El CEPA destacó en un informe que ante los efectos del Covid-19 sobre la economía el Gobierno Nacional impulsa políticas tendientes a compensar las caídas de las recaudaciones provinciales y medidas de apoyo como el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y refuerzos de las tarjetas alimentarias, entre otras.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) puntualizó que "el Gobierno Nacional ha impulsado una serie de políticas tendientes a sopesar el impacto negativo de la caída de la recaudación sobre los erarios provinciales. A través del decreto 352/20 se redestinaron recursos para mejorar los aportes del Tesoro a las jurisdicciones provinciales y para fortalecer el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Básicamente, $60.000 millones se orientaron al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional para las Jurisdicciones Provinciales y $60.000 millones, a fortalecer el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

Para mitigar el impacto económico de la pandemia, el Gobierno nacional -enfatizó el CEPA- también aplicó "Programas de Asistencia al Trabajo y la Producción, el Ingreso Familiar de Emergencia, refuerzos de las tarjetas alimentarias, asignaciones familiares, asignaciones universales por hijo y de los haberes jubilatorios, además de los créditos a tasa cero y tasa del 24% ascienden a $410.276 millones".

El estudio señala además que "el contexto económico argentino en la etapa pre COVID-19 ya era complejo" y que "en estas circunstancias, la recaudación de los niveles nacionales, provinciales y municipales se ha visto sensiblemente afectada, tanto por la reducción del monto de impuestos y tasas derivado de la inactividad, como por el atraso en el pago de los mismos", frente a lo que el Gobierno resolvió aplicar las medidas de apoyo apuntadas.

El estudio del CEPA señaló que "la caída, en términos reales, de los recursos de Coparticipación para el conjunto de provincias alcanzó, en julio, 14,5%. En la sucesión de meses que van de marzo a mayo es posible observar el efecto in crescendo de la pandemia sobre la recaudación: -11,4% en marzo, -17,9% en abril, -25,8% en mayo. Junio y julio muestran una marcada desaceleración, con una reducción de la caída:-11,6% en junio y 14,5%".

También puntualizó que "la diferencia es similar si se considera el promedio simple de la evolución real de las transferencias para cada provincias (-11,5% en marzo, -18,7% en abril, -26,1% en mayo, -12,3% en junio y -14,6% en julio)".

Al considerar la situación provincia por provincia, es posible distinguir que la pérdida en términos reales de las transferencias por Coparticipación tiene en sus extremos a Neuquén, con una caída de 11,8% y nuevamente Santa Fe (tal como el mes anterior), con una contracción de 18,5%, en un escenario donde todas las provincias superan el 10% de caída real.

Respecto del efecto sobre los tributos, el estudio remarcó que "la evolución del IVA en términos reales resulta un termómetro preciso del desempeño del consumo en dicho mes. En el caso del Impuesto a las Ganancias, la caída en julio alcanzaría 24,5%, cercano a los guarismos estimado en abril de 2020 (-27,4%) y mayo (24,9%)".

El proyecto obtuvo el respaldo de todos los bloques de la Cámara alta y será girada a Diputados para su sanción definitiva.

Entre otras cuestiones, el proyecto destaca que la capacidad de repago de la Argentina "está relacionada tanto con el crecimiento sostenible a largo plazo -condición que a su vez depende de la capacidad de la economía de expandir la producción de bienes comerciables-, como con los compromisos que se han asumido en la oferta realizada para la reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley extranjera".

"De igual modo -añade el texto- el volumen de deuda y la tasa de interés promedio que surge de la reestructuración, en uno y otro caso, es compatible con el sendero de superávits primarios que se plantean en el escenario, de manera que en el largo plazo las relaciones de deuda a producto de la economía se estabilicen, garantizando la sostenibilidad".

Según un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, el proyecto para la reestructuración de US$ 41.717 millones de títulos en dólares emitidos bajo legislación argentina implica el alivio en pagos por casi US$ 20.000 millones hasta 2030.

En total, los títulos a reestructurar equivalen al 12,9% de la deuda total del país y al 12,5% del PBI, de los cuales, aproximadamente, unos US$ 14.700 millones (35%) están en manos de tenedores privados y el resto en distintos organismos públicos (BCRA, FGS, Banco Nación, entre otros).

Durante la discusión del proyecto de ley, los legisladores del oficialismo y de la oposición se cruzaron duramente por el endeudamiento de la Argentina.

Al presentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el oficialista cordobés Carlos Caserio, dijo que la Argentina quiere “pagar, pero no con el hambre y el sufrimiento de los argentinos”.

El legislador agregó que “esta fue la última proposición a los acreedores”, la calificó como “generosa y justa” y aseguró que tenía “la convicción de que será aceptada”.

Por su parte, el senador nacional de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, afirmó que el proyecto "es importante" y otorga "tratamiento igualitario" a los tenedores locales en comparación con los bonistas que poseen tìtulos emitidos bajo ley extranjera.

"Hay dos Argentinas, lamentablemente, porque hemos expulsado mucha gente, casi 40 por ciento de la población" en situación de pobreza, expresó el senador porteño durante el debate, tras lo cual subrayó que "ya no hay más tiempo para la grieta".

Por su parte, el jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, sostuvo que apoyaba la reestructuración “sin cálculos de conveniencia”, pero advirtió que “este acompañamiento no implica dejar de advertir la demora de estos siete meses sin encontrar una salida en el manejo de la deuda”.

Finalmente, el líder del bloque del Frente de Todos, José Mayans, enfatizó que los resultados del gobierno de Mauricio Macri "están a la vista, con millones de argentinos en la pobreza".

Mayans calificó al gobierno anterior como una administración dedicada "al robo, la especulación y la usura" y dijo que "no se puede pagar con el hambre y la miseria del pueblo la especulación financiera".

“Por más presiones de minorías que haya en su afán de debilitar al gobierno, por este Congreso no va a pasar ninguna otra ley que otorgue un peso a más a nuestros acreedores poniendo en jaque la vida de los argentinos”, concluyó el jefe del bloque oficialista.

Otras 46 personas murieron y 4.192 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en el país, informó este domingo por la noche el Ministerio de Salud.

