17 de julio.

"Veremos estos días como evoluciona el índice y si se ubica debajo de 1, que significa que cada día que pase, los casos nuevos van a ser menos que el día anterior, vamos a desandar estas medidas para volver a tener una mayor claridad y mas actividades", afirmó el funcionario.

Y sostuvo que "muchos están de acuerdo y otros no con la cuarentena, pero en ese acuerdo vamos a cumplir nuestra parte que es dar un golpe duro a la curva y a partir del 17 empezar a desandar estas medidas" si se logra reducir la contagiosidad, insistió.

En ese marco, un grupo de "runners", asesorados por el dirigente porteño y abogado Yamil Santoro, presentó un amparo, que incluye el pedido de una medida cautelar, para que se permita la realización de la práctica deportiva en los parques y plazas.

El extitular de Federación Agraria Argentina (FAA) descartó que el Gobierno Nacional encare una política estatizadora que "amenace la propiedad privada". A su vez, entendió que el origen del conflicto es el mal manejo de los recursos que hizo la empresa: "Cuando dicen que el Gobierno está siguiendo el camino de Venezuela se equivocan, Argentina va por el camino de los países europeos que salieron a salvar empresas golpeadas por esta maldita pandemia", destacó.

El expresidente de Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, analizó el conflicto planteado en torno al futuro Vicentín, una de las principales exportadoras de granos del país, y por lo tanto generadora de divisas. Así, sentenció que el problema no lo ha generado la palabra intervención pronunciada por el presidente de la Nación, sino "lo mal que ha manejado la cosa la empresa y la cantidad de dolientes que ha producido"

La opinión del dirigente ruralista no es una más en el maremágnum de consideraciones y análisis que se pueden encontrar sobre la polémica por estas horas: Buzzi fue una de las figuras centrales del sector que más se opuso y luchó contra la recordada Resolución 125, lo que a la postre fue el mayor escollo político que debió superar la administración kirchnerista en sus 12 años.

En las últimas jornadas, y sobre todo después de las manifestaciones en "apoyo a la propiedad privada" realizadas el fin de semana, algunos analistas pretenden hacer de la "causa Vicentín" una especie de remake de aquel conflicto de 2008, aunque los actores y los procesos sean absolutamente disímiles. Con la frontalidad que los caracteriza, Buzzi aseveró en diálogo con Radio Provincia que "la mitad de la deuda de Vicentín es con gente que le dio los granos en confianza" y añadió que "muchos de ellos son chaqueños,que hoy están en la cola de los estafados". "Es necesario explicarle a todos el grado de monstruosidad de lo que hizo Vicentín, incurriendo en desvíos de fondos, no pago de impuestos y dilapidación de fondos que recibió del Banco Nación; entre muchas otras", resumió.

Largo camino

El dirigente admitió que la actual es una situación "cambiante", pero entendió que hay que situarse en el origen del problema, porque hace 10 días el Gobierno Nacional decidió intervenir la empresa pero el conflicto viene de mucho antes, "en particular en los últimos tres o cuatro años".

En esa línea, recordó que durante los primeros días de diciembre la empresa informó que no iba a pagarle a los productores, a los acopiadores y cooperativas. "El problema es qué hizo Vicentín con los recursos y granos que le entregaron, y con el fangote (sic) de dinero que recibió del Banco de la Nación Argentina", planteó.

Buzzi indicó que hay informes que demuestran que, por ejemplo, uno de los principales acreedores es una empresa propia radicada en Uruguay. "Esto no es casualidad, ellos son acreedores de sí mismos, por cientos de millones de pesos; pero lo más importante es que la mitad de la deuda de Vicentín la tiene con gente que le dio los granos en confianza", expuso.

El dirigente entendió que hay información suficiente para asegurar que el "lamentable" el manejo que hizo la empresa de los recursos y aportó que "en el Chaco hay muchos productores vinculados con la empresa por la cercanía con Avellaneda (Santa Fe) donde está radicada Vicentín".

Soluciones posibles

El dirigente ruralista consideró que el Gobierno Nacional, primero, y el del Santa Fe, después, están intentando encontrar "una solución". "Pero vemos, curiosamente, una contraofensiva de los dueños de Vicentín y de algunos grandes medios nacionales confundiendo a la gente que culmina en un banderazo en defensa de unos piratas que realmente cuesta entender", consideró.

Buzzi opinó que "puede haber gente opositora al Gobierno, pero deberían plantearlo en esos términos, y no salir a calle a defender a esta empresa". En definitiva, para el dirigente la intervención impulsada por el Gobierno Nacional "es oportuna" porque de lo contrario se iba a "desguazar" a la empresa para entregarla a inversionistas extranjeros.

Por este camino, se "carteliza" la comercialización de granos, lo que a la vez genera que dos o tres operadores decidan el precio de la producción local. "Que haya una empresa testigo, de origen estatal mixta con el movimiento cooperativo, es una buena propuesta que el juez de la quiebra debería observar con mucho detenimiento porque además evita llegar a la expropiación", analizó el ruralista

Para Buzzi, los sectores que confrontan con la administración que conduce Alberto Fernández, "agitan cualquier fantasma, como la ola estatizadora, para confundir a los desinformados y mal predispuestos con el Gobierno". "Cuando dicen que el Gobierno está siguiendo el camino de Venezuela se equivocan, Argentina va por el camino de los países europeos que salieron a salvar empresas golpeadas por esta maldita pandemia", cerró.