El Jefe de Gabinete analizó la actual coyuntura del país, hizo un análisis del primer año de gestión y fijó las perspectivas de cara al 2021.

Por Lucas González Monte, Daniel Scarimbolo y Fátima Cheade|El jefe de Gabinete Santiago Cafiero sostuvo que persisten en la Argentina "dos modelos en pugna", el que expresa el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner de "producción, trabajo, distribución de la riqueza y fortalecimiento del mercado interno" y el que defiende el macrismo, fundado en "la especulación financiera y la concentración de riqueza".

En una entrevista con Télam en su despacho de Casa de Gobierno, el jefe de los ministros planteó que "la oposición está unida defendiendo ese modelo que fue derrotado el año pasado", mientras que el Frente de Todos sigue expresando "otro modelo a partir del testimonio y lo que se fue logrando este año".

"Tenemos expectativas que el 2021 será un año de recuperación, de reconstrucción, sobre todo de recuperación económica y también de vínculos sociales", remarcó Cafiero en la entrevista.

A modo de ejemplo mencionó que "de 2015 a 2019, el país del mundo que más se desendustrializó fue la Argentina" y contrapuso ese escenario con el actual, en el que la industria se está recuperan

"Los números se empiezan a exhibir de a poco, con mucha cautela y con mucha prudencia, pero los sectores industriales son los que ya están con un aumento de su utilización de capacidad instalada, aumento no solo prepandemia, sino con respecto al año pasado", aseveró.

El siguiente es el diálogo que mantuvo con Télam:

-Télam: ¿Cómo proyecta el Gobierno el 2021 luego de un año en el que el foco debió estar en enfrentar la pandemia?

-Cafiero: Tenemos expectativas que será un año de recuperación, de reconstrucción, sobre todo de recuperación económica y también de vínculos sociales. En todo sentido puede que sea un año de recuperación, estamos también muy esperanzados por la vacuna. Pensamos que también allí se va a inscribir una recuperación cada vez más sensiblemente visible al bolsillo de las familias argentinas. Estamos esperanzados que se recupere el salario real y el nivel de los haberes jubilatorios.

- T: El Gobierno habló de apuntalar el 2021 en la producción del empleo. ¿Cómo se logra esa inversión productiva por sobre la inversión financiera?

- C: Lo que hicimos este año es parte de enfocar y alinear todas las expectativas hacia esa dirección. Lo que se hizo fue por ejemplo, a partir de política monetaria y una agresiva política de baja de tasas de intereses. Se fueron suprimiendo esas tasas de interés que eran prohibitivas para cualquier Pyme que se tenían que financiar al 70 u 80% el año pasado. Este año pudieron hacerlo a una tasa del 24%, que ahora está en el orden del 33 ó 34%.

   "Estamos esperanzados en que se recupere el salario real y el nivel de los haberes jubilatorios".

T: ¿Este tipo de medidas se van a sostener el año próximo?

-C: Se van a sostener porque son parte del proyecto de país productivo que tenemos nosotros. Hoy hay un paquete de subsidios que permite direccionar hacia la inversión productiva, cuando antes (en el anterior gobierno) era solamente una inversión vinculada a retroalimentar la especulación financiera, con grandes ganancias. Esto es parte de lo que se ha hecho este año marcado por la pandemia: recomponer al Estado como un elemento central a la ahora de poder dinamizar sectores y direccionar recursos. Incluso impulsar iniciativas como el proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que fue uno de los primeros que el Gobierno envió al Congreso y que fueron marcos normativos que empiezan a romper cierta regla institucional que se había dispuesto el macrismo, que lo que hacía era concentrar cada vez más recursos en pocas manos. Esto era visible en el último tiempo y se había profundizado en 2018-2019 en esa crisis de balanza de pagos, la llegada del Fondo Monetario Internacional (FMI) como prestamista de última instancia y las políticas de ajuste que se empiezan a hacer con una virulencia mucho mayor y mucho más pronunciadas a partir de 2018-2019, con fábricas y empresas que terminan cerrando. Eso trae una caída en el nivel de ocupación, aumento del desempleo y de la pobreza. Toda esa secuencia deja un Estado endeudado, un Estado defaulteado. Cuando llega la pandemia, golpea más duro a lo que ya estaba muy endeble.

- T: ¿Cuáles van a ser los motores de esta reconstrucción-recuperación?

- C: -Hay una parte que está funcionando y es muy visible y es la construcción. Primero apalancado por cómo tracciona la inversión pública, nosotros ya hemos podido reactivar 760 obras activas en todo el territorio nacional y esto hace que el sector cobre músculo y dinamismo y tracciona a la construcción privada. El índice Construya, que no hace el Gobierno, habla de una recuperación importante. Esperemos que sea sostenida y no simplemente un rebote, eso es parte de la tarea. Vemos muy bien lo relacionado a la actividad industrial, eso es empleo de calidad, bien remunerado, que es de esos sectores que generan bienes exportables. El campo, a partir del aumento de los commodities, tiene una perspectiva vigorosa a pesar de la sequía en la zona núcleo. Pensamos que vamos a tener, con los rindes que tengamos, precios muy altos a nivel internacional. El sector de maquinaria agrícola, ahí tiene los niveles más altos en años aun en pandemia.

- T: ¿La situación del dólar está controlada?

- C: Hubo una gran apuesta a la devaluación. Lo vimos en el comportamiento del mercado, en la profecía autocumplida de los consultores de Buenos Aires y medios que fogoneaban la devaluación en octubre. Con mucha pericia y prudencia, se empezó a trabajar para demostrar que no había argumento para la devaluación en la Argentina. Eso sólo iba a traer más pobreza, más aumento de precios. Tenemos como tarea primordial bajar la pobreza y sostener los precios... Hoy se alejó ese fantasma de corrida y estamos conformes con la política cambiaria que estamos sosteniendo.

Se trata de un programa de obras públicas que impulsa el Poder Ejecutivo para "favorecer la reconstrucción económica" en el actual contexto de la pandemia de coronavirus y "terminar con la centralidad de Buenos Aires".

Por Lucas González Monte|El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, avanza en la elaboración de un plan de desarrollo federal que incluirá obras públicas en varios puntos del país, y que contempla un listado de 20 proyectos para el desarrollo del Noroeste argentino por un costo total de 700 millones de dólares.

Con este conjunto de iniciativas, el Poder Ejecutivo pretende "favorecer la reconstrucción económica" en el actual contexto de la pandemia de coronavirus y "terminar con la centralidad de Buenos Aires" para poner en marcha un país "multipolar".

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, planteó la necesidad de impulsar un plan estratégico de desarrollo federal, al exponer en la 26° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizada el 1 de diciembre pasado.

Según el funcionario, "con la aparición de la pandemia se evidenciaron problemas estructurales, como la concentración poblacional: el AMBA concentra el 40% de la población".

"Tenemos que aprovechar la salida de la pandemia para ver cómo vivir mejor; por eso desde el Ministerio del Interior aprovechamos para desarrollar un plan de desarrollo federal", reveló.

En la línea, la cartera de Interior se encargó durante gran parte del primer año de gobierno de Alberto Fernández de aceitar la distribución de la ayuda financiera que llegó a las provincias para enfrentar los efectos de la pandemia en las economías locales y, mientras tanto, recolectó información para confeccionar el primer borrador de un plan de desarrollo nacional.

Según la información a la que accedió Télam, el borrador del plan recoge obras de infraestructura de diversa dimensión para las regiones nacionales y apunta a mejorar la productividad.

Algunas de las obras en carpeta

Por ejemplo, para el Noroeste ya están detectadas 20 obras por 700 millones de dólares que fueron pedidas hace años por los gobernadores, lo que marca una "posición totalmente opuesta" respecto a lo que fueron las prioridades del gobierno de Cambiemos en materia de obra pública, centradas en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense.

El plan de desarrollo en el que trabaja el Ministerio del Interior incluye para Catamarca tres obras por 129 millones de dólares: una línea de alta tensión para las localidades Aimogasta, Tinogasta y Fiambalá; el puerto de transferencia multimodal de cargas en Recreo, esencial para el corredor bioceánico; y un acueducto para abastecer al sureste de la provincia y al oeste de Santiago del Estero.

En Jujuy, se pretende avanzar con la primera etapa de la fábrica de baterías de litio y la expansión de troncal de fibra óptica, con un costo aproximado de 14,5 millones de dólares.

En Salta, se aspira contar con un centro de distribución multimodal de cargas, un centro de Medicina Nuclear y la rehabilitación de los ramales ferroviarios C-14 y C-15, para lo que se necesita una inversión estimada en 150 millones de dólares.

Respecto de Santiago del Estero, se planifica un canal de desagüe prolongación de La Magdalena-Tres Lagunas; la construcción de puentes alcantarilla de tres vanos sobre el Canal Interprovincial; el acueducto dique El Bolson-Frías; el Canal Interprovincial Ruta 35; y el mejoramiento e impermeabilización del Canal de la Patria, desde Santos Lugares hasta Quimilí, con una inversión estimada de 135 millones de dólares.

En La Rioja, se necesitan 110 millones de dólares para la ampliación de la cadena de producción porcina en la región de Los Llanos: una línea de distribución troncal energética de 132 millones de dólares en las localidades de Chamical-Chepes; y el gasoducto productivo y de la familia entre Casa de Piedra, Chamical, Chilecito.

Finalmente, en Tucumán se solicita el desarrollo del área de riego Río Medina y del sistema Río Tala, más la construcción de una Estación Multimodal de Cargas, obras que implicarían 162 millones de inversión.

Un plan multipolar

Ante el cónclave de la UIA, De Pedro dijo que esas 20 obras tienen "todas juntas el mismo costo que el Paseo del Bajo Porteño", la obra que el gobierno de Mauricio Macri "priorizó" para "ordenar el tránsito de camiones", de 700 millones de dólares.

"Priorizaron ordenar el tránsito de camiones que van al puerto de Buenos Aires, en vez de generar puertos en las provincias", dijo el funcionario ante la cúpula de los industriales y lo repitió en la Casa Rosada ante gobernadores al firmar el Consenso Fiscal.

El funcionario aseguró, en ese sentido, que el objetivo del Gobierno nacional es tener un país "multipolar" en el que "cada región tenga las condiciones de infraestructura y de calidad de vida para empresarios y trabajadores".

"La centralidad del puerto de Buenos Aires también conspira contra la competitividad de las economías regionales que están obligadas a enviar sus productos a los mercados asiáticos en barcos por el océano Atlántico", dijo.

Otro corredor bioceánico

Agregó que "hoy Argentina tiene su principal aliado estratégico que es Asia" y "todos los productos están saliendo por el Atlántico, en viajes que llevan 14 días de barco, con un costo significativo".

"Generar dos corredores bioceánicos, a través de los que Argentina pueda sacar su producción vía Chile, va a ser una ventaja competitiva para todo el NOA y para todo el Centro", estimó.

Entre los beneficios que significarían un acuerdo con el país trasandino, se sostiene que "los 14 días ahorrados en viaje podrían significar que la carne exportada pase de ser congelada a enfriada, con una ganancia casi un 50 por ciento superior a la actual".

Mejoras en la hidrovía

En el noreste, con la mirada puesta en la potencialidad de la hidrovía, los gobernadores reclaman fondos para mejorar o crear puertos.

Según fuentes de la cartera de Interior, uno de los mandatarios mesopotámicos suele decir que "con la décima parte de lo usado para algunas obras de infraestructura en el Área Metropolitana", él "hace el puerto que necesita para toda la provincia", mientras que uno de sus vecinos afirma necesitar 5 millones de dólares para desarrollar su propia salida al río y al mundo.

"Hoy para poder hacer estas obras, rutas, gasoductos, electricidad, hace falta plata. Estamos discutiendo con el FMI cuándo le vamos a devolver la plata que se pidió. El gobierno anterior pidió más de 100 mil millones de dólares y no están ni en los puertos, ni en las rutas, ni en los gasoductos, ni en las líneas de alta tensión, con lo cual este plan de desarrollo va a ser un plan de largo plazo porque los recursos son finitos", definió De Pedro.

Fue en la puesta en marcha del programa que permitirá garantizar el abastecimiento de gas por los próximos cuatro años y no tener que recurrir a las importaciones para responder a la demanda.

El presidente Alberto Fernández llamó a "eliminar odios y venganzas" y a "entender que los destinatarios" de la gestión pública son los "argentinos", a la vez que abogó por atraer inversiones que generen "trabajo".

El presidente sostuvo que cuando la "vocación" de los distintos actores del sector público y privado es la misma, aunque los intereses particulares sean distintos, "los resultados suelen ser virtuosos", por lo que convocó a los empresarios a seguir "invirtiendo" en el país para "generar trabajo".

"Como generación, no nos podemos dar el lujo de seguir postergando estas posibilidades", planteó el mandatario al presentar, desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el plan Gas.Ar de promoción de la producción de ese hidrocarburo dentro del período 2020-2024.

Acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el secretario de Energía, Darío Martínez; Fernández dijo que el plan Gas.Ar "se vino trabajando desde hace mucho tiempo, con gobernadores y también con empresarios", y consideró que es "algo que beneficia a todos".

En ese sentido el Presidente explicó que este plan se fue "adecuando para que rindiera para todos" y enumeró que "genere más gas para la Argentina, deje mejores regalías a las provincias, genere recursos fiscales" y "posibilidades de exportación a los países limítrofes".

Fernández pidió a los empresarios "seguir invirtiendo para dar trabajo y generar gas para todos" e instó a "entender que los destinatarios" de la gestión "son los argentinos", lo que permitiría que el país tenga unas "posibilidades de salir adelante infinitamente mayores".

En ese contexto llamó a "eliminar los odios y las venganzas", para ponerse "de una vez por todas a mancomunar esfuerzos".

El jueves próximo las compañías petroleras podrán ofertar volúmenes y precios para la entrega de gas natural a las nuevas distribuidoras de todo el país y a las generadoras eléctricas por los próximos cuatro años, y la adjudicación será el 15 de diciembre, anunció Martínez.

El plan Gas.Ar prevé una inversión de 6.500 millones de dólares por los próximos tres años, con la sustitución de importaciones por 30.800 metros cúbicos que significan un ahorro de 9.300 millones de dólares en divisas, 3.600 millones de dólares de recaudación fiscal y 2.500 millones de ahorro fiscal.

Por su parte Guzmán señaló que el plan servirá para tener "menos dependencia de las importaciones, con un bien escaso como lo es la divisa en moneda extranjera", además de "tarifas razonables con un país competitivo".

En ese sentido el ministro explicó que "el esquema anterior de dolarización de tarifas no era razonable" y anunció que se está "revisando".

Guzmán contó que "la reestructuración de la deuda fue un punto de partida" para que el gobierno "defina un esquema de políticas públicas, de como gastar", y en ese marco indicó que se apuntó a "la obra pública, la vivienda, la educación y la salud pública".

Mientras, Martinez manifestó que el plan es de "desarrollo de la producción del gas en la Argentina" que permitirá "el crecimiento de las empresas y el desarrollo tecnológico", y lo calificó de "interés nacional".

Lo indicó el Presidente, en relación a la suspensión de las PASO. "Está fundado en dos cuestiones, que no se ha superado la pandemia en muchas provincias y que las PASO requieren un gasto de 13.000 millones de pesos", explicó.

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) "es una iniciativa de los gobernadores que está en el Congreso" y que tiene en cuenta el contexto de pandemia y también económico.

"Es un planteo de los gobernadores y está fundado en dos cuestiones, que no se ha superado la pandemia en muchas provincias y que las PASO requieren un gasto de 13.000 millones de pesos", dijo el mandatario en declaraciones a radio La Patriada.

Agregó que la idea, según le plantearon los gobernadores que impulsaron el proyecto de ley, entre ellos "de Cambiemos, como los de Corrientes y de Jujuy", según aclaró, "toma en cuenta que en un contexto de pandemia cuanto menos se movilice a la gente, mejor" ya que "la pandemia no se ha superado".

En cuanto a lo económico, el criterio de la iniciativa, según transmitió el jefe de Estado es "aprovechar esos recursos que requieren las paso para cubrir gastos que la pandemia exige, como la compra de vacunas".

En ese sentido, señaló que la realización de las PASO requiere de un gasto de 13.000 millones de pesos que se podrían derivar a otras necesidades", pero insistió en que "la idea la impulsan los gobernadores y está en el Congreso", sin que el Gobierno haya participado.

El proyecto que este viernes ingresó a la Cámara baja lleva la firma de Pablo Yedlin (autor), Ariel Rauschenberger, Mario Leito, Diego Sartori, Flavia Morales, Aldo Leiva, Ricardo Wellbach, Alma Sapag, Walberto Allende y Carolina Moisés.

Un amplio abanico de juristas, dirigentes políticos y sindicales y organizaciones sociales cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena al exvicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena al exvicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone volvió a ser cuestionada por un amplio arco de juristas, dirigentes políticos y sindicales y organizaciones sociales, que advirtieron que el "lawfare que sufrió y sufre" el exfuncionario "atenta contra un Estado de derecho".

La carta de apoyo a Boudou, titulada "Con Lawfare no hay democracia", lleva la firma de dirigentes como el exministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni; representantes de organismos de derechos humanos como "Taty" Almeida y Lita Boitano; sindicalistas como Pablo Moyano, Hugo Yasky, Víctor Santa María y Sonia Alesso, y una larga lista de senadores, diputados, dirigentes y funcionarios del Frente de Todos.

Por su parte, el exvicepresidente consideró que la medida es "otro baldazo del sistema del Poder Judicial sobre la República y la democracia argentina" y advirtió que el máximo tribunal optó por desoír las argumentaciones de Zaffaroni y el fallecido Julio Maier, los juristas que habían respaldado su pedido para que fuera revisada la condena.

"No hay una justificación o un por qué. Lo que la Corte dice es 'no queremos opinar', quizá sea porque en la Corte no hay ningún penalista, no sé", dijo Boudou, en diálogo con radio Rivadavia, cuando le preguntaron las razones del fallo del alto tribunal.

Más tarde, en su propio programa "Boudou Lounge" en radio El Destape, el también exministro de Economía añadió que "el rol de los integrantes del Poder Judicial es antipopular, antidemocrático y antirepublicano también".

En la solicitada, los dirigentes manifestaron su "preocupación" ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia que, advirtieron, "afecta a nuestro sistema democrático, vulnerando derechos y garantías constitucionales".

Y añadieron que este fallo del máximo tribunal, "sumado a otras graves actuaciones judiciales tales como la aceptación de testimonios recogidos bajo presión, pone de manifiesto el sostenimiento de lawfare como instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías y lxs más vulnerabilizados".

En su tercer y último párrafo, el documento afirma que "la persecución política y el lawfare, como los que sufrió y sufre Boudou por recuperar los fondos de las AFJP devolviéndolos a los jubilados y trabajadores, atenta contra un Estado de derecho, que debe preservar la vida, las garantías y la libertad de las personas".

Adhirieron también organizaciones como La Cámpora y Los Curas de la Opción por los Pobre y la Asociación de Personal Legislativo (APL).

El viernes, Boudou había recibido el respaldo de dirigentes del oficialismo y de organizaciones sociales y de derechos humanos que cuestionaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia y realizaron un "abrazo solidario" al Palacio de Justicia.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el titular de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), Hugo Yasky; y el ministro de Desarrollo de Buenos Aires, Andrés Larroque, entre otros, rechazaron el fallo de la Corte Suprema con declaraciones públicas y pronunciamiento en las redes sociales.

La condena de Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue confirmada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal y entonces el exvicepresidente presentó un recurso para que la Corte revocara su condena, pero la última semana el máximo tribunal declaró "inadmisible" el recurso.

La solicitada también estuvo firmada por intendentes bonaerenses del PJ como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Zabaleta (Hurlingham), Fernando Grey (Esteban Echeverría), Lucas Ghi (Morón), Mayra Mendoza (Quilmes) y Mario Secco (Ensenada).

También la suscribió el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, y la ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, junto a legisladores y dirigentes como Carlos Heller, Oscar Parrilli, Fernanda Vallejos, José Luis Gioja, Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau y Paula Penacca, entre muchos otros.

Llamosas, con la lista de Hacemos por Córdoba, se adjudicaba el 41,8 % de los votos, seguido por el radical Gabriel Abrile, del espacio Juntos por Río Cuarto, con un 34,5 %.

El intendente de Río Cuarto, el peronista Juan Manuel Llamosas, se imponía este domingo para acceder a su segundo mandato en las elecciones municipales de esa ciudad, según los datos oficiales provisorios del 77 % de la mesas escrutadas.

Debajo se ubicaban los espacios Política Abierta, con el candidato Pablo Carrizo, 11,9%; Es Río Cuarto (Eduardo Scoppa), 4,6; Respeto (Lucía de Carlos), 3,8%; Libertario (Mario Lamberguini), 1,3%; Frente de Izquierda (Guadalupe Fantín), 1,1 y la Ucede (Marcelo Ljubich), 0,9.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, acompañaban este domingo por la noche al intendente de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, quien se imponía en las elecciones municipales para acceder a un segundo mandato.

Gioja felicitó a Llamosas por su "gran victoria" en Río Cuarto y llamó a "trabajar en unidad"

El diputado del Frente de Todos y presidente del Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja, felicitó hoy al intendente de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, por su "gran victoria" en las elecciones municipales.

"Felicitaciones por la gran victoria. Un abrazo a tu equipo y a toda la gente de Río Cuarto que nos regala este hermoso triunfo peronista. ¡Sigamos trabajando en unidad!", expresó Gioja en su cuenta de Twitter.

El debate se prolongó durante más de 20 horas, mientras manifestantes 'verdes' y 'celestes' siguieron las alternativas de la sesión durante toda la noche en las inmediaciones del Congreso.

La Cámara de Diputados aprobó esta mañana en general por 131 votos a favor el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, mientras que 117 legisladores votaron en contra de la iniciativa y 6 se abstuvieron, tras un extenso debate que se prolongó durante más de 20 horas, mientras manifestantes 'verdes' y 'celestes' siguieron las alternativas de la sesión durante toda la noche en las inmediaciones del Congreso.

La sesión

El pleno del cuerpo comenzó a deliberar a las 11 de la mañana del jueves.

Tras la votación del proyecto de legalización del aborto se comenzará a debatir el dictamen sobre el Plan de los 1000 días para la protección de la mujer embarazada y los primeros años de la infancia.

La sesión especial, impulsada por el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, se desarrolló con multitudinarias concentraciones en las adyacencias del Congreso Nacional, convocadas por los grupos verdes a favor del aborto y los celestes en contra.

A lo largo de la sesión -la primera presencial tras la pandemia- el presidente de la cámara, Sergio Massa, pidió que se cumplan los protocolos y los tiempos de oratoria.

Concurrieron a observar la sesión los ministros de Salud Gines González García; de las Mujeres, Género, y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta; de Seguridad, Sabina Frederic; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y la titular de Anses, Fernanda Raverta.

El proyecto que se aprestaba a votar esta madrugada autoriza a realizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.Además, reconoce la objeción de conciencia de los profesionales que no quieran realizar esta práctica médica y establece que si una institución privada tiene todos objetores de conciencia debe derivar al paciente a otra sanatorio u hospital

Como sucedió en otros debates históricos, como la ley del divorcio, el matrimonio igualitario, la ley de reproducción responsable, y el aborto en el 2018, las aguas se divien no por afinidad política sino por las propias convicciones de cada legislador.

Los discursos muestran la división transversal que genera el proyecto que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.

Los argumentos de quienes impulsaron la legalización del aborto subrayan que se trata de un problema de salud publica y una herramienta para terminar con los abortos clandestinos, mientras quienes se oponen dijeron que se deben salvar las dos vidas y que ese principio está contemplado en la Constitución Nacional

Las distintas posiciones

A abrir el debate como miembro informante del dictamen de mayoría, Cecilia Moreau (Frente de Todos-Buenos Aires) sostuvo que tanto el proyecto de legalización del aborto como el Plan de 1000 Días "promueven más justicia social y cuidan la salud entendida de manera integral".

Moreau afirmó que ambas iniciativas "profundizan una política de salud pública que tiene como eje el acompañamientos de las mujeres y personas gestantes y garantiza básicamente el derecho a decidir, requerir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive".

La diputada del Pro, Carmen Polledo, defendió el dictamen de minoría de rechazo al aborto y señalo que la iniciativa busca la "eliminación de un ser que se está gestando en el vientre materno y allí hay vida".

En su discurso, Polledo, vicepresidenta de la Comisión de Salud, consideró que "el embrión es un ser humano con ADN propio y por eso tiene derecho desde la concepción".

El presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (Frente de Todos) sostuvo que el proyecto "no va contra de las creencias de nadie" y recordó que "hace 100 años que se decide condenar a las mujeres a la clandestinidad".

Para la presidente de la comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard, se trata de "un día histórico para las mujeres de nuestro país", y consideró que "no estaríamos acá sin la marea verde y sin la decisión política del presidente que tomó el tema como política pública".

En tanto, la vicepresidenta de la comisión de Legislación Penal, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli dijo que el presidente Alberto Fernández, "envió un proyecto que nos divide" y se preguntó: "Con qué cara vamos a decir que es una prioridad este tema con 44 por ciento de pobres".

En cambio, su par de bancada, el presidente de la Coalición Cívica, Máximiliano Ferraro, señaló que "la dimensión de mi voto positivo va más allá de mi espiritualidad, de mis creencias, de lo que soy como individuo o de la pertenencia a un partido".

"Mire, por mi orientación sexual, me siento parte de un grupo de personas que durante mucho tiempo fuimos ciudadanos de segunda y parte de una sociedad que nos educó para la vergüenza", sostuvo.

A su turno, la presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidades, Mónica Macha, sostuvo que "despenalizar y legalizar quiere decir poder contar con una política pública que garantice ese acompañamiento".Destacó que se trata de "una de las leyes más importantes" que se necesitan "desde el regreso de la democracia".

Desde el mismo oficialismo, el ex gobernador de la Rioja Sergio Casas dijo que "busco representar el sentir mayoritario del pueblo riojano, guiándose "por la ética racional y el orden jurídico-constitucional que contempla el respeto por el derecho a la vida desde la concepción".

Por otra parte, la diputada del Frente Misionero de la Concordia, Flavia Morales, anticipó que votará a favor pese a que en el 2018 lo hizo en contra y dijo que "la intervención del Estado, en este momento, es fundamental“.

Por su parte, el legislador de Unidad y Equidad Federal, el mendocino José Luis Ramón, insistió con su proyecto de llamar a una consulta popular sobre el aborto y dijo que "este debate no puede ser resuelto por mayorías circunstanciales".

La diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna, habló desde el hospital en el cual se encuentra internada y señaló que "de ningún modo es en contra de la vida" y "por el contrario, es una apuesta al amor, a la justicia".

La diputada del Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag dijo que "el aborto no es la solución" y que si se quiere "que el Estado esté presente, entonces trabajemos para llegar antes".

La diputada Alicia Aparicio (Frente de Todos) sostuvo que la discusión "no es aborto si o aborto no" sino que "tenemos la posibilidad de legislar para las próximas generaciones".

La diputada del PRO Victoria Morales Gorleri consideró: "Nos encontramos ante la crueldad de un sistema que quiere definir por ley quiénes tienen derecho a vivir y quiénes deben ser eliminados. Es el retroceso de la humanidad. Es el fracaso del Estado. Es el fomento de la Cultura del Descarte".

La legisladora del Frente de Todos, Gisela Marziotta, señaló al defender el proyecto de legalización del aborto que "no hay oportunismo, sino que existe una urgencia de vidas en juego" y señaló que el Presidente Alberto Fernández "está cumpliendo con lo que prometió en la campaña"

Por su parte, el diputado socialista por Santa Fe Luis Contigiani señaló que "para ustedes, los que defienden esta ley, hay un solo protagonista, que es la mujer".

"Lo hacen de buena fe, pero tienen que invisibilizar que hay vida en el feto, Porque están convencidos de esa idea sobre la persona humana"

En cambio, Enrique Estévez, también diputado socialista por Santa Fe, respaldó el proyecto y señaló que "cambiar esta realidad es un acto de justicia social".

"Tenemos que hacernos cargo. El aborto no es un hecho individual, es un hecho social y colectivo. Estamos hablando de un derecho humano del acceso a la salud integral", remarcó el diputado.

El proyecto

El dictamen de mayoría emitido por un plenario de comisiones establece que "las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar" tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.

Los diputados que promueven el aborto legal introdujeron cambios, para facilitar su sanción en el Senado, en lo referido a la objeción de conciencia de las instituciones sanitarias privadas.

En torno a ello se establece que aquellos centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo por objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar de similares características, donde se realice efectivamente la intervención.

Se incorporó además que, para los casos de menores de 16 años que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que indica que "la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales".

El proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas que pretende ayudar a moderar los efectos de la pandemia de coronavirus y está destinado a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, venido en revisión de la Cámara de Diputados, fue convertido hoy en Ley por el Senado de la Nación.

La iniciativa obtuvo 42 votos a favor del Frente de Todos y sus aliados, y 26 en contra, del interbloque de Juntos por el Cambio y sus adherentes tras una discusión que duró cinco horas y terminó pasadas las nueve y media de la noche.

El proyecto, que había sido impulsado por el presidente del bloque oficialista en la Cámara baja, Máximo Kirchner, tiene como objetivo recaudar alrededor de 300 mil millones de pesos para volcar a planes productivos y sanitarios.

La iniciativa prevé el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.

Esa tasa se elevará al 2,25% en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sea de 600 a 800 millones.

La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25% para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%.

“Además de la pandemia, Argentina tuvo que enfrentar esta situación con una economía devastada”, aseguró la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti al cerrar el debate de la iniciativa.

La legisladora cuestionó en duros términos a la oposición por no acompañar la medida.

“La realidad es que no pueden decirnos por qué defienden con tanta vehemencia el bolsillo de un puñado de multimillonarios de la Argentina”, afirmó.

Además, acusó a Juntos por el Cambio de inventar “esas fábulas de que en el sector agropecuario va a tener que vender máquinas, campos y propiedades para pagar este aporte”.

“Este aporte tiene gran apoyo popular porque todos los argentinos en este período hicimos un gran esfuerzo. Es mentira que esto sea un capricho del presidente o del Frente de Todos”, agregó.

Además, argumentó que “el modelo de la oposición de bajar impuestos y sobrendeudar a la Argentina fracasó” y reclamó “autocrítica” a la oposición.

En cambio, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, aseveró que “esta no es la mejor respuesta para la realidad de la Argentina” y añadió que “este proyecto quedó todo el año en un rincón porque no le cerraba al Poder Ejecutivo y generaba mayor incertidumbre”.

“En este debate hay enorme carga ideológica. Un gobierno que dice representar sectores identificados con lo nacional y popular. ¿Cómo se les explica que la única respuesta que tienen para la sociedad es un ajuste?”, enfatizó Naidenoff.

El senador formoseño evaluó que “hay que compensar a los propios con un relato” que es “decir que van por los sectores privilegiados de la sociedad”.

Por el contrario, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el cordobés peronista Carlos Caserio, afirmó que la iniciativa le brindará un “gran impulso” económico a la Argentina.

“Esta ley y estos recursos van a ser un gran impulso para la Argentina”, opinó el senador Caserioo y agregó que “es un aporte único que se decide pedir en una situación excepcional”.

Remarcó que el país está “saliendo de esta pandemia como se salió de algunas guerras mundiales, con miles de muertos y las economías suficientemente desgastadas”.

“Este aporte que solicitamos es para ayudarnos a recuperar de la pandemia”, insistió y agregó que “el Estado es una herramienta fundamental”.

Por su parte, el opositor porteño, Martín Lousteau, cuestionó el proyecto porque “no va a generar trabajo” y remarcó: “Esta ley no es un aporte, es un impuesto”.

“Si este es un impuesto extraordinario por única vez, no entiendo cómo vamos a seguir financiando las cosas que están listadas en la ley que realmente importan”, agregó.

Fuente: Télam

La Policía bonaerense allanó esta mañana, por pedido de la Fiscalía General de San Isidro, la casa y el consultorio de Luque en el marco de la causa en la que se investigan las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona.

El médico Leopoldo Luque fue imputado del delito de "homicidio culposo" en la causa en la que se investigan las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona, mientras que se secuestró en su casa del conurbano bonaerense documentación sobre la historia clínica del exastro futbolístico, informaron fuentes judiciales y policiales.

Tras el allanamiento a su domicilio, el propio Luque aseguró, entre lágrimas, que "no hubo un error médico de parte de nadie", que él no se reprocha "nada" y que "se hizo lo mejor que se pudo" para tratar al capitán de la Selección Argentina Campeón del Mundo en México 1986.

Fuentes judiciales informaron Télam que Luque fue notificado formalmente de sus derechos esta mañana, mientras unos 30 efectivos de la policía bonaerense, con uno de los fiscales de la causa a la cabeza, Patricio Ferrari, allanaban su domicilio ubicado en Adrogué, en la zona sur del conurbano.

Los mismos voceros aclararon que esta notificación no implica un llamado a indagatoria ni una medida restrictiva de la libertad, sino que se le informa que está siendo objeto de una investigación por la posible comisión del mencionado delito.

Según las fuentes, el allanamiento al domicilio de Luque comenzó por la mañana y duró varias horas, y fue realizado por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro y Lomas de Zamora, por orden de del juez de Garantías sanisidrense Orlando Díaz.

Mientras que con el apoyo de la Policía Federal Argentina (PFA), otros 20 efectivos bonaerenses también allanaron el consultorio de Luque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estuvo presente la fiscal de Benavídez, Laura Capra.

Estos procedimientos fueron solicitados por el equipo de investigadores encabezado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad; e integrado por sus adjuntos Ferrari y Cosme Iribarren; y por la fiscal Capra.

Las fuentes consultadas señalaron que en la casa del médico se secuestró una carpeta con unas cien páginas en las que figuraban estudios clínicos, de laboratorio e informes sueltos de distintas especialidades sobre la salud de Maradona; además de los celulares de Luque y su mujer.

También se incautaron un IPhone, dos tablets y dos notebooks, al tiempo que en el consultorio se secuestró más documentación y una computadora, dijeron los informantes.

En las últimas horas, la causa pasó de estar caratulada como "averiguación de causales de muerte" a "homicidio culposo", lo que implica que los fiscales a cargo del expediente investigan si hubo negligencia médica en las circunstancias que llevaron a la muerte de Maradona el miércoles pasado, en su casa del barrio San Andrés de Tigre.

En tanto, la Fiscalía General de San Isidro informó esta mañana en un comunicado que "ayer se continuó con las tareas investigativas y la sustanciación de la prueba en curso, tomándose además algunas declaraciones testimoniales incluidos familiares directos del causante".

"En virtud de la prueba que se fue recabando se consideró necesario solicitar allanamientos en el domicilio y consultorio del médico Leopoldo Luque (…) Los allanamientos fueron autorizados por el Sr. Juez de Garantías interviniente y se ejecutan en este momento", añadió el comunicado judicial.

Por otro lado, en las útimas horas declararon las hijas de Diego, Dalma, Gianina y Jana, a quienes los fiscales les preguntaron sobre cómo había sido la internación de su padre, qué médicos eran los responsables del mismo y qué le informaron estos sobre las características del tratamiento, según detalló a Télam una fuente judicial.

También se les preguntó sobre cómo se había decidido la salida de Maradona de la Clínica de Olivos, en la que estuvo internado entre el 2 y el 11 de noviembre último.

Hasta el momento, la investigación de los fiscales se centra en tres ejes principales: si hubo un "homicidio culposo", quién tuvo responsabilidades sobre ese posible delito y si se pudo haber evitado, añadieron los voceros judiciales.

En el expediente ya está incorporado el informe que la enfermera Dahiana Gisela Madrid reconoció haber confeccionado por imposición de sus superiores en la empresa "Medidom", la que aportaba el staff de cuidadores.

En ese reporte, Madrid les dijo a los investigadores que asentó falsamente por indicación de sus jefes que a las 9.20 había ingresado a la habitación para hacer un control de signos vitales, y Maradona se negó.

En su declaración bajo juramente dijo que aquella mañana escuchó movimientos en la habitación, pero que lo dejó descansar y sólo ingresó al mediodía, cuando llegaron la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

A su vez, la semana próxima podría haber novedades en torno a una serie de peritajes que podrían dar mayor precisión a las conclusiones del informe preliminar de autopsia, que determinó que el exjugador y entrenador murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrió en su corazón una "miocardiopatía dilatada".

Uno de los elementos a confirmar es el precio al que se venderán los cortes, aunque afirmaron que los valores se ubicarán por debajo del promedio actual del mercado.

El gobierno nacional cerrará este miércoles un acuerdo con el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) para vender tres cortes parrilleros a precios por debajo del promedio del mercado para las fiestas de fin de año.

Fuentes oficiales confirmaron a Télam que los cortes vacunos en cuestión serán asado, vacío y matambre, los que se ofrecerán en principios en las cadenas de supermercados de todo el país, para darle carácter federal a la iniciativa, y no se descartaba la posibilidad de poder llegar también a las carnicerías.

Si bien aseguraron que el acuerdo se firmará mañana, todavía falta cerrar algunos detalles del programa, los cuales sellarán en la reunión que encabezará la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, con autoridades de la cámara frigorífica que representa al 80% del abastecimiento al mercado.

   Los cortes vacunos en cuestión serán asado, vacío y matambre: se ofrecerán en principios en las cadenas de supermercados de todo el país

Uno de los elementos a confirmar es el precio al que se venderán los cortes, aunque las mismas fuentes afirmaron que los valores se ubicarán por debajo del promedio actual del mercado.

En segundo término, resta definir si la oferta será hasta agotar un stock establecido o por un plazo de tiempo a determinar previo y durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Días atrás, Español adelantó a esta agencia que su cartera estaba "trabajando con la cámara de frigoríficos para tener tres cortes parrilleros para las fiestas, a un precio menor que el que tienen actualmente, y a diferencia de la Canasta Navideña, su lanzamiento va a ser más cerca de las fiestas por tratarse de productos perecederos".

En ese sentido, reseñó que la secretaría estaba avanzando para "poder cerrar el acuerdo esta semana corta y poder hacer el anuncio más cerca de las fiestas cuando realizan habitualmente las compras las familias".

"La idea es contar con tres cortes parrilleros en las bocas de expendio, fundamentalmente asado, vacío y matambre, a precios más económicos de los actuales, sabiendo que es el trabajo de corto plazo, ya que tenemos en el mediano y largo plazo un desafío con el sector de la carne de sumar más cortes", detalló la economista.

El presidente Alberto Fernández resolvió que la actualización de los haberes jubilatorios, contemplada en el proyecto, será cada tres meses en lugar de cada seis.

El presidente Alberto Fernández modificará el proyecto de ley de Movilidad Jubilatoria, que comenzará a debatirse en el Senado, para que los aumentos previsionales sean trimestrales, con lo cual habrá cuatro incrementos por año, informaron fuentes oficiales.

El mandatario decidió tomar las sugerencias que el bloque de senadores del Frente de Todos le hizo al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y a la titular del Anses, Fernanda Raverta, dijeron a Télam los portavoces.

Después de un encuentro con esos funcionarios, Fernández resolvió que la actualización de los haberes jubilatorios será cada tres meses en lugar de cada seis, por lo que habrá cuatro incrementos al año.

La decisión se tomó para "empalmar" los meses de "enero, febrero y marzo", que estaban "afuera" de la actualización porque la fórmula del anterior Gobierno de Mauricio Macri se aprobó en diciembre de 2017, pero empezó a regir en marzo de 2018, indicaron a esta agencia las fuentes oficiales.

Después de reunirse con Moroni y Raverta, que le trasladaron la propuesta de los senadores oficialistas, el Presidente decidió trabajar en la propuesta de aumentos trimestrales.

Además, la bancada oficialista impulsó que el incremento previsional del 5% otorgado recientemente no fuera a cuenta del aumento que se otorgará en marzo próximo.

Los senadores decidieron en reunión de bloque modificar el artículo 6 de la Ley de Movilidad Jubilatoria, de modo tal que el aumento del 5% otorgado recientemente no será a cuenta del de marzo próximo sino que se sumará a ese incremento.

"Es una modificación que surge desde el bloque y que fue conversada con el Ejecutivo con el objetivo de mejorar los ingresos de nuestros jubilados y jubiladas", indicó la bancada oficialista.

El proyecto de ley, enviado la semana pasada al Congreso por el Poder Ejecutivo, modifica el índice de movilidad jubilatoria, elaborado en base al trabajo de una comisión mixta, y comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.

El texto fue concebido en base a la propuesta de 131 páginas elevada por esa comisión, creada a partir de la Ley 27.541 de Solidaridad Social e integrada por 17 miembros -legisladores del oficialismo y de la oposición y funcionarios nacionales-, cuya labor constó de 17 reuniones en las que se recibieron a 24 expositores.

Mientras se discute una nueva ley del Ministerio Público, el procurador interino Casal cuida a Macri en dos casos clave: Correo y Stornelli.

El procurador interino Eduardo Casal es una de las piezas clave en el entramado judicial del lawfare que sigue en su lugar para cumplir una función: proteger a Mauricio Macri y operar en su favor. La persecución a la fiscala Gabriela Boquin por el caso Correo Argentino es el caso clave. Macri no es el único cuidado por Casal, también lo es el procesado fiscal Carlos Stornelli. La diferencia entre el trato del interino Casal hacia Boquin y Stornelli evidencia sus motivaciones.

El rechazo intransigente de la oposición para terminar con el extenso interinato de Casal se explica por estas relaciones promiscuas con Macri que aún hoy, a casi un año del nuevo gobierno encabezado por Alberto Fernández, continúan vigentes. Y rinden frutos. De allí, el intento de bloquear la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal que busca, entre otras cosas, establecer un lapso de 5 años para el mandato del jefe de los fiscales y bajar a mayoría absoluta los votos necesarios para elegir a un nuevo procurador general. Casal es funcional a Cambiemos.

Caso Correo

Macri utilizó (y utiliza) al interino Casal para influir en el tema judicial que más le preocupa: Correo Argentino. No es para menos: por un lado, en el fuero comercial, la fiscala Boquin logró frenar la condonación de la multimillonaria deuda que tienen los Macri con el Estado y el caso se encamina a una quiebra luego de casi 20 años de dilación. Si Correo quiebra sus deudas las tiene que asumir SOCMA, la nave nodriza del holding Macri. Para intentar frenar a Boquin el interino Casal desplegó una batería de maniobras que incluyen el armado de un sumario por una falsa denuncia por maltrato laboral y el vaciamiento de su fiscalía, entre otras.

Por otro lado, existe una causa penal donde Macri fue denunciado por este intento de favorecer a su familia desde su cargo presidencial y por el vaciamiento de la empresa. Comparte carátula con Oscar Aguad, quien era su ministro de Comunicación y fue el encargado de la maniobra para que el Estado aceptara una propuesta de pago ínfima por parte de la familia Macri, y los tocayos Jaime Kleidermacher y Jaime Cibilis Robirosa, uno abogado y otro presidente de Correo Argentino. En ese expediente el juez Ariel Lijo hace malabares para demorarlo y no llamar a indagatoria a Macri. El rol de Casal allí fue desplazar al fiscal Juan Pedro Zoni, que le tocaba investigar el caso desde Comodoro Py y no se alineaba con los intereses del presidente PRO.

La protección de Casal a Macri en el caso de la fiscala Boquin incluye, como informó El Destape, una serie de aprietes para desplazarla de la fiscalía ante la Cámara Comercial.

El mismo día que Alberto presentó su proyecto de Reforma Judicial el interino Casal le inició un sumario Boquin. Se basa en una denuncia por supuestos maltratos laborales, sostenida en la declaración de una ex empleada de la fiscalía de Boquin cuyo esposo, el juez Sebastián Sánchez Cannavó, está concursando para acceder a la Sala B de la Cámara Comercial. Es un dato muy relevante: es la Sala que interviene en el caso Correo Argentino.

La maniobra, tal como informó El Destape, se inició con la unificación de los expedientes 157 y 1535, ambos de 2018, en los cuales 2 personas denunciaban maltrato laboral contra Boquin. Una es Verónica Fernández, que tiene una discapacidad por la cual tenía un régimen laboral diferenciado, que denunció malos tratos pero hay documentación a la que accedió El Destape donde reconoce la sensibilidad de Boquin respecto a su condición y lo documentos indican que no hubo motivos para su enojo.

La peona clave de esta jugada es Marina Nieves Calzia, que trabajó en la fiscalía comercial de Boquin entre mayo de 2015 y abril de 2017 e inició un reclamo interno en la Procuración por supuestos maltratos laborales. Boquin y Calzia se conocen desde hace años, ya que la ahora denunciante era secretaria de Ricardo Nissen en la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas donde la fiscal realizó numerosas actividades y llegó incluso a ser vicepresidenta de la institución. Cuando Calzia pasó a trabajar en la fiscalía de Boquín aún no se había recibido de abogada. Aprobó un buen número de materias y terminó la carrera en el ambiente que ahora denuncia como hostil.

En el expediente constan intercambios vía mail y Whatsapp certificadas por escribano que muestran la buena relación y trato entre Boquin y Calzia. Pero no los tuvieron en cuenta.

Las presiones sobre la fiscala Boquin no son nuevas. Apenas frenó la maniobra de Macri para condonarle más de 70.000 millones de pesos a su familia de la deuda que tienen con el Estado hubo un raid de declaraciones en su contra por parte de la primera plana macrista. Luegosufrió sospechosos ataques e intermitencias en su custodia policial, incluido el robo de documentación de su auto (del cuál no tocaron ninguna otra cosa de valor) y la aparición de su gato muerto, ambos hechos en la puerta de su casa.

Macri nombró a Boquin en todas las charlas con periodistas serviciales que tuvo en su último raid televisivo. Tuvo efecto: logró que se reactive el sumario contra Boquin basado en una denuncia falsa y que la Cámara Federal de Comodoro Py ordene investigarla en una contradenuncia. Nada dijo Casal.

La última maniobra contra la fiscala Boquin fue hace unas semanas cuando, tal como informó El Destape, los Macri la recusaron. ¿Con que excusa? Llegan al extremo de plantear que vio afectada su objetividad porque “se siente presionada” por Macri. Una clara inversión de la carga de la prueba: es un hecho que la presionaron mediática y judicialmente, que hubo sospechosas fallas en su custodia, que le robaron papeles del caso Correo de su auto, que su gato apareció muerto en la puerta de su casa, que le armaron una falsa denuncia por violencia laboral. Y ahora la acusan de parcial.

Boquin ya rechazó el planteo, entre otras cosas porque no hay vía legal para recusar a un fiscal comercial. Nada dijo Casal.

Caso Stornelli

El otro ejemplo que condensa las razones por las que el macrismo busca blindar a Casal es el caso Stornelli. El procurador general interino se transformó en el protector del procesado titular de la Fiscalía Federal N° 4 con asiento en Comodoro Py.

Casal frenó los sumarios internos que se le abrieron a Stornelli por sus vínculos con la banda de D’Alessio, que fue definida por la Justicia como una organización paraestatal dedicada al espionaje ilegal. Los sumarios son los únicos que pueden desencadenar, vía un jury, que Stornelli pierda los fueros que posee y en los que se recuesta para evitar ser detenido. Incluso, el procurador general podría suspenderlo en el cargo, tal como sucedió en la provincia de Buenos Aires con otro fiscal relacionado a la banda de D’Alessio: Juan Ignacio Bidone. A este fiscal general de Mercedes, el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, lo suspendió de inmediato. Está claro que Stornelli representa otros intereses.

El primer sumario que adormeció Casal fue el que se generó porque Stornelli no iba a declarar al juzgado federal de Dolores en el marco del D’Alessiogate, donde se lo citó a indagatoria en reiteradas ocasiones. Luego de meses y 6 llamados a indagatoria, en noviembre de 2019, el Consejo Evaluador que asesora al procurador dictaminó que debía presentarse porque si no debía enfrentar un juicio político. Ese fue el disparador que llevó al fiscal del caso de las fotocopias de los Cuadernos a prestar indagatoria ante el juez Alejo Ramos Padilla.

Pero otro de los sumarios que había en la Procuración por el mismo caso quedó congelado. Se trata del que analiza la conducta del fiscal por los delitos que se le achacan en la causa que involucra al espía ilegal Marcelo D’Alessio y a la AFI macrista. Stornelli fue procesado por 8 hechos en ese expediente, tiene prohibido salir del país y le retuvieron el pasaporte. Ramos Padilla lo considera “penalmente responsable del delito de asociación ilícita en carácter de miembro en concurso ideal”. Está a un paso del juicio oral. La excusa que esgrimió siempre para defenderse de esa acusación nunca prosperó porque carece de sustento: que el D’Alessiogate fue una operación que se tejió para derribar la causa Cuadernos. Es una coartada que está atada a la archivada “Operación Puf”, una operación mediático-judicial que impulsó la AFI macrista con escuchas ilegales tomadas en la cárcel de Ezeiza y que Stornelli junto a la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, llevaron a Comodoro Py.

Esto no es todo. El 19 de mayo pasado, el senador Oscar Parrilli requirió la destitución vía juicio político de Stornelli por su rol en el caso “Cuadernos”. Los acusó de “mal desempeño en sus funciones” y de ser el armador de la persecución contra opositores durante el gobierno de Mauricio Macri junto al difunto juez Claudio Bonadío y al defensor oficial Gustavo Kollmann, quien representó al chofer Oscar Centeno en la causa de las fotocopias. En su presentación ante el MPF, Parrilli le reclamó a Casal que se excuse de intervenir porque consideró que durante la gestión cambiemita tuvo una actitud “encubridora” de Stornelli por la que “deberá responder oportunamente”. El procurador rechazó la excusación.

En ese marco, la corporación judicial decidió blindar a Stornelli. El Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal (MPF), con una integración diferente a la que se inclinó por el juicio político si no se presentaba en la indagatoria, propuso cerrar el sumario que se había abierto para analizar su accionar en la causa Cuadernos.

De acuerdo a la reconstrucción que hizo este medio, el consejo –integrado por 5 fiscales generales- propuso clausurar la investigación en contra de Stornelli por 4 votos contra 1. La mayoría la conformaron fiscales generales relacionados a Stornelli y su entorno.

Entre otras cuestiones, los cinco fiscales generales que integran el consejo debatieron si las actas escritas en las que se registró el testimonio de los imputados colaboradores del caso “Cuadernos” bastan para ser considerados “medios técnicos idóneos” para una posterior revisión de las declaraciones. Es decir, si era necesario o no grabar las audiencias de los arrepentidos. Cuatro fiscales generales avalaron a Stornelli. Únicamente, Alejandro Alagia cuestionó, y en duros términos, el accionar de sus pares

¿Quiénes fueron los integrantes del Ministerio Público Fiscal que respaldaron a Stornelli?

-Oscar Ciruzzi, quien mantiene un vínculo cercano a Stornelli, por lo que debía excusarse de intervenir. Está relacionado al mundo Boca, al igual que el fiscal procesado.

-Susana Pernas, quien por decisión de Casal reemplazó en el consejo a Adriana García Netto. Está relacionada al fiscal Carlos Rívolo, quien colaboró con Sotrnelli en la instrucción del caso Cuadernos. Es decir, un interesado en que no se cuestione esa investigación. Pernas es secretaria general de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPF de la Nación, que preside Rívolo.

-Julio Piaggio. Se jubiló el 28 de febrero, al dejar de ser fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Según publicó Ricardo Ragendorfer en el diario Tiempo Argentino fue “juez federal de Lomas de Zamora durante la última dictadura" y "luego se recicló como fiscal en la Cámara Federal de La Plata, desde donde conspiró contra los Juicios de la Verdad”. Se lo relaciona al fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Plee, uno de los “protectores” de Stornelli en Comodoro Py.

-Guillermo Pérez de la Fuente. Es fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Tal como publicó Ragendorfer en Tiempo Argentino, “en sus años mozos fue agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Su nombre está en la lista del Personal Civil de Inteligencia (PCI) desclasificada en 2009 por el Archivo Nacional de la Memoria (ANM)”.

Por decisión de Casal, el mentado Consejo Evaluador es el que analiza los sumarios contra los fiscales y firma dictámenes no vinculantes pero que sirven de apoyo al procurador para tomar sus decisiones.

Los intereses del macrismo para sostener a Casal parecen más que evidentes.