Otras 46 personas murieron y 4.192 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 2.939 los fallecidos y 162.526 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 993 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,1% en el país y del 62,9% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Un 90,76% (3.805 personas) de los infectados de hoy (4.192) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

De los 162.526 casos positivos, el 43,38% (70.518) recibió el alta.

El reporte vespertino consignó que murieron 17 hombres, 11 residentes en la provincia de Buenos Aires; dos en la Ciudad de Buenos Aires; tres en la provincia de Mendoza y uno residente en la provincia de Córdoba; y 9 mujeres; 8 en la provincia de Buenos Aires y una en la Ciudad de Buenos Aires.

El parte matutino precisó que fallecieron 10 hombres, seis en la provincia de Buenos Aires; cuatro en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y 10 mujeres; cuatro en la provincia de Buenos Aires; cinco en la Ciudad de Buenos Aires y una en la provincia de Río Negro.

Del total de infectados, 1.109 (0,7%) son importados, 48.698 (30%) contactos estrechos de casos confirmados, 84.358 (51,9%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.917 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 888; en Chaco, 66; en Chubut, 2; Córdoba, 80; en Corrientes, 2; en Entre Ríos, 21; en Jujuy, 46; en La Pampa, 7; La Rioja, 9, en Mendoza, 31; en Misiones, 2; en Neuquén, 25; en Río Negro, 18; en San Juan, 2; en Santa Cruz, 20; en Santa Fe, 41, Santiago del Estero, 1; en Tierra del Fuego, 6; y Tucumán 8.

En tanto, no hubo casos en Catamarca, Formosa, Salta, y San Luis.

El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 94.877 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 53.987; Catamarca, 60; Chaco, 3.326; Chubut, 264; Córdoba, 1.772; Corrientes, 138; Entre Ríos, 761; Formosa, 78; Jujuy, 1.435; La Pampa, 40; La Rioja, 239; Mendoza, 821; Misiones, 49; Neuquén, 1.051; Río Negro, 1.572; Salta, 239; San Juan, 21; San Luis, 19; Santa Cruz, 329; Santa Fe, 939; Santiago del Estero, 49; Tierra del Fuego, 341, y Tucumán, 119.

El Ministerio precisó que la provincia de Formosa reclasificó un caso a la provincia de Buenos Aires.

Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.

En tanto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, precisó que entre el 11 y el 25 de julio los casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) crecieron un 33,8% y en el resto del país, un 51,2%.

"En los últimos 14 días, en el país, excluyendo al AMBA, los casos pasaron de 11.232 a 16.990, un aumento de 51,2, mientras que el aumento porcentual en la región metropolitana fue de 33,8, de 105,609 casos a 141.344 casos", explicó Vizzotti durante el reporte vespertino.

Vizzotti señaló que "el desafío no es solo la región metropolitana, estamos viendo aumentos de casos en todo el país, en departamentos donde no se habían confirmado casos", donde se registran "conglomerados y brotes a partir de personas que ingresan a esos lugares".

Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, explicó que "ya hay más de 15.000 voluntarios anotados" para someterse a pruebas de la vacuna de coronavirus y adelantó que "en los primeros días de agosto" podría darse inicio a ese proceso.

Además, detalló los ejes para "poner el país de pie" luego de la pandemia y consideró -en diálogo con Radio Rivadavia- "descartada" la idea de que "la inflación" esté "atada a la emisión".

Por un lado, Rossi advirtió el "fortalecimiento del consumo y con eso del mercado interno", lo que atribuyó al papel del Estado, y por otro, la necesidad de que el país mejore su "perfil exportador", lo que colocó en manos de la inversión privada.

"Con eso vamos a poner la Argentina de pie", subrayó Rossi, quien añadió que después quedará "un debate más profundo, que es no solamente cómo se hace para crecer económicamente, sino cómo Argentina inicia un proceso de desarrollo económico en el tiempo sobre bases firmes".

En tanto, la empresa farmacéutica estadounidense Moderna informó que comenzará mañana la fase 3 del ensayo de su vacuna experimental contra el nuevo coronavirus luego de conseguir doblar la financiación gubernamental del fármaco hasta 955 millones de dólares.

A nivel global, la pandemia de coronavirus superó hoy los 16 millones de contagios y se aproximaba a los 650.000 muertos según el recuento global que realiza la universidad estadounidense Johns Hopkins (JHU), mientras España sufre los efectos sociales y económicos de los rebrotes, que también preocupan al resto de Europa, y siguen en alza las cifras en Irán, Rusia y la India, además de África y el continente americano.

En concreto, el balance de la JHU fijaba la cantidad de casos en 16.133.849 personas y en 646.837 los decesos.

Los primeros dos países en la tabla de contagios y fallecimientos son Estados Unidos, con 4.212.057 y 146.732, respectivamente, y Brasil, con 2.394.513 y 86.449. Luego, en casos confirmados continúan India, Rusia, y Sudáfrica, y en cantidad de muertes, Reino Unido, México e Italia.

El ascenso de infecciones de la Covid-19 en Bélgica, que saltó un 71% en la última semana y en su mayoría al norte del país, en la provincia de Amberes, preocupa al Gobierno local.

Asimismo, India reportó 48.661 en las últimas 24 horas y 705 nuevas muertes. El Gobierno de Rusia confirmó hoy 5.756 nuevos contagios, la mayoría de ellos en Moscú, y 77 muertes, lo que sitúa los totales en 812.485 y 13.269, respectivamente, según informó la agencia rusa de noticias TASS.

En Irán, la detección de 2.333 enfermos y 216 víctimas mortales en las últimas 24 horas marca un fuerte repunte en el país tras el inicio del proceso de desconfinamiento y sitúa los totales en 291.172 y 15.700, respectivamente.

Mientras tanto, en México las iglesias católicas abrieron hoy sus puertas a los fieles para volver a celebrar, tras varios meses, misas presenciales.

En Chile, el tercer país con más casos en la región después de Brasil y Perú, celebró que los contagios bajaron un 29% en los últimos 14 días al brindar el informe diario, que incluyó 2.198 nuevos positivos y 92 decesos, que eleva las cifras totales a 345.790 y 9.112, respectivamente.

En el vecino Bolivia, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, informó hoy que dio positivo en un examen de coronavirus, por lo que ya eran 12 los altos funcionarios del Gobierno de facto contagiados, incluida la presidenta Jeanine Áñez.

Bolivia acumulaba 68.281 casos confirmados, de los cuales 2.535 personas fallecieron y 20.951 ya se curaron, según el último balance oficial, divulgado anoche.

En Perú, otro país muy castigado por la pandemia (el tercero en Sudamérica en cantidad de positivos), el Ministerio de Salud informó hoy que 2.700.707 personas en Lima y Callao estarían contagiadas, lo cual representa el 25,3% de la población de estas regiones.

Ecuador llegó hoy a 80.694 contagios, es decir 658 casos más que ayer, según el balance oficial que da cuenta, además, de 8.954 muertes, mientras que Quito se mantiene como epicentro del país de la pandemia y atraviesa un colapso sanitario.

Así lo consideró el jefe de Gabinete, en un artículo publicado en la revista Anfibia. "Lo curioso es que quienes hoy envenenan de odio las pantallas de televisión, los titulares de los periódicos, las redes sociales y los discursos políticos eran ayer nomás los abanderados de la no confrontación", subrayó.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, consideró que existe en Argentina "un discurso de odio que ataca a las mayorías" y señaló que “lo curioso es que quienes hoy envenenan de odio las pantallas de televisión, los titulares de los periódicos, las redes sociales y los discursos políticos eran ayer nomás los abanderados de la no confrontación, de la neutralización del conflicto político”.

En un artículo publicado en la revista digital Anfibia, titulado "Intensidades Peligrosas", el funcionario comenzó citando a la canciller alemana, Angela Merkel, quien sostuvo recientemente que “hay fricciones en nuestra sociedad que nos tienen que inquietar”.

La dirigente se refería a un tipo de discurso público que propaga el odio, el desprecio, que hiere la dignidad de otras personas, y que -según Cafiero- los alemanes no están dispuestos a tolerar en función de la historia que vivieron en el Siglo XX con el nazismo.

“Crece en el mundo y muy particularmente entre nosotros un irracionalismo que no siente pudor por la propia ignorancia, que mediante el golpe de efecto busca la demolición del oponente, de la misma manera que pretende, de hecho o de derecho, eliminar al diferente. Oponentes y diferentes se vuelven la encarnación del mal, seres inferiores, tumores sociales, un auténtico aluvión zoológico predestinado al crimen o al desfalco”, indicó Cafiero.

"El discurso del odio por lo general apunta a minorías. La particularidad de la Argentina es que se ensaña con las mayorías. Por ejemplo, las mujeres. Desde un antifeminismo sutil o desde el más brutal machismo justificador. O los trabajadores, tanto cuando reivindican sus derechos como cuando, precarizados laboralmente, se han visto marginados económica, social, cultural y ahora se pretende que también lo sean políticamente", describió.                                  

En otro pasaje, el Jefe de Gabinete describió: “Ese discurso del odio es utilizado para acosar, segregar, justificar la violencia o la privación del ejercicio de derechos, multiplicando un ambiente de prejuicios e intolerancia que trasciende la palabra y recarga prácticas igualmente hostiles”.

Crece en el mundo y muy particularmente entre nosotros un irracionalismo que no siente pudor por la propia ignorancia, que mediante el golpe de efecto busca la demolición del oponente”

Con respecto a la disputa política, el funcionario subrayó que "oponentes y diferentes se vuelven la encarnación del mal, seres inferiores, tumores sociales, un auténtico aluvión zoológico predestinado al crimen o al desfalco".

Y en ese sentido, enfatizó: "Lo curioso es que quienes hoy envenenan de odio las pantallas de televisión, los titulares de los periódicos, las redes sociales y los discursos políticos eran ayer nomás los abanderados de la no confrontación, de la neutralización del conflicto político, del balsámico lenguaje de la buena onda".

"Al parecer, ya no se trata de la angelical política sin adversario con que se negaba la puja entre diferentes intereses, mediante el simple recurso de directamente negar la existencia de cualquier otro interés que no fuera el propio", recalcó.

“La disputa política es parte del juego democrático. Los y las militantes no le tememos a nuestros detractores. Somos conscientes de que los argentinos y las argentinas no necesitan gobernantes que se victimicen sino que sean capaces de enfrentar la adversidad con coraje y determinación”, reflexionó.

Los y las militantes no le tememos a nuestros detractores. Somos conscientes de que los argentinos y las argentinas no necesitan gobernantes que se victimicen sino que sean capaces de enfrentar la adversidad con coraje y determinación”

Más adelante, el funcionario remitió al filósofo español Miguel de Unamuno, cuando en una oportunidad se refirió a los militares españoles que se habían sublevado contra la República Española al grito de "Viva la Muerte".

“Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha, razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España”, escribió Cafiero, citando al filósofo.

"El 'Viva la muerte' de nuestros mutilados morales consiste, en medio de una pandemia que cuesta horrores controlar, que ha colapsado los más avanzados sistemas de salud del mundo, que librada a sí misma podría acabar con las vidas de cientos de miles de compatriotas, careciendo de la menor noción en la materia su repelente paradoja consiste en negar los conocimientos, juicios, consejos y recomendaciones de nuestros mejores médicos, científicos y científicas tan sólo porque el Presidente las hace suyas, por el mero reflejo de oponerse sistemáticamente, más allá de toda lógica y razón", agregó Cafiero.

"¿Será inútil pedirles que piensen en Argentina, que tengan un poco de amor y piedad por el pueblo argentino?", se preguntó el Jefe de Gabinete, al concluir el artículo.

El editorial de Roberto Navarro en El Destape Radio. El ex presidente, desesperado, le mandó pedir a Alberto Fernández que lo ayude a salvarse de la cárcel. Carrió comprometida en el armado de causas.

Por Roberto Navarro|Desde hace más de una década la guerra mediático-judicial que llaman lawfare desplazó a la política como forma de acumulación de poder y de proyecto político.

Los golpes blandos a Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Roussef en Brasil, los intentos de golpe a Rafael Correa en Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela, el encarcelamiento para evitar que participe en elecciones de Lula, el golpe a Evo Morales, la reciente proscripción del partido de Correa y el inicio del intento de proscripción al partido de Evo, más todo lo que conocemos contra los dirigentes populares en Argentina revelan que el poder no se disputa en el seno de la política, sino en los canales de televisión y los juzgados.

Buena parte de la sociedad, al menos la mitad de los argentinos, aún cree que todas las acusaciones contra los dirigentes argentinos son ciertas. En esas condiciones es muy difícil impulsar un proyecto de desarrollo con distribución del ingreso; es muy difícil tener un país en paz. Tampoco se podrá sacar a la luz los negociados del clan Macri que se escondieron en la persecución ni el rol imprescindible de Elisa Carrió en el armado de causas.

El ex presiente utilizó a su primo Jorge Macri para pedirle al gobierno que presione a la justicia para no ir preso. Le preocupan las causas del Correo Argentino, parques eólicos y peajes (por la que ya hay varios funcionarios de primera línea de Cambiemos procesados, incluidos Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne). No es difícil que la población sepa la verdad si se tienen los medios para informarla.

*Si Boudou es culpable, ¿porque necesitaron comprarle un hotel a Vanderbroele para que declare en su contra y por qué tuvieron que pagarle al juez Pablo Bertuzzi un ascenso de juez de tribunal a juez de la Cámara Federal de Comodoro Py?

*¿Por qué si Alejandra Gils Carbó era culpable tuvieron que armarle una causa con dos sobres que tiraron bajo la puerta del fiscal Eduardo Taiano y además tuvieron que perseguir a sus hijas para presionarla para que renunciara?

*¿Si Cristina Kirchner era culpable por qué tuvieron que buscar un chofer que escribiera unos cuadernos que tuvieron que desaparecer porque no aguantaban una pericia y armar una causa con el fiscal Carlos Stornelli, del que hay escuchas y mensajes de WhatsApp que lo incriminan?

*¿Si Cristina es culpable por qué necesitaron que de 10 causas 9 cayeran en Claudio Bonadio?

El Ejecutivo prepara un paquete de 60 medidas para incentivar la recuperación económica tras la emergencia sanitaria por el coronavirus. Los detalles.

Por Fernando Ramírez|Para enfrentar la pospandemia y reactivar la economía, el Gobierno nacional impulsa la conformación de polos locales por fuera de los grandes aglomerados urbanos y la utilización de tierras estatales para la producción industrial y agraria, así como la construcción de viviendas a través del programa Procrear.

La iniciativa se enmarca dentro del Plan Nacional de Suelos y que, junto al Procrear y otros proyectos, fue analizado esta semana durante una reunión multiministerial que se realizó en la Casa Rosada, en la que quedó conformado el Gabinete de Tierras, encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Las herramientas forman parte de las 60 medidas para la pospandemia que anticipó ayer el presidente Alberto Fernández para "ir abandonando la etapa de la emergencia y pasar hacia la de la recuperación", según precisó hoy Cafiero.

"Tenemos expectativa de que la recuperación venga pronto, pero sin descuidar la lucha contra pandemia", dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a las radios 10 y Del Plata, en las que indicó que en los próximos días el Presidente "hará una presentación general" de las medidas, que "sirva de disparador para que cada área de gobierno lleve adelante la parte del programa que le toca".

En materia de tierras y viviendas, esta semana, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa -que integra ese gabinete- ya adelantó que se busca una "descentralización territorial y un país más equilibrado".

En este marco, Bielsa anticipó que la semana próxima el Presidente anunciará una nueva etapa del plan Procrear -de acceso a la vivienda y generación de empleo-, que se complementará con el Plan de Suelos, y busca terminar con la dicotomía que existe en muchos lugares donde "el suelo es más caro que la casa".

El Plan Nacional de Suelos alcanzará a todo el país con el objetivo de "la generación de lotes con servicios para ampliar el acceso al suelo urbanizado", a través de "bancos de tierras públicas, privadas, gremiales o de asociaciones profesionales", para que "la tierra no sea un limitante para poder acceder a la vivienda".

Para esto, Bilesa anticipó que su cartera "formalizará relaciones con las provincias y municipios para que se puedan crear bancos de tierra urbanizada y se facilite el acceso a la vivienda".

Otro de los funcionarios que conforman el gabinete de Tierras, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, explicó a Télam que el proyecto apunta a asignar tierras para -por ejemplo- la construcción de escuelas y jardines de infantes, aunque agregó que también habrá modelos de "desarrollo privado", que incluyen la radicación de emprendimientos privados utilizando tierras públicas.

La idea -según explicó- es "la articulación pública-privada" en esos casos, que se resolverá como "una locación temporaria o con carácter de transferencia de la propiedad".

Entre estos proyectos, se analiza la posibilidad de que "se asignen tierras del Estado a sectores relacionados con la agricultura familiar y las pequeñas y a las medianas empresas".

"Existen en muchos casos emprendimientos que tienen limitada su capacidad de expansión o su posibilidades de continuidad por no disponer de tierras propias", dijo Basterra.

Esta situación se da particularmente en las "áreas peri urbanas, donde hay una disputa también por la relocalización de viviendas, lo que lleva a que la renta de la tierra adquiera valores muy altos que muchas veces hacen inviable la producción de frutas y hortalizas en general".

Del plan participa también la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), cuyo titular, Martín Cosentino, precisó a esta agencia que la idea es "aprovechar los terrenos del Estado" y también "salir de los grandes conglomerados" como parte de las medidas pospandemia en las que trabaja el Gobierno.

"La idea es establecer políticas públicas de producción y empleo, en el marco del plan de reactivación post pandemia", completó Cosentino.

En este sentido, dijo que se propiciaría de esta forma "la radicación de industrias transformadoras de esa materia prima en parques industriales".

El funcionario explicó que "cada una de las propiedades de las que dispone el Estado nacional está bajo análisis", con la idea de ir definiendo qué emprendimiento para qué lugar con el objetivo de "contribuir al ordenamiento territorial que demanda el país".

Al respecto, Basterra puntualizó que este reordenamiento permitirá "en algunos casos desconcentrar núcleos poblacionales que tienen problemas de hacinamiento" y "en otros darle más oportunidades al sector productivo para el acceso a tierras para producciones de caracerísticas intensivas y con especial énfasis en agricultores familiares de pequeños y medianos productores".

En el marco del Gabinete de Tierra, "se está haciendo un relevamiento ajustado de las propiedades que tiene el Estado nacional para, a partir de ahí, evaluar su potencialidad para los distintos destinos y estos destinos dependiendo de las propiedades de que se trate", explicó Basterra.

Al respecto, el ministro remarcó que el Gabinete de Tierras "va a funcionar regularmente" y que el titular de la AABE será el encargo de llevar la agenda de reuniones del equipo de infraestructura para construcciones educativas, soluciones habitacionales, parques industriales y producción agropecuaria, en tanto que Desarrollo Social hará su parte para el apoyo de infraesctructura social.

Los integrantes de este gabinete, además de Bielsa, Basterra y Cosentino, son el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; la titular de Anses, Fernanda Raverta, y el titular de la Unidad de gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Productivo, Alejandro Sehtman y Cavo.

El grupo de voluntarios estará abocado a reforzar el trabajo de los profesionales de las terapias intensivas, los servicios de clínicas médicas y el sector de enfermería.

El Ministerio de Salud de la Nación envió a la provincia de Jujuy un contingente de 15 especialistas conformados por siete médicos, cinco de ellos terapistas, tres kinesiólogos respiratorios y cinco enfermeros para fortalecer la respuesta del sistema sanitario jujeño ante el creciente número de casos de coronavirus, se informó hoy.

El equipo de salud voluntario, de los cuales siete ya se encuentran en la provincia, estará abocado a reforzar el trabajo de los profesionales de las terapias intensivas, los servicios de clínicas médicas y el sector de enfermería.

En Jujuy, por su parte, el tema había sido anunciado por el gobernador Gerardo Morales, quien explicó -luego de recorrer las localidades Libertador General San Martín, Calilegua y Fraile Pintado, sindicadas como zonas rojas de coronavirus- que este equipo servirá “para intercambiar experiencias, conocimientos y fortalecer las diversas áreas sanitarias”.

La provincia transita uno de los momentos más críticos desde el inicio de la pandemia con un panorama creciente de casos de coronavirus reportados, superando los 2.000 en los últimos días.

Morales explicó, en relación a las medidas restrictivas adoptadas en Jujuy desde el 22 de julio, al retornar a la Fase 1 de aislamiento social, que en los próximos días “vamos a poder ver el impacto de las medidas que tomamos”, y llamó a continuar adoptando las medidas de prevención “para detener el avance de esta enfermedad”.

María Alejandra Montegro, una de las voluntarias, es médica especialista en terapia intensiva, viene de inaugurar una terapia intensiva con 11 camas en Baradero, y contó que “el voluntariado es el sueño de mi vida”.

Sostuvo que para ella “las guerras y las pestes sacan, también, lo mejor de los seres humanos. Estoy eternamente agradecida por haber llegado a este lugar. Siempre me gustó la parte social y el cuidado de las personas”.

El médico generalista Mariano Lozza, antes de abordar el avión, explicó que “los médicos generalistas trabajamos siempre con promotores de salud, queremos ver cómo podemos ayudar”.

También reconoció que “es un momento muy emocionante venir acá, escuchar el ruido del motor del Hércules y aportar en otro lado lo que uno desarrolló en la parte profesional”.

La médica voluntaria Rocío Hernández aseguró, por su parte, que para ella “es una gran experiencia porque es seguir apostando por una Argentina mejor”.

Los profesionales serán coordinados por la subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización, Judit Díaz Bazán; por el director nacional de Talento Humano, Pedro Silberman; por Victoria Enríquez, de la Dirección de Enfermería del Ministerio de Salud, y por la coordinadora de Políticas de Recursos Humanos, Florencia Montes Páez.

Los voluntarios fueron seleccionados del registro elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, que comenzó con la inscripción en el mes de abril y desde entonces fueron convocando a los profesionales registrados para conformar grupos de refuerzo en diferentes jurisdicciones del país.

Las autoridades nacionales y los voluntarios del equipo de salud fueron trasladados a Jujuy en un avión por personal de la Fuerza Aérea Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, previa escala en la provincia de Córdoba para sumar parte del personal designado.

Quince terapistas enviados por Nación se suman a la lucha contra el coronavirus en Jujuy

El grupo de voluntarios estará abocado a reforzar el trabajo de los profesionales de las terapias intensivas, los servicios de clínicas médicas y el sector de enfermería.

El Ministerio de Salud de la Nación envió a la provincia de Jujuy un contingente de 15 especialistas conformados por siete médicos, cinco de ellos terapistas, tres kinesiólogos respiratorios y cinco enfermeros para fortalecer la respuesta del sistema sanitario jujeño ante el creciente número de casos de coronavirus, se informó hoy.

El equipo de salud voluntario, de los cuales siete ya se encuentran en la provincia, estará abocado a reforzar el trabajo de los profesionales de las terapias intensivas, los servicios de clínicas médicas y el sector de enfermería.

En Jujuy, por su parte, el tema había sido anunciado por el gobernador Gerardo Morales, quien explicó -luego de recorrer las localidades Libertador General San Martín, Calilegua y Fraile Pintado, sindicadas como zonas rojas de coronavirus- que este equipo servirá “para intercambiar experiencias, conocimientos y fortalecer las diversas áreas sanitarias”.

La provincia transita uno de los momentos más críticos desde el inicio de la pandemia con un panorama creciente de casos de coronavirus reportados, superando los 2.000 en los últimos días.

Morales explicó, en relación a las medidas restrictivas adoptadas en Jujuy desde el 22 de julio, al retornar a la Fase 1 de aislamiento social, que en los próximos días “vamos a poder ver el impacto de las medidas que tomamos”, y llamó a continuar adoptando las medidas de prevención “para detener el avance de esta enfermedad”.

María Alejandra Montegro, una de las voluntarias, es médica especialista en terapia intensiva, viene de inaugurar una terapia intensiva con 11 camas en Baradero, y contó que “el voluntariado es el sueño de mi vida”.

Sostuvo que para ella “las guerras y las pestes sacan, también, lo mejor de los seres humanos. Estoy eternamente agradecida por haber llegado a este lugar. Siempre me gustó la parte social y el cuidado de las personas”.

El médico generalista Mariano Lozza, antes de abordar el avión, explicó que “los médicos generalistas trabajamos siempre con promotores de salud, queremos ver cómo podemos ayudar”.

También reconoció que “es un momento muy emocionante venir acá, escuchar el ruido del motor del Hércules y aportar en otro lado lo que uno desarrolló en la parte profesional”.

La médica voluntaria Rocío Hernández aseguró, por su parte, que para ella “es una gran experiencia porque es seguir apostando por una Argentina mejor”.

Los profesionales serán coordinados por la subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización, Judit Díaz Bazán; por el director nacional de Talento Humano, Pedro Silberman; por Victoria Enríquez, de la Dirección de Enfermería del Ministerio de Salud, y por la coordinadora de Políticas de Recursos Humanos, Florencia Montes Páez.

Los voluntarios fueron seleccionados del registro elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, que comenzó con la inscripción en el mes de abril y desde entonces fueron convocando a los profesionales registrados para conformar grupos de refuerzo en diferentes jurisdicciones del país.

Las autoridades nacionales y los voluntarios del equipo de salud fueron trasladados a Jujuy en un avión por personal de la Fuerza Aérea Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, previa escala en la provincia de Córdoba para sumar parte del personal designado.

Dentro de los principales puntos de la reforma se encuentran el reordenamiento del fuero federal, la puesta en marcha del sistema acusatorio y la conformación de un Consejo Consultivo.

El presidente Alberto Fernández presentará hoy el proyecto de ley de Reforma de la Justicia, que unificará y duplicará los juzgados federales y designará un consejo de notables para que asesoren al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema.

El anuncio y los lineamientos generales del proyecto de ley serán anunciados, a las 16, en la Casa Rosada por el jefe de Estado, junto a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y legisladores nacionales invitados especialmente para asistir de manera remota.

La reforma tenía fecha de presentación para el lunes pasado pero el trabajo sobre el diseño legislativo de la propuesta, realizado por el mismo Fernández y Losardo, junto a el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, reprogramó el acto oficial para hoy.

Fernández explicará las líneas centrales del anuncio, con el listado de los once miembros del Consejo Consultivo ya difundido: Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battainiy Omar Palermo.

Los once juristas, especializados en distintas ramas del Derecho, asesorarán al Presidente en aspectos claves del servicio judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura o la implementación del sistema acusatorio, entre otros temas.

La reforma, -que, todo indica, podría ser enviada esta semana por el Ejecutivo al Congreso para ser debatida- tiene por principal objetivo mejorar el fuero federal, fusionando los doce juzgados criminales con los once de penal económico y duplicando su número para dinamizar esta área judicial que se ocupa de los delitos complejos como narcotráfico, trata y corrupción, entre otros.

Uno de los asesores elegidos por el mandatario, el constitucionalista Gil Domínguez, hizo declaraciones públicas sobre la convocatoria y destacó que el cuerpo que lo tiene entre sus miembros, es "de una integración que sostiene la paridad de género, el federalismo y el equilibrio entre las especialidades".

En esa línea, señaló que tuvo una charla con el Presidente, en la que Fernández le "garantizó" que el funcionamiento de esa comisión "va a estar centrado en el debate y la deliberación, y en el pluralismo, con el juego de mayorías y minorías".

La iniciativa del Gobierno cuenta con un amplio consenso en la sociedad, según una encuesta de la consultora "Analogías", que midió el grado de aprobación a la reforma judicial y difundió que un 77 por ciento de los encuestados la considera "necesaria" y que solo un 16 por ciento la rechaza.

Fernández señalará hoy, según fuentes oficiales, la oportunidad para poner en funcionamiento el sistema de juicio por jurados, consagrado en la Constitución desde 1853, y que consiste en un tribunal popular, normalmente integrado por una docena de ciudadanos, que determina en base a las pruebas recogidas si el acusado es culpable o inocente, en tanto el juez dispone la pena.

También señalará el Presidente como uno de los pilares de la propuesta oficial que se implemente el sistema acusatorio, aprobado ya en el Congreso, que otorga un mayor protagonismo al fiscal en los procesos penales, mientras que el juez funciona como garante del proceso.

El secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, invitó a la presentación a los legisladores de la oposición pero fuentes del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) anticiparon que es probable que rechacen la invitación por el desacuerdo entre sus filas a una hipotética ampliación de la Corte Suprema.

De hecho, y aún cuando todavía no se conocen los detalles del proyecto que presentará formalmente el Presidente, la conducción de JxC y sus bloques parlamentarios expresaron el martes su oposición a la reforma judicial que impulsa el Gobierno.

La posición de la principal fuerza opositora fue difundida a través de un comunicado, en el que además anticiparon que no aportarán los dos tercios necesarios en el Senado para una eventual sesión sobre la ampliación del número de integrantes del máximo tribunal.

La vicepresidenta destacó las declaraciones sobre la deuda externa que hizo a un programa de televisión el ministro de Economía.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó las declaraciones sobre la deuda externa que hizo a un programa de televisión el ministro de Economía, Martín Guzmán, y consideró que el funcionario fue "clarito como el agua" en sus apreciaciones.

"Martín Guzmán sobre la deuda externa. Clarito como el agua", escribió la vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter, donde adjuntó un video en el que se ve al ministro cuando hablaba sobre la deuda externa en un programa emitido anoche en Todo Noticias (TN).

"Nosotros no nos queremos pelear con nadie", dijo entonces el ministro, quien afirmó que "vinimos a resolver un problema que la economía argentina ya tenía".

"Argentina, en el año 2016 volvió a acceder al mercado de crédito internacional y empezó a endeudarse a tasas del 7 por ciento anual en dólares, cuando el mundo pagaba tasas cercanas a cero", explicó el ministro.

En ese sentido, sostuvo que "para poder pagar eso, el país tendría que haber crecido mucho", y manifestó que "los acreedores sabían que estaban tomando un riesgo".

"No hay deudor irresponsable sin acreedores irresponsables", advirtió Guzmán en sus declaraciones y dijo que "no pedimos que ellos pierdan, sino que ganen menos".

Asimismo, destacó que "lo que queremos es no comprometernos con pagos que le impidan a Argentina efectuar todas las políticas públicas que necesita para recuperarse".

"Eso es lo que un acuerdo sostenible quiere decir, un compromiso que podamos cumplir", expresó.

La gigante agroexportadora no será expropiada en los términos iniciales planeados por el Gobierno. Su relevancia estratégica.

El Presidente sorprendió hace un mes y medio cuando anunció la expropiación de Vicentin, una de las seis mayores agroexportadoras del país. Una deuda de $ 99.000 millones en default después de un vaciamiento desesperado de la compañía desde que Cambiemos perdió las elecciones. El viernes volvió a desconcertar Alberto Fernández cuando levantó el DNU que establecía la intervención previa, pero el camino deja de ser enigmático cuando se analizan los pasos seguidos. Pese a todo, el Gobierno investigará a fondo la fuga y las triangulaciones.

Vicentin reviste una importancia estratégica sin igual: con la expropiación el Estado podía contar con una cerealera testigo que le indique los volúmenes reales que tranzan las competidoras y le garantizaría las harta necesarias divisas al Banco Central. Los 2.638 acreedores, incluidos 1.895 productores de granos, tomaron posturas diferenciadas.

Tanto los dueños de la empresa cuasi centenaria enarbolaron la bandera de la defensa de la propiedad privada justamente cuando Vicentin fue quien la avasalló al negarse a pagar $ 99.000 millones, como reconstruyó en sus investigaciones Claudio Lozano, director del Banco Nación, a la que la compañía le debe U$S 300 millones.

En la campaña 2018/2019 se vendieron al exterior 97,5 millones de toneladas de granos y derivados y las primeras diez empresas concentraron el 91%. Este complejo cerealero, excesivamente concentrado, representa entre el 30% y el 40% del total de las exportaciones argentinas, estimó Lozano en su último informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP).

Si se mira al interior de las principales agroexportadoras, se destacan seis extranjeras que concentran el 69% de las ventas. Vicentín, en el sexto puesto del panel, disputa el primer lugar entre las cuatro locales, ya que concentra el 9% de las cantidades exportadas del sector, con 8,4 millones de toneladas. Por ende, “si al tomar control sobre Vicentín, el Estado impulsara una nueva sociedad de carácter público en la que compartiera la conducción con las cooperativas agropecuarias, el resultado podría ser por demás interesante”, reflexionó el economista en su reporte.

En su informe Lozano está convencido de que el Gobierno debe retomar el camino de la expropiación construyendo el consenso político. Algo que, por las peripecias que siguieron al anuncio del 8 de junio, demostró no estar garantizado.

Pero no fue sólo ese el inconveniente que llevó a dar marcha atrás con el DNU de expropiación. Según pudo reconstruir El Destape, determinantes fueron los continuos obstáculos que interpuso el juez Civil y Comercial Fabián Lorenzini, a quien acusan de jugar a favor de Vicentin, que manejó a Reconquista como feudo tanto en el expediente como en las movilizaciones en contra de la participación estatal en medio de la pandemia.

Por la denuncia penal de Comodoro Py que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita se busca dilucidar si cometió delitos el expresidente del BNA Javier González Fraga. El funcionario llevó adelante un allanamiento para acceder a los libros contables para digitalizarlos y luego reintegrarlos, lo que fue demorado 24 horas por el magistrado de Reconquista, de acuerdo a lo que denunció a este medio una fuente interesada en el expediente. Esto le dio a Vicentin tiempo de sobra para sacar toda documentación incómoda si así lo hubiera querido.

La frutilla del postre, la última irregularidad del juez Lorenzini, fue entregarle 40 días hábiles adicionales a Vicentin para presentar su balance 2019. “En tanto esté en Reconquista, la causa van a manejar ellos”, apuntó el representante de uno de los mayores acreedores de la cerealera. La inclinación de la balanza fue clave para el DNU, dado que el Ejecutivo mismo había quedado expuesto a Lorenzini desde el momento en que le entregó al Poder Judicial la potestad de definir si reviste o no de constitucionalidad.

A fines de junio, Lorenzini apartó a los interventores elegidos por el Presidente vía decreto y repuso al directorio de Vicentin en la administración. Esto fue duramente criticado por Fernández: "Son llamativas las conclusiones a las que llega el juez, con el que absolutamente discrepo. Es disparatado, es un dislate jurídico de magnitud. Al juez hay que explicarle que los DNU son leyes y no la voluntad del ejecutivo".

Ahora, tanto la Unidad de Información Financiera como la AFIP aunarán fuerzas para investigar el vaciamiento, la fuga y las triangulaciones de dinero en las que se apoyó Vicentin para acumular $ 99.000 millones de deuda que no puede pagar, adelantaron fuentes oficiales a este medio. No cederán entonces en garantizar una pesquisa independiente para desandar el camino de los ejecutivos que en pocos meses chocaron una empresa líder de su rubro. Esto reviste de doble importancia dado que los dueños y sociedades vinculadas de la compañía forman parte de los reclamos por $ 5.800 millones.

El resultado quizás era distinto si el Gobierno presentaba el proyecto de expropiación en el Congreso y construían los apoyos suficientes. El Gobierno puso en marcha una estrategia de expropiación tal vez sin dimensionarse que se metían en los dólares de los granos, el sector más concentrado y con mayores ganancias en moneda extranjera del país.

La exdirectora de Documentación Presidencial había sido detenida por orden del anterior juez del caso, Federico Villena, y cumplía prisión domiciliaria. El juez Juan Pablo Auge consideró que no hay riesgos procesales ni de entorpecimiento de la investigación.

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, excarceló hoy a la excoordinadora del área de Documentación de la Casa Rosada en el macrismo, Susana Martinengo, en la causa en la que está imputada por supuesto espionaje ilegal.

Martinengo tenía prisión domiciliaria tras haber sido detenida por orden del anterior juez del caso, Federico Villena, y, ahora, Auge le concedió la excarcelación al concluir que no hay riesgos procesales ni de entorpecimiento de la investigación, informaron fuentes judiciales.

La exfuncionaria es investigada en la causa por maniobras de espionaje ilegal a políticos, funcionarios, empresarios y periodistas, entre otras víctimas, que quedó a cargo de Auge luego que la Cámara Federal de La Plata apartó del caso a Villena. En la causa fue indagada al igual que otros acusados pero todavía no se resolvió su situación procesal.

Martinengo quedó imputada por reuniones con agentes de la Agencia Federal de Inteligencia que habría mantenido en su despacho de la Casa Rosada desde 2018 a principios de 2019.

El beneficio de la excarcelación se le concedió con prohibición de salida del país y retención del pasaporte.

"No se encuentran reunidos los elementos que permitan presumir de manera fundada que Susana Mabel Martinengo intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación”, concluyó Auge en su resolución.

"Nos obligaron a hacer un informe que no era real", dijo una abogada que integró la AFI durante el gobierno de Macri ante la comisión bicameral del Congreso que fiscaliza a los organismos de inteligencia.

Por Ariel Zak|Una ex integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que fue desvinculada este año, afirmó en el Congreso de la Nación que, para tapar las maniobras de espionaje ilegal al Instituto Patria durante el Gobierno de Mauricio Macri, le ordenaron elaborar "un informe que no era real".

"A nosotros nos obligaron a hacer un informe que no era real", afirmó la abogada que trabajó durante 14 años en la central de espías, al declarar esta semana ante la comisión bicameral de seguimiento y fiscalización de organismos de inteligencia.

En su declaración, de la que Télam obtuvo detalles, la mujer sostuvo que fue parte de la elaboración de esos documentos bajo la amenaza de ser despedida si no accedía a hacerlo.

Los informes -según detalló- debían hacer referencia a las posibilidades de que, en el marco de los distintos eventos internacionales que se desarrollaron en la Argentina en 2018, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner fuera blanco de algún ataque por parte de una organización extremista.

"Nos pidieron que hagamos todo lo que era el circuito interno, porque tenía que quedar prolijo", afirmó la ex agente, cuya identidad se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad, tras señalar que esos documentos serían presentados ante la justicia federal en el marco de una causa que tramitaba ante el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo del juez Federico Villena.

   Nos pidieron que hagamos todo lo que era el circuito interno, porque tenía que quedar prolijo”

   Ex agente de la AFI

Ante legisladores del oficialismo y la oposición, la abogada relató que la confección de esos documentos fue realizada bajo la supervisión y guía de una persona del área de jurídicos a la que identificó como Bernardo Miguens, otro abogado que, según le habían contado, venía de trabajar en el juzgado del fallecido juez federal Claudio Bonadio.

La ex agente relató -según pudo reconstruir Télam de varias fuentes que accedieron a la declaración- que el operativo realizado sobre el Instituto Patria -base política del kirchnerismo- en 2018 había sido dispuesto por el entonces jefe de operaciones especiales, Alan Ruiz, quien ya está procesado por espionaje ilegal.

En ese contexto, aseguró que los informes tenían que llevar la firma del entonces jefe de Contrainteligencia, Martín Coste, porque las personas y los autos que participaron del operativo pertenecían a su área, aunque aclaró en más de una oportunidad que las tareas habían sido ordenadas por Ruiz que respondía directamente a la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani.

También señaló que para tapar la situación -luego de que los autos de la AFI fueran detectados frente al Instituto Patria-, los informes debían contener también información respecto a que existía "algún tipo de amenaza, totalmente incierta" sobre otros dirigentes como el entonces presidente Mauricio Macri, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, el diputado Waldo Wolff y la ex diputada Graciela Ocaña; aunque solo le constaba que se había realizado el operativo sobre revelado en televisión.

"Me decían lo que tenía que escribir y quiénes eran los personajes. Viéndolo en retrospectiva, no solo quisieron tapar lo de Cristina, sino también lo de esta otra gente. Yo pensé que querían poner muchos nombres para que no quedara tan evidente que era solo contra ella, pero ahora veo que no", sostuvo la ex agente, a la luz del espionaje ilegal que ahora se investiga en la justicia federal de Lomas de Zamora.

El relato incluyó la amenaza de que si tanto Coste como ella no firmaban los informes que habían sido ordenados desde la conducción de la AFI de Cambiemos, la represalia sería expulsarlos de la agencia: "La Ocho te echaba como si nada. Había antecedentes", aseguró.

La ex agente también aseguró que en sus intercambios con Miguens -a quien identificó como la persona que supervisaba los avances del informe- le dijo que lo que estaban haciendo "se lo pedían de arriba" y que para ella todo se hacía para cubrir a Ruiz y a Dario Biorci -cuñado y ex jefe de Gabinete de Majdalani- que era quien dentro de la AFI tenía contacto con la causa conocida como "G20" porque la llevaba el área de contraterrorismo.

Cuando los legisladores que la escuchaban le preguntaron por qué no denunció que la hicieron inventar documentos, sostuvo que en la AFI "hay más canales de castigo que canales de denuncia" y que además las áreas donde podía denunciar los hechos, como la de jurídicos, dependían "del Cinco", Gustavo Arribas, por lo que entendía que "estaba en tema".

Por el otro lado, señaló que si hubiese querido realizar una denuncia penal hubiese tenido que solicitar que le levantaran el secreto que se les impone a los agentes y ex agentes de Inteligencia por lo que dio a entender que no hubiera prosperado.

En otra parte de su exposición, la ex agente respondió a los descargos que hicieron Ruiz y Majdalani ante la justicia -de los cuales se enteró por notas de Télam y Página/12- cuando dijeron recordar que las supuestas amenazas contra la seguridad de Fernández de Kirchner provenían de comentarios vinculados a la organización conocida como Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (ITS).

"Los blancos de ITS no son figuras presidenciales; los blancos de ITS son profesores de universidad, son empresarios que tienen desarrollos tecnológicos", sostuvo en referencia a cómo se desarrolla la agrupación ecoextremista, por lo que desmintió la que hubieran podido querer atentar contra la ex mandataria.

Además, señaló que, si efectivamente hubiera habido una amenaza de atentar por ejemplo con una bomba contra el Instituto Patria o contra la ex presidenta, el trabajo de supuesta vigilancia por parte de agentes de inteligencia no hubiese servido para evitarlo porque en esos casos debe darse aviso a la justicia y a las fuerzas de seguridad